Judicial
CASO CARLA AYALA: Así responde el juez Arévalo Ortuño a la Fiscalía: «Dicen que los quieren analizar, ¿analizar qué?» sobre supuestos videos
Cuestionamientos hacia la Fiscalìa General de la República y reproches por no haber presentado las nuevas pruebas en el caso de Carla Ayala, es lo que el juez Sexto de Instrucción Roberto Arévalo Ortuño hizo en una conferencia de prensa que montó esta mañana desde el centro judicial.
La Fiscalía ha dicho que tiene nuevos videos en los que se amplia la investigación, ante lo que el juez cuestionó por qué no se han dado a conocer ante el juzgado. «Dicen que tienen videos, triangulación de llamadas, pero de eso no han presentado nada», reprochó.
«El hecho que no presenten la prueba, me parece que es por desconfianza. Si tienen desconfianza, no me va a quitar cinco minutos de sueño», sentenció el juzgador.
Asimismo, explicó que si hay nuevas pruebas que imputen a otras personas, estos se enviarán a otro proceso, no tienen que ver directamente con el caso que el estudia. «Si aparecen nuevas personas imputadas, no tengo por qué darme cuenta de las pruebas, porque van a ir en otro expediente. No es parte de mi trabajo. Me interesan las pruebas contra estas seis personas», sostuvo, quienes son los seis agentes imputados en este caso.
«Se recibieron los videos de las cámaras de vigilancia, pero nunca me dijeron que estaban esos videos. Si de verdad están, es una falta de respeto para los que fuimos a desvelarnos esa noche, para el pueblo que paga los impuestos, para los habitantes de la colonia que fuimos a alterar su noche tranquila, para los defensores, porque el Código dice que no se deben sorprender con pruebas. Eso es falta de ética, es falta de respeto», dijo Ortuño.
Ampliar la etapa de instrucción
El juez a cargo del caso aseguró que no entiende por qué la FGR quiere pedir seis meses más para ampliar la etapa de instrucción.
«La Fiscalía solo ha presentado una lista de testigos para una tercera reconstrucción. Los videos no requieren seis meses para ser analizados. Si hay evidencia de lo que ocurrió hubiera sido una reconstrucción menos larga, menos cara, hubiéramos molestado menos a la población. Dicen que quieren analizar los videos, ¿analizar qué? si con tres o cuatro días que los vean es suficiente.», sentenció el juez.
Agregó que su intención no es corretear ni a la Fiscalía ni a la Policía, pero no le merece respeto que no se hayan presentado nuevas pruebas, si es que las hay.
«Podría haber hasta una cuarta fecha (para reconstrucción) si logramos ubicar a testigos y tal vez encontramos algún desvelado que vio algo, que vio un carropatrulla que a lo mejor sacó un bulto que podría ser el cuerpo de Carla Ayala», especuló el juez.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
