Judicial
Así fueron los momentos que vivió el presidente electo, Nayib Bukele, ayer en el proceso judicial contra Eugenio Chicas, a quien le canceló $50 mil
«Cómo cambia la personalidad de un hombre, cuando cae en la desesperación», fue una de las frases del presidente electo, Nayib Bukele, durante el proceso judicial que enfrentó por difamaciones y calumnias realizadas contra Eugenio Chicas y que hoy experimentó en carne propia al momento de pagar $50,000 ya que la jovialidad con la que llegó se transformó en seriedad al momento de entregar el efectivo.
El reloj marcaba las nueve de la mañana cuando un grupo de periodistas esperaba la llegada de los involucrados en el caso a la entrada del moderno y lujoso centro judicial de Santa Tecla.
El exsecretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas fue el primero en llegar al recinto, en declaraciones a la prensa dijo sentirse tranquilo y confiado que ganaría el proceso.
El panorama se aceleró cuando Bukele ingresó al recinto, la vista de todos los presentes se centró en la sonrisa de oreja a oreja que llevaba el presidente electo que vestía un traje negro con rayas, una camiseta negra y, por supuesto no podían faltar, los icónicos calcetines de colores.
Pese a ser un personaje de la sociedad salvadoreña, Bukele se identificó con las personas que se encontraban en la ventanilla de recepción, mientras tanto, los periodistas no paraban de sacar fotografías y videos.
En cuestión de segundos, el imputado entró al Tribunal sin la compañía de sus representantes legales y fue abordado por los periodistas a los que sorprendió al anunciar que por falta de tiempo pediría al juez la pena máxima para terminar con el caso.
La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y el presidente electo fue requerido por el juez que conocería el caso en el salón en el que ya se encontraba el ofendido.
“De pie por favor”, fueron las palabras del secretario del Tribunal con las que se dio la entrada al juez encargado del caso.
Bukele se sentó en el banquillo de los acusados sin un representante legal y ante el juez asumió los cargos que pesaban en su contra.
Luego de conocer la postura del procesado, el juez llamó al estrado a las dos partes involucradas en una reunión que duró aproximadamente media hora y que no pudo ser escuchada por la prensa.
Finalizada la reunión, el juzgador anunció que la sesión entraría en receso de 15 minutos para que un abogado asistiera a Bukele. Fue en ese momento que apareció la abogada Berta Deleón, quien cuando el caso iniciaba presentó su renuncia para defender al exalcalde.
La presencia de la abogada aligeró el proceso cuyo trató se cerró con el pago de $50,000 en concepto de responsabilidad civil y que Bukele pidiera una disculpa y se comprometiera a no volver a tocar el tema.
«Por este medio hago una disculpa pública a Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a tocar el tema», dijo Bukele con un tono frio dentro del salón diez del Tribunal 1° de Sentencia de Santa Tecla.
Bukele señaló que en una hora tendría el dinero en efectivo para ser entregado al exsecretario de comunicaciones de la presidencia, quien se mostraba satisfecho por el triunfo obtenido en el proceso judicial.
Mientras se esperaba que el dinero llegara, el juez ordenó otro receso, esta vez de una hora.
Eran las 12:40 del mediodía cuando Nayib Bukele entró con los $50,000 en efectivo en una mano y con una bebida en la otra, su rostro ya no era el mismo y ni siquiera mencionó media palabra.
Con un semblante serio, le entregó el dinero a Deleón quien lo llevó a manos de la abogada de Chicas para cerrar el episodio que se inició en un canal de televisión con información divulgada en redes sociales.
Tras haber entregado el efectivo el juez dio por terminado el juicio y ambas partes se fueron de las instalaciones del Tribunal, pero a diferencia de su llegada, Bukele no dio declaraciones a la prensa y se fue en su camioneta, mientras que Chicas se quedó con su abogada.
El presidente electo anunció que este mismo escenario se podría tener en el otro proceso judicial que enfrenta y que tiene a Xotchilll Marchelli quien lo acusa de haberla llamado bruja.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
