Judicial
Candidato a magistrado recurre decisión fraudulenta del CNJ
El abogado José Antonio Martínez , que participó como candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia , por el listado que envía el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa, presentó el día de ayer recurso de revisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo , para que este máximo tribunal revise la decisión tomada por el pleno del CNJ, por estar plagada de vicios que vuelven ilegal la elección de candidatos .
El reconocido procesalista ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que existe un fraude en la elección de magistrados de la CSJ , en el entendido que el pleno del CNJ , luego de realizar una evaluación rigurosa de los perfiles de los candidatos , tomaron un decisión totalmente incongruente al dejar de fuera su candidatura , no obstante haber obtenido una alta calificación de 9.6 de nota.
En ese sentido, apuntó que esa evaluación fue una mera simulación fraudulenta , ya que sin importar que la calificación de otros participantes fue más baja que la suya , estos sí fueron elegidos en la lista de los 15 candidatos que el CNJ remite a la Asamblea Legislativa.
Cabe preguntarse entonces de qué sirve realizar todo un aparente proceso riguroso de evaluación , si al final de cuentas, no prevalece la calificación que se obtenga , sino otros factores nada transparentes .
Es de recordar que la próxima nueva Asamblea Legislativa que pretende apartarse de las prácticas de antaño , será la que elija a cinco magistrados propietarios y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia , entre ellos al Presidente de dicha institución y de la Sala de lo Constitucional , de ahí que reviste mucho interés en que los candidatos del CNJ y de la FEDAES cumplan con las expectativas de transparencia y de capacidad idónea para el cargo al que serán elegidos .
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
