Judicial
Candidato a magistrado recurre decisión fraudulenta del CNJ
El abogado José Antonio Martínez , que participó como candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia , por el listado que envía el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa, presentó el día de ayer recurso de revisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo , para que este máximo tribunal revise la decisión tomada por el pleno del CNJ, por estar plagada de vicios que vuelven ilegal la elección de candidatos .
El reconocido procesalista ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que existe un fraude en la elección de magistrados de la CSJ , en el entendido que el pleno del CNJ , luego de realizar una evaluación rigurosa de los perfiles de los candidatos , tomaron un decisión totalmente incongruente al dejar de fuera su candidatura , no obstante haber obtenido una alta calificación de 9.6 de nota.
En ese sentido, apuntó que esa evaluación fue una mera simulación fraudulenta , ya que sin importar que la calificación de otros participantes fue más baja que la suya , estos sí fueron elegidos en la lista de los 15 candidatos que el CNJ remite a la Asamblea Legislativa.
Cabe preguntarse entonces de qué sirve realizar todo un aparente proceso riguroso de evaluación , si al final de cuentas, no prevalece la calificación que se obtenga , sino otros factores nada transparentes .
Es de recordar que la próxima nueva Asamblea Legislativa que pretende apartarse de las prácticas de antaño , será la que elija a cinco magistrados propietarios y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia , entre ellos al Presidente de dicha institución y de la Sala de lo Constitucional , de ahí que reviste mucho interés en que los candidatos del CNJ y de la FEDAES cumplan con las expectativas de transparencia y de capacidad idónea para el cargo al que serán elegidos .
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
