Judicial
Condenan a «curandero» de Soyapango que exigía sexo oral y $3,560 a víctima para sanar a un pariente
El Juzgado de Cuarto de Paz de Soyapango ordenó que la detención provisional contra Alfredo Bolaños Panameño, quien es acusado de estafa y acoso sexual.
En su relato, las víctimas explicaron a las autoridades que el sujeto les ofreció sus servicios como curandero para ayudarles a mejorar la salud de una hermana que reside en el extranjero.
Confiadas por las palabras del aquél hombre, las víctimas aseguraron que estuvieron entregándole dinero varios meses por «trabajos espirituales».
Durante cuatro meses, la cifra que le pagaron sumó $3,560; relataron las víctimas que en muchas ocasiones tuvieron que hacer préstamos para poder cubrir las exigencias del curandero, pues éste no dejaba de pedirles efectivo en cada “consulta”.
Pero las intenciones del curandero de Soyapango iban más allá de un ofrecimiento de ayuda espiritual, ya que el pasado 22 de noviembre citó a sus “clientas” para que lo esperaran a las 9:30 de la mañana en la nueva terminal de Soyapango, ubicada en el bulevar del Ejército, para que le dieran $200 más.
Según reportes judiciales, las víctimas dijeron al espiritista que no tenían cómo pagarle esa cantidad, que lo único que andaban eran apenas $20.
Bolaños Panameño intentó sacar provecho de esa situación y explicó una de las víctimas que los espíritus le habían dicho que les comunicara que a falta de dinero debían pagarle con relaciones sexuales y hasta con sexo oral.
“Exigió pagar con su cuerpo, exigió tener relaciones sexuales con la joven quien es hija de una de las víctimas de estafa, le mencionó en ese momento que los espíritus le exigían tener sexo oral”, se detalla en el reporte judicial del caso proporcionado a este medio.
Sin embargo, las víctimas no aceptaron la propuesta del curandero, y relataron a las autoridades que antes de esa propuesta el sujeto les había exigido videos con imágenes de sus partes genitales porque era la única forma como su familiar en el exterior podía sanar.
Víctima le envió videos de sus genitales
Creyendo los engaños de Panameño, una las víctimas accedió a las peticiones del sujeto y le envió imágenes de sus genitales; pero fue hasta el momento que le pidió que tuvieran relaciones sexuales cuando decidió relatar lo ocurrido al resto de familiares.
Todos estos momentos le fueron expuestos a la jueza del caso durante una audiencia; las víctimas argumentaron que lo único que querían era que la salud de su familiar residente en el extranjero mejorara y que por eso habían considerado los ofrecimientos del curandero quien les garantizó que pondría fin a todos sus males.
En ese sentido, la juzgadora decidió que el caso pasara a la etapa de instrucción, es decir, la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía; no obstante, para el curandero decretó detención provisional mientras siga procesado.
Las autoridades consideran que hay otras víctimas que tuvieron una experiencia similar con el sujeto, por lo tanto, en esta etapa de la investigación se constatará si hubo otros casos.
Mientras tanto, el curandero deberá permanecer preso en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Nota: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
