Judicial
Ciudadanos interponen demanda ante la Sala por convocatoria del presidente Bukele a sesión extraordinaria
Dos ciudadanos interpusieron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo y contra el llamado a la insurrección que hizo a través de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele.
En la demanda, los ciudadanos Ruth López y Luis Portillo piden suspender la convocatoria del Consejo de Ministros y cualquier otra que comprenda aprobación de préstamos.
La demanda fue interpuesta contra el punto 4 de la sesión número 2 del 6 de febrero de 2020 del Consejo de Ministros, que convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el 9 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo para someter a votación el dictamen 278, el préstamo para la fase III del Plan Control Territorial.
A juicio de los demandantes, la aprobación de préstamos compete a la Asamblea Legislativa. En tal sentido, en su demanda piden a la Sala emita una medida cautelar en contra de la convocatoria a la sesión extraordinaria hecha para este domingo por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Por su parte, el gabinete de seguridad y ministro de Hacienda aseguran que ya han dado las explicaciones pertinentes ante los diputados respecto al crédito. La situación ha generado una pugna de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y la Fuerza Armada y PNC han respaldado al presidente, quien mantiene la posición que la Asamblea sesione este domingo a las 3 de la tarde para aprobar el crédito.
El congreso definió en sesión del jueves pasado que el único que puede convocar a plenaria es el presidente del órgano legislativo, no el presidente de la República, y convocó a la comisión de Hacienda a sesionar este lunes para estudiar el crédito y someterlo a votación el jueves de esta semana.
Ante este panorama, los ciudadanos demandantes señalan en su escrito que Bukele «ha puesto en riesgo el orden constitucional» por lo que pidieron a los magistrados de la Sala que dé una interpretación final sobre la disposición constitucional «para dotar al sistema de estabilidad».
Hasta esta mañana de domingo, la Sala no se ha pronunciado al respecto, y se mantiene la convocatoria del presidente para que se realice la plenaria esta misma tarde. Las fracciones mayoritarias de ARENA y FMLN adelantaron que no acudirán al llamado, mientras que GANA y PCN dijeron estarán presentes en el pleno.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres
Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango
Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.
