Judicial
Ciudadanos interponen demanda ante la Sala por convocatoria del presidente Bukele a sesión extraordinaria
Dos ciudadanos interpusieron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo y contra el llamado a la insurrección que hizo a través de Twitter el presidente de la República, Nayib Bukele.
En la demanda, los ciudadanos Ruth López y Luis Portillo piden suspender la convocatoria del Consejo de Ministros y cualquier otra que comprenda aprobación de préstamos.
La demanda fue interpuesta contra el punto 4 de la sesión número 2 del 6 de febrero de 2020 del Consejo de Ministros, que convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el 9 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo para someter a votación el dictamen 278, el préstamo para la fase III del Plan Control Territorial.
A juicio de los demandantes, la aprobación de préstamos compete a la Asamblea Legislativa. En tal sentido, en su demanda piden a la Sala emita una medida cautelar en contra de la convocatoria a la sesión extraordinaria hecha para este domingo por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Por su parte, el gabinete de seguridad y ministro de Hacienda aseguran que ya han dado las explicaciones pertinentes ante los diputados respecto al crédito. La situación ha generado una pugna de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y la Fuerza Armada y PNC han respaldado al presidente, quien mantiene la posición que la Asamblea sesione este domingo a las 3 de la tarde para aprobar el crédito.
El congreso definió en sesión del jueves pasado que el único que puede convocar a plenaria es el presidente del órgano legislativo, no el presidente de la República, y convocó a la comisión de Hacienda a sesionar este lunes para estudiar el crédito y someterlo a votación el jueves de esta semana.
Ante este panorama, los ciudadanos demandantes señalan en su escrito que Bukele «ha puesto en riesgo el orden constitucional» por lo que pidieron a los magistrados de la Sala que dé una interpretación final sobre la disposición constitucional «para dotar al sistema de estabilidad».
Hasta esta mañana de domingo, la Sala no se ha pronunciado al respecto, y se mantiene la convocatoria del presidente para que se realice la plenaria esta misma tarde. Las fracciones mayoritarias de ARENA y FMLN adelantaron que no acudirán al llamado, mientras que GANA y PCN dijeron estarán presentes en el pleno.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
