Judicial
Diez miembros de un grupo de sicariato que operaba en Oriente son condenados a penas de hasta 494 años de prisión
Por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, agrupaciones ilícitas y encubrimiento, un grupo de sicariato recibieron penas de cárcel hasta de 494 años. La estructura estaba conformada por exsoldados y expolicías.
El grupo criminal operó entre los años 2015, 2016 y 2017 en los municipios de San Dionisio, Jiquilisco, Santa María, Mercedes Umaña y Santiago de María del departamento de Usulután; y en el municipio de Nueva Guadalupe y varias colonias de San Miguel, de acuerdo a las investigaciones realizadas por los fiscales de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio.
El grupo en mención usaba uniformes policiales y militares para simular operativos o patrullajes, en los que privaban de libertad a las víctimas y posteriormente las trasladaban a lugares desolados donde las asesinaban con arma de fuego o blanca.
Uno de sus integrantes, Edgardo Alfonso Chavarría Castillo fue sentenciado a 494 años de prisión, por 12 homicidios agravados y 2 homicidios agravados tentados.
Mientras, que David Antonio a Barrera estará en prisión los próximos 284 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
También, Noé Benigno Castillo Mejía recibió una condena de 184 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Otros de los condenados son: Douglas Daniel Valencia Nolasco a 84 años de cárcel y Hernán Quintanilla Herrera a 64 años por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Se suman a las sentencias la de Edgar Isaac Aparicio Chávez y Juan Antonio Ascencio Gómez, quienes purgarán una pena de 23 años de prisión por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
A 6 años de cárcel fueron condenados por encubrimiento y agrupaciones ilícitas: Juan José Castillo y Joel Isaac Castillo Arévalo, padre y hermano del agente policial prófugo de la justicia, Juan José Castillo Arévalo.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra Crimen Organizado de San Miguel en una vista pública que inició el 24 de abril y finalizó ayer 29 de junio con el fallo correspondiente.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
