Judicial
Candidato a magistrado recurre decisión fraudulenta del CNJ

El abogado José Antonio Martínez , que participó como candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia , por el listado que envía el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa, presentó el día de ayer recurso de revisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo , para que este máximo tribunal revise la decisión tomada por el pleno del CNJ, por estar plagada de vicios que vuelven ilegal la elección de candidatos .
El reconocido procesalista ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que existe un fraude en la elección de magistrados de la CSJ , en el entendido que el pleno del CNJ , luego de realizar una evaluación rigurosa de los perfiles de los candidatos , tomaron un decisión totalmente incongruente al dejar de fuera su candidatura , no obstante haber obtenido una alta calificación de 9.6 de nota.
En ese sentido, apuntó que esa evaluación fue una mera simulación fraudulenta , ya que sin importar que la calificación de otros participantes fue más baja que la suya , estos sí fueron elegidos en la lista de los 15 candidatos que el CNJ remite a la Asamblea Legislativa.
Cabe preguntarse entonces de qué sirve realizar todo un aparente proceso riguroso de evaluación , si al final de cuentas, no prevalece la calificación que se obtenga , sino otros factores nada transparentes .
Es de recordar que la próxima nueva Asamblea Legislativa que pretende apartarse de las prácticas de antaño , será la que elija a cinco magistrados propietarios y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia , entre ellos al Presidente de dicha institución y de la Sala de lo Constitucional , de ahí que reviste mucho interés en que los candidatos del CNJ y de la FEDAES cumplan con las expectativas de transparencia y de capacidad idónea para el cargo al que serán elegidos .
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Judicial
FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores
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Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.