Judicial
Diez miembros de un grupo de sicariato que operaba en Oriente son condenados a penas de hasta 494 años de prisión
Por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, agrupaciones ilícitas y encubrimiento, un grupo de sicariato recibieron penas de cárcel hasta de 494 años. La estructura estaba conformada por exsoldados y expolicías.
El grupo criminal operó entre los años 2015, 2016 y 2017 en los municipios de San Dionisio, Jiquilisco, Santa María, Mercedes Umaña y Santiago de María del departamento de Usulután; y en el municipio de Nueva Guadalupe y varias colonias de San Miguel, de acuerdo a las investigaciones realizadas por los fiscales de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio.
El grupo en mención usaba uniformes policiales y militares para simular operativos o patrullajes, en los que privaban de libertad a las víctimas y posteriormente las trasladaban a lugares desolados donde las asesinaban con arma de fuego o blanca.
Uno de sus integrantes, Edgardo Alfonso Chavarría Castillo fue sentenciado a 494 años de prisión, por 12 homicidios agravados y 2 homicidios agravados tentados.
Mientras, que David Antonio a Barrera estará en prisión los próximos 284 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
También, Noé Benigno Castillo Mejía recibió una condena de 184 años, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Otros de los condenados son: Douglas Daniel Valencia Nolasco a 84 años de cárcel y Hernán Quintanilla Herrera a 64 años por homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
Se suman a las sentencias la de Edgar Isaac Aparicio Chávez y Juan Antonio Ascencio Gómez, quienes purgarán una pena de 23 años de prisión por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
A 6 años de cárcel fueron condenados por encubrimiento y agrupaciones ilícitas: Juan José Castillo y Joel Isaac Castillo Arévalo, padre y hermano del agente policial prófugo de la justicia, Juan José Castillo Arévalo.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra Crimen Organizado de San Miguel en una vista pública que inició el 24 de abril y finalizó ayer 29 de junio con el fallo correspondiente.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
