Judicial
Condenados en Caso “Destape a la Corrupción” deben pagar lo adeudado al Estado, sino seguirán en prisión hasta cumplir sus penas
Tras la condena de diez años de cárcel ayer hacia el exmandatario de la República, Elías Antonio Saca y siete de sus funcionarios por actos de corrupción durante su gestión presidencial, en la que se lavaron $300,347,117.17., ahora el Estado pretende recuperar la mayoría de esos fondos.
De no devolverse dicho monto en el tiempo que ellos estén en prisión, esto se convertirá en una larga condena en libertad para los señalados en el caso «Destape de la Corrupción».
Si bien la ley establece no pagar la responsabilidad civil esto implicaría seguir en prisión, expertos en el tema señalaron que al cumplir con la pena de prisión los imputados podrán recuperar su libertad ya que los procesos civil y penal son independientes.
“Si se cumplen los diez años no hay problema, la responsabilidad civil queda viva y el estado debe perseguirla”, señaló un abogado quien dejó entrever que cada inmueble que alguno de los imputados obtenga le será incautado y tomado como pago a cuenta por la deuda que tiene.
De acuerdo a la interpretación de este letrado, el único inconveniente que generaría el no pago del dinero es que ninguno podrá optar a beneficios durante el tiempo que estén en prisión.
Es decir, los imputados no podrán buscar obtener el arresto domiciliar, libertad condicional, o recibir un indulto o conmutación de pena hasta que no paguen al Estado el dinero señalado por los jueces.
De igual manera, se ha señalado que el ministerio público puede buscar otras vías, como el proceso civil -el cual ya enfrentó Saca y Élmer Charlaix- o la extinción de dominio para hacer efectivo el monto señalado.
Sin embargo, los mismos fiscales que han acusado a Saca consideraron poco probable que el dinero regrese en su totalidad a las arcas del Estado.
Según el detalle, Saca deberá devolver $260,732,171.64; Charlaix $15 millones; Julio Rank $8,381,130.39, César Funes $886,697.97; Jorge Alberto Herrera Castellanos, $3 millones; Francisco Rodríguez Arteaga $7 millones; Pablo Gómez $5 millones.
La defensa de los siete procesados señaló que van a apelar la decisión en cuanto a la responsabilidad civil debido a que consideran que sus clientes no cuentan con el dinero para pagar.
Por: El Salvador Times.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
