Judicial
Condenan a 5 años de prisión a exalcaldesas de San Sebastián Salitrillo, por el delito de retención de cuotas laborales
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a purgar una pena de 5 años de prisión las exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Blanca Estela Cortez de Lima, quienes en diferentes periodos, se apropiaron de las cuotas laborales de 18 empleados de la municipalidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) las acusaba del delito de apropiación o en perjuicio de los empleados municipales y subsidiariamente a AFP Confía, AFP Crecer y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Debido a que ambas se encontraban en libertad irrestricta, el Juez ordenó su detención provisional, por lo que ambas fueron enviadas a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se les habilita un cupo en la Cárcel de Mujeres, en Ilopango, San Salvador.
Durante el fallo, el Juez razonó que decretaba la detención provisional para ambas debido a la inminente probabilidad de fuga, debido a que ambas ya tienen una condena de 4 años de prisión por el mismo delito en otras víctimas y otros hechos.
Asimismo, respecto a la responsabilidad civil, el Juez las condenó en abstracto, dejando la posibilidad para que las víctimas entablen un juicio en un Juzgado de lo Civil.
Los hechos por los fueron procesadas ocurrieron cuando laboraban en la referida alcaldía, fungiendo como alcaldesas en diferentes períodos. Según la acusación fiscal, las condenadas habrían descontado, aproximadamente, $600 mil a los empleados municipales, pero no trasladaron a las instituciones correspondientes el dinero.
Por este mismo caso, también está siendo procesado el ex tesorero Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, quien fue separado de esta vista pública, debido a que su abogado defensor desistió de la defensa a última hora. Su proceso será del conocimiento de otro Juez de Sentencia de Santa Ana.
Fuente: Centros Judiciales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
