Judicial
Ciudadanos interponen demanda ante la Sala por convocatoria del presidente Bukele a sesión extraordinaria
Dos ciudadanos interpusieron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo y contra el llamado a la insurrección que hizo a través de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele.
En la demanda, los ciudadanos Ruth López y Luis Portillo piden suspender la convocatoria del Consejo de Ministros y cualquier otra que comprenda aprobación de préstamos.
La demanda fue interpuesta contra el punto 4 de la sesión número 2 del 6 de febrero de 2020 del Consejo de Ministros, que convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el 9 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo para someter a votación el dictamen 278, el préstamo para la fase III del Plan Control Territorial.
A juicio de los demandantes, la aprobación de préstamos compete a la Asamblea Legislativa. En tal sentido, en su demanda piden a la Sala emita una medida cautelar en contra de la convocatoria a la sesión extraordinaria hecha para este domingo por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Por su parte, el gabinete de seguridad y ministro de Hacienda aseguran que ya han dado las explicaciones pertinentes ante los diputados respecto al crédito. La situación ha generado una pugna de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y la Fuerza Armada y PNC han respaldado al presidente, quien mantiene la posición que la Asamblea sesione este domingo a las 3 de la tarde para aprobar el crédito.
El congreso definió en sesión del jueves pasado que el único que puede convocar a plenaria es el presidente del órgano legislativo, no el presidente de la República, y convocó a la comisión de Hacienda a sesionar este lunes para estudiar el crédito y someterlo a votación el jueves de esta semana.
Ante este panorama, los ciudadanos demandantes señalan en su escrito que Bukele «ha puesto en riesgo el orden constitucional» por lo que pidieron a los magistrados de la Sala que dé una interpretación final sobre la disposición constitucional «para dotar al sistema de estabilidad».
Hasta esta mañana de domingo, la Sala no se ha pronunciado al respecto, y se mantiene la convocatoria del presidente para que se realice la plenaria esta misma tarde. Las fracciones mayoritarias de ARENA y FMLN adelantaron que no acudirán al llamado, mientras que GANA y PCN dijeron estarán presentes en el pleno.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
