Judicial
Diez miembros de un grupo de sicariato que operaba en Oriente son condenados a penas de hasta 494 años de prisión
Por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, agrupaciones ilícitas y encubrimiento, un grupo de sicariato recibieron penas de cárcel hasta de 494 años. La estructura estaba conformada por exsoldados y expolicías.
El grupo criminal operó entre los años 2015, 2016 y 2017 en los municipios de San Dionisio, Jiquilisco, Santa María, Mercedes Umaña y Santiago de María del departamento de Usulután; y en el municipio de Nueva Guadalupe y varias colonias de San Miguel, de acuerdo a las investigaciones realizadas por los fiscales de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio.
El grupo en mención usaba uniformes policiales y militares para simular operativos o patrullajes, en los que privaban de libertad a las víctimas y posteriormente las trasladaban a lugares desolados donde las asesinaban con arma de fuego o blanca.
Uno de sus integrantes, Edgardo Alfonso Chavarría Castillo fue sentenciado a 494 años de prisión, por 12 homicidios agravados y 2 homicidios agravados tentados.
Mientras, que David Antonio a Barrera estará en prisión los próximos 284 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
También, Noé Benigno Castillo Mejía recibió una condena de 184 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Otros de los condenados son: Douglas Daniel Valencia Nolasco a 84 años de cárcel y Hernán Quintanilla Herrera a 64 años por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Se suman a las sentencias la de Edgar Isaac Aparicio Chávez y Juan Antonio Ascencio Gómez, quienes purgarán una pena de 23 años de prisión por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
A 6 años de cárcel fueron condenados por encubrimiento y agrupaciones ilícitas: Juan José Castillo y Joel Isaac Castillo Arévalo, padre y hermano del agente policial prófugo de la justicia, Juan José Castillo Arévalo.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra Crimen Organizado de San Miguel en una vista pública que inició el 24 de abril y finalizó ayer 29 de junio con el fallo correspondiente.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
