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Judicial

Cinco integrantes de la MS sancionados con 10, 14 y 15 años de internamiento por homicidio agravado y extorsión

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Un grupo de cinco adolescentes integrantes de la MS fueron sancionados con 10, 14 y 15 años de internamiento por los delitos de homicidio agravado, extorsión, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.

Fiscales de la Unidad Penal Juvenil de la sede de San Miguel, demostraron que los menores de edad forman parte de un grupo de la MS, identificada como Sailor Locos Salvatruchos, que operaban en la colonia Ciudad Pacífica y en el cantón El Amate del municipio de San Miguel.

Lugares donde cometieron dos homicidios con armas de fuego, en los meses de junio y septiembre del año dos mil diecinueve.

El primer caso fue en perjuicio de la vida de Ramón Alfredo Cerón López, ocurrido en el caserío Los Tubos, del cantón San Andrés; mientras que el segundo, fue en contra de la vida de Ulises Alexander Chicas Contreras, en el caserío La Ceiba, del cantón El Niño.

Además, fueron encontrados responsables por el delito de extorsión, en el cual la víctima pagó desde el año 2018, US$ 50.00 mensuales bajo amenazas a muerte.

César N., fue sancionado con un total de 16 años cinco meses por los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito y organizaciones terroristas. Pero de acuerdo a la Ley Penal Juvenil, por la edad solo cumplirá 15 años, de los cuales cinco serán bajo internamiento y los otros 10 con libertad asistida.

Pero Jefferson N., fue sancionado con 14 años, 10 años por homicidio agravado y cuatro por organizaciones terroristas. 10 estará en internamiento y 4 con libertad asistida.

Por su parte Cristian N., fue encontrado responsable de homicidio agravado y sancionado con 10 años de internamiento.

Por organizaciones terroristas, Carlos N. y Ángel N., estarán en internamiento 4 años.

La Vista de la Causa se desarrolló en el Juzgado de Menores de San Miguel que impuso las sanciones correspondientes.

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Judicial

Acusada de estafar con $170,000 es enviada a la cárcel

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Por el delito de estafa, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, ordenó que Cristina Arroyo Lima, siga en prisión para que un juzgado de instrucción la continúe procesando.

La Fiscalía General de la República la acusa de haber engañado a dos personas con $170,000 a quienes les propuso invertir en un negocio que les generaría muy buenas ganancias.

Según la acusación presentada por el ministerio público, entre octubre y noviembre de 2023, Arroyo Lima convenció a una de las víctimas a invertir en un negocio de elaboración y venta de cajas eléctricas de registro de varias medidas y filtros de purificación de agua.

Los denunciantes han dicho que la imputada les expresó que ella proveía productos a la embajada de Estados Unidos, pero la Fiscalía presentó un informe de la Oficina de Seguridad Regional e Investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual se hace constar que no tenían ninguna relación de negocios con la procesada.

La mujer les hizo creer que según el monto de dinero que invirtieran así serían las ganancias a obtener, pero luego de varios meses al no recibir nada, los afectados le preguntaron a la acusada y les respondió que había tenido varios problemas.

Para tranquilizarlas les emitió cheques sin fondos, por lo que las víctimas decidieron acudir a la Fiscalía a interponer la denuncia y que se comenzara una investigación.

Al culminar las pesquisas el ministerio público encontró indicios de estafa y el 3 de septiembre de 2024, giró orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional Civil.

Al finalizar la audiencia inicial el juzgado resolvió que la mujer siga presa y por los dos casos el expediente fue instruido a la segunda fase del proceso penal.

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Judicial

Estafadores que ofrecían ganancias por darle «me gusta» a videos de Youtube

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Luis Armando Martínez Anaya, Kennia Vanessa Cruz Menjívar, Wilfredo Alexander Iraheta Arévalo, Mauricio Esaú Navarrete de la O y Ana Patricia Mártir Mendoza, junto con otros siete involucrados, fueron capturados y acusados por el delito de estafa en perjuicio de ocho víctimas.

La investigación indica que los acusados operaban a través de la plataforma de Whatsapp, enviando mensajes para persuadir a las víctimas de invertir en una plataforma digital que consistía en darle “me gusta” a videos de YouTube. Supuestamente, al realizar esta acción, las víctimas generarían automáticamente ganancias de $300, pero para acceder a esas ganancias debían invertir ciertas sumas de dinero.

 

Al creer que era cierto, cada una de las personas depositaron grandes sumas de dinero en diferentes cuentas de los acusados, con la esperanza de obtener las ganancias prometidas, las cuales nunca llegaron a recibir.

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial y autorizó la conciliación previamente acordada entre los estafadores y siete de las víctimas, a quienes les deberán pagar un total de $42,000. Una octava víctima no se presentó, por lo que el proceso continuará a la fase de instrucción.

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Mujer es acusada por estafar más de $170 mil a dos personas

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Cristina Arroyo Lima, de 41 años, fue capturada el 3 de septiembre, mediante orden administrativa, tras una denuncia interpuesta en su contra por dos víctimas a las que presuntamente estafó con más de $170,000.

En octubre y noviembre de 2021, una de las víctimas se unió a la acusada para invertir en un negocio de elaboración y comercialización de cajas eléctricas de registro de diferentes medidas, así como filtros de purificación de agua. Arroyo les hizo creer a las víctimas que proveía productos a la embajada de EE.UU.

Además, Cristina les aseguró que el negocio generaría grandes ganancias, de acuerdo a la cantidad de dinero que invirtieran. Convencidas de esta promesa, las víctimas decidieron participar. Con el paso del tiempo, no recibieron ninguna ganancia prometida. Cuando le preguntaron a Cristina por el incumplimiento, ella les dijo que había enfrentado una serie de dificultades. A pesar de esto, les emitió cheques que no tenían fondos a la hora de cobrarlos. Ante esta situación, las víctimas decidieron interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia inicial, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal en el caso de una de las víctimas y la detención provisional en relación con la otra.

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