Judicial
Cinco integrantes de la MS sancionados con 10, 14 y 15 años de internamiento por homicidio agravado y extorsión
Un grupo de cinco adolescentes integrantes de la MS fueron sancionados con 10, 14 y 15 años de internamiento por los delitos de homicidio agravado, extorsión, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Fiscales de la Unidad Penal Juvenil de la sede de San Miguel, demostraron que los menores de edad forman parte de un grupo de la MS, identificada como Sailor Locos Salvatruchos, que operaban en la colonia Ciudad Pacífica y en el cantón El Amate del municipio de San Miguel.
Lugares donde cometieron dos homicidios con armas de fuego, en los meses de junio y septiembre del año dos mil diecinueve.
El primer caso fue en perjuicio de la vida de Ramón Alfredo Cerón López, ocurrido en el caserío Los Tubos, del cantón San Andrés; mientras que el segundo, fue en contra de la vida de Ulises Alexander Chicas Contreras, en el caserío La Ceiba, del cantón El Niño.
Además, fueron encontrados responsables por el delito de extorsión, en el cual la víctima pagó desde el año 2018, US$ 50.00 mensuales bajo amenazas a muerte.
César N., fue sancionado con un total de 16 años cinco meses por los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito y organizaciones terroristas. Pero de acuerdo a la Ley Penal Juvenil, por la edad solo cumplirá 15 años, de los cuales cinco serán bajo internamiento y los otros 10 con libertad asistida.
Pero Jefferson N., fue sancionado con 14 años, 10 años por homicidio agravado y cuatro por organizaciones terroristas. 10 estará en internamiento y 4 con libertad asistida.
Por su parte Cristian N., fue encontrado responsable de homicidio agravado y sancionado con 10 años de internamiento.
Por organizaciones terroristas, Carlos N. y Ángel N., estarán en internamiento 4 años.
La Vista de la Causa se desarrolló en el Juzgado de Menores de San Miguel que impuso las sanciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
