Judicial
Condenan a «curandero» de Soyapango que exigía sexo oral y $3,560 a víctima para sanar a un pariente
El Juzgado de Cuarto de Paz de Soyapango ordenó que la detención provisional contra Alfredo Bolaños Panameño, quien es acusado de estafa y acoso sexual.
En su relato, las víctimas explicaron a las autoridades que el sujeto les ofreció sus servicios como curandero para ayudarles a mejorar la salud de una hermana que reside en el extranjero.
Confiadas por las palabras del aquél hombre, las víctimas aseguraron que estuvieron entregándole dinero varios meses por «trabajos espirituales».
Durante cuatro meses, la cifra que le pagaron sumó $3,560; relataron las víctimas que en muchas ocasiones tuvieron que hacer préstamos para poder cubrir las exigencias del curandero, pues éste no dejaba de pedirles efectivo en cada “consulta”.
Pero las intenciones del curandero de Soyapango iban más allá de un ofrecimiento de ayuda espiritual, ya que el pasado 22 de noviembre citó a sus “clientas” para que lo esperaran a las 9:30 de la mañana en la nueva terminal de Soyapango, ubicada en el bulevar del Ejército, para que le dieran $200 más.
Según reportes judiciales, las víctimas dijeron al espiritista que no tenían cómo pagarle esa cantidad, que lo único que andaban eran apenas $20.
Bolaños Panameño intentó sacar provecho de esa situación y explicó una de las víctimas que los espíritus le habían dicho que les comunicara que a falta de dinero debían pagarle con relaciones sexuales y hasta con sexo oral.
“Exigió pagar con su cuerpo, exigió tener relaciones sexuales con la joven quien es hija de una de las víctimas de estafa, le mencionó en ese momento que los espíritus le exigían tener sexo oral”, se detalla en el reporte judicial del caso proporcionado a este medio.
Sin embargo, las víctimas no aceptaron la propuesta del curandero, y relataron a las autoridades que antes de esa propuesta el sujeto les había exigido videos con imágenes de sus partes genitales porque era la única forma como su familiar en el exterior podía sanar.
Víctima le envió videos de sus genitales
Creyendo los engaños de Panameño, una las víctimas accedió a las peticiones del sujeto y le envió imágenes de sus genitales; pero fue hasta el momento que le pidió que tuvieran relaciones sexuales cuando decidió relatar lo ocurrido al resto de familiares.
Todos estos momentos le fueron expuestos a la jueza del caso durante una audiencia; las víctimas argumentaron que lo único que querían era que la salud de su familiar residente en el extranjero mejorara y que por eso habían considerado los ofrecimientos del curandero quien les garantizó que pondría fin a todos sus males.
En ese sentido, la juzgadora decidió que el caso pasara a la etapa de instrucción, es decir, la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía; no obstante, para el curandero decretó detención provisional mientras siga procesado.
Las autoridades consideran que hay otras víctimas que tuvieron una experiencia similar con el sujeto, por lo tanto, en esta etapa de la investigación se constatará si hubo otros casos.
Mientras tanto, el curandero deberá permanecer preso en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Nota: El Salvador Times
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
