Judicial
Condenan a pandilleros que atentaron contra la vida de policías
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los 10 y 50 años de prisión a cinco pandilleros, por los delitos de homicidio agravado tentado, en perjuicio de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y por dos casos de actos preparatorios en el delito de homicidio agravado.
Los condenados son: Carlos Eduardo Mendoza, a 50 años; Héctor Antonio Gálvez Rivas, a 40; y Arnoldo de Jesús Dubón, José Cáceres Mejía y José Luis Rodríguez Flores, a 10 años.
Según la prueba presentada por la Fiscalía, los sujetos eran miembros de una pandilla que operaba en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
Además, el testigo con criterio de oportunidad narró que el junio de 2015 se encontraba huyendo con otros pandilleros, quienes se habían desplazado hacia la finca Monterrico, ubicado en La Libertad y que estando en ese lugar recibieron una llamada para planificar un atentado en contra de los agentes policías, debido a que habían matado a un “palabrero” de la zona.
Asimismo, narró que en horas de la noche bajaron como ocho pandilleros armados hacia El Jocote, municipio de Quezaltepeque, donde tenían ubicado un patrulla policial y que al llegar al lugar empezaron a dispararle al pick up donde se encontraban los policías.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
