Judicial
Condenados en Caso “Destape a la Corrupción” deben pagar lo adeudado al Estado, sino seguirán en prisión hasta cumplir sus penas
Tras la condena de diez años de cárcel ayer hacia el exmandatario de la República, Elías Antonio Saca y siete de sus funcionarios por actos de corrupción durante su gestión presidencial, en la que se lavaron $300,347,117.17., ahora el Estado pretende recuperar la mayoría de esos fondos.
De no devolverse dicho monto en el tiempo que ellos estén en prisión, esto se convertirá en una larga condena en libertad para los señalados en el caso «Destape de la Corrupción».
Si bien la ley establece no pagar la responsabilidad civil esto implicaría seguir en prisión, expertos en el tema señalaron que al cumplir con la pena de prisión los imputados podrán recuperar su libertad ya que los procesos civil y penal son independientes.
“Si se cumplen los diez años no hay problema, la responsabilidad civil queda viva y el estado debe perseguirla”, señaló un abogado quien dejó entrever que cada inmueble que alguno de los imputados obtenga le será incautado y tomado como pago a cuenta por la deuda que tiene.
De acuerdo a la interpretación de este letrado, el único inconveniente que generaría el no pago del dinero es que ninguno podrá optar a beneficios durante el tiempo que estén en prisión.
Es decir, los imputados no podrán buscar obtener el arresto domiciliar, libertad condicional, o recibir un indulto o conmutación de pena hasta que no paguen al Estado el dinero señalado por los jueces.
De igual manera, se ha señalado que el ministerio público puede buscar otras vías, como el proceso civil -el cual ya enfrentó Saca y Élmer Charlaix- o la extinción de dominio para hacer efectivo el monto señalado.
Sin embargo, los mismos fiscales que han acusado a Saca consideraron poco probable que el dinero regrese en su totalidad a las arcas del Estado.
Según el detalle, Saca deberá devolver $260,732,171.64; Charlaix $15 millones; Julio Rank $8,381,130.39, César Funes $886,697.97; Jorge Alberto Herrera Castellanos, $3 millones; Francisco Rodríguez Arteaga $7 millones; Pablo Gómez $5 millones.
La defensa de los siete procesados señaló que van a apelar la decisión en cuanto a la responsabilidad civil debido a que consideran que sus clientes no cuentan con el dinero para pagar.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
