Judicial
Condenan a 5 años de prisión a exalcaldesas de San Sebastián Salitrillo, por el delito de retención de cuotas laborales
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a purgar una pena de 5 años de prisión las exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Blanca Estela Cortez de Lima, quienes en diferentes periodos, se apropiaron de las cuotas laborales de 18 empleados de la municipalidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) las acusaba del delito de apropiación o en perjuicio de los empleados municipales y subsidiariamente a AFP Confía, AFP Crecer y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Debido a que ambas se encontraban en libertad irrestricta, el Juez ordenó su detención provisional, por lo que ambas fueron enviadas a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se les habilita un cupo en la Cárcel de Mujeres, en Ilopango, San Salvador.
Durante el fallo, el Juez razonó que decretaba la detención provisional para ambas debido a la inminente probabilidad de fuga, debido a que ambas ya tienen una condena de 4 años de prisión por el mismo delito en otras víctimas y otros hechos.
Asimismo, respecto a la responsabilidad civil, el Juez las condenó en abstracto, dejando la posibilidad para que las víctimas entablen un juicio en un Juzgado de lo Civil.
Los hechos por los fueron procesadas ocurrieron cuando laboraban en la referida alcaldía, fungiendo como alcaldesas en diferentes períodos. Según la acusación fiscal, las condenadas habrían descontado, aproximadamente, $600 mil a los empleados municipales, pero no trasladaron a las instituciones correspondientes el dinero.
Por este mismo caso, también está siendo procesado el ex tesorero Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, quien fue separado de esta vista pública, debido a que su abogado defensor desistió de la defensa a última hora. Su proceso será del conocimiento de otro Juez de Sentencia de Santa Ana.
Fuente: Centros Judiciales.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
