Judicial
Doctor de hospital Zacamil es acusado de estafar con $215,000 a colega, a quien le prometía hacerlo presidente de una empresa
Un doctor del hospital Zacamil es acusado de estafar a uno de sus colegas después de prometerle hacerlo presidente de una empresa, la cual se dedicaría a la venta de insumos médicos. Pasaron los años y la víctima no observó el fruto de la inversión.
Todo comenzó en 2004 cuando el doctor Jorge D. conoció a Mario (nombre modificado por seguridad), quien era un anestesista con el cual congenió desde un inicio cuando ambos trabajaban en el hospital Zacamil. Cada día que pasaba la relación no era simplemente laboral sino personal, se habían convertido en buenos amigos hasta el punto que Jorge siempre lo llamaba como “hermano”.
En una de las pláticas el médico le dijo que tenía pensado en realizar un nuevo proyecto, pero que para esto necesitaba una persona de confianza y por lo cual le pidió a Mario que fuera socio de la empresa, pero él se negó en varias ocasiones. “Como médico debes de invertir”, le dijo Jorge con insistencia, según consta en el expediente judicial del caso.
En 2011 el Jorge y Mario se reunieron para desayunar junto con su familia. Ahí llegó su hermano, Carlos D, quien se presentó como administrador de empresas y le dijo que era presidente de MEDIS INDUSTRIES, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos y que “era una de las más exitosas”, ya que ganaba varias licitaciones en el hospital de Maternidad.
En ese mismo momento Carlos le presentó a su esposa, quien también pertenecía a la sociedad.
Los tres en ese momento le dijeron que varios doctores se habían hecho socios e incrementado sus ganancias. “¡Maestro invierta!”, exclamó Jorge, según el expediente judicial. “Con nosotros no va a perder porque somos amigos, somos hermanos”, le dijo.
Él explicó que construirían una nueva sociedad denominada “Mediclínicas Centroamérica”, donde estaría su hermano, su esposa, él y otros amigos y que no debía preocuparse, ya que su “hermano (Jorge) era bien ordenado con sus finanzas”.
“Serás el director presidente de la sociedad”, le indicó Jorge. Esas palabras terminaron de convencer a Mario, que después siete años de insistencia optó por formar parte de la sociedad.
El 30 de marzo de 2011 se reunieron para firmar la constitución de la sociedad, pero el hermano de Jorge no llegó a dicha reunión, lo cual le pareció extraño.
Sin embargo, el doctor le explicó que era parte de la estrategia porque está en otra empresa y que para seguir ganando las licitaciones no podía estar inscrito en esta nueva empresa. Después de legalizar el documento, no le dieron ninguna copia a Mario.
Las primeras entregas para inversión
El 25 de noviembre de 2011, Jorge se le acercó y le dijo que debía de entregar $25,000 como capital semilla para comenzar los trabajos en la empresa e inmediatamente se los dio. Sin embargo, el doctor le explicó que recibiría el 5% de las ganancias generadas, fue un buen comienzo y él no sospecho nada del negocio.
El expediente judicial señala que fue ya entre febrero y marzo de 2012 cuando Jorge se le acercó y le entregó, en distintas fechas, una serie de cinco cheques que sumaban $31,200 como el fruto de la primera inversión.
Sin embargo, él imputado le dijo que no los cambiara porque debía de esperar hasta el último. Mario se sentía emocionado porque había recuperado la inversión y había ganado $6,000.
Emocionado se dirigió al banco para poder cambiarlos, pero el personal de la agencia le informó que los cheques no tenían fondos por lo que no le podían entregar el dinero. Molesto por lo sucedido se reunió con sus socios, quienes en el afán de tranquilizarlo le entregaron otro cheque por $1,250.
“No estamos actuando de mala fe. Todo esto lo estamos haciendo para engordar la sociedad”, le dijo con la intensión de animarlo a seguir en el negocio. Mario le dio el beneficio de la duda y siguió con la idea de ser parte de la empresa.
Las peticiones urgentes de “capital semilla” se hacían más frecuentes y a Mario siempre le tocaba invertir con la esperanza de que dieran buenos resultados.
Los montos solicitados por Jorge ascendían desde los $20,000 a $50,000 e incluso hasta los $120,000. Ya estaba cansado de que los hermanos le pidieran dinero y lo único que recibía eran cheques sin fondos.
“Mire maestro no se preocupe lo que pasa es que el dinero lo estamos ocupando en este negocio, pero usted tranquilo. Le estoy dando cheques para su tranquilidad”, le insistió una y otra vez Jorge.
Para llevar el negocio en paz, Jorge le entregó nuevamente dos cheques: uno de $50,000 y otro por $20,000; pero siempre le sugirió no cambiarlos y le reafirmo que el dinero sí estaba dentro de las cuentas de la empresa. Mario volvió a confiar en él.
La denuncia
Ya en 2014, las cosas se fueron tornando oscuras para Mario porque todo el dinero que había invertido en dicha sociedad no estaba surgiendo efecto y su dinero se estaba acabando.
En enero de ese mismo año, Jorge le entregó otro cheque por $8,000; pero esta vez no era dinero procedente de la empresa en la que estaba inscrita sino de MEDIS INSTRIES, la empresa del hermano, lo que le pareció sospechoso. Fue al banco y nuevamente le exponen que no contaba con fondos suficientes a lo que su colega le dijo: “Es un mal entendido”.
Ya cansado del juego de los dos hermanos, decidió afrontarlos para pedirle explicaciones, pero no recibía más que excusas o simplemente lo ignoraban. “Sus empleados me decían que estaban afuera de San Salvador o en reuniones o en la aduana”, dijo molesto Mario al momento de su declaración.
Un día ambos amigos se encontraron en el hospital y se pusieron a discutir “Mire Dr. Haga lo que tenga que hacer, me tiene sin cuidado. Si me sigue jodiendo lo voy a denunciar por acoso”, le dijo Jorge ante la insistencia del hombre a quien una vez lo llamo “hermano”.
A finales del 2014, él se enteró de que el hermano de su colega, Carlos y su esposa habían sido arrestados por los delitos de estafa y falsedad material.
Mario ese mismo día se dio cuenta que por tres años él había sido una víctima por lo cual decidió interponer una denuncia en contra del doctor Jorge y su hermano por el delito de estafa. Él entregó a los dos hermanos la suma de $215,000 y ellos le entregaron $40,450 en cheques «rebotones».
Será el Tribunal Primero de Sentencia, quien determinará la responsabilidad penal de los dos hermanos que por más de tres años mantuvieron una supuesta sociedad con su colega.
Por: El Salvador Times
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
