Judicial
Así fue como un testigo criteriado quiso vengarse de sus compiches para acusarlos falsamente de asesinar a una familia en Santo Tomás
«Trueno», testigo clave de la Fiscalía, mintió ante el juez luego de ser castigado por su clica de la MS, a quienes señaló de haber participado en el asesinato de cinco miembros de una familia en la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Con su testimonio pretendía llevarlos a cumplir penas que iban desde los 14 hasta los 150 años de prisión.
Cuando el testigo criteriado se sentó en frente al juez, juró decir la verdad y relató los hechos y se mantuvo sin titubear, pero su descripción estaba marcada por un castigo que su propios compañeros de crimen le impusieron tras involucrarse con una menor de edad, sin el consentimiento de los superiores.
Algo de lo que se valieron los 11 abogados para sembrar la duda ante el juez señalando que dicho pandillero estaba «motivado por la venganza». Además, señalaron que tampoco era preciso en lugar, hora y fecha de lo acontecido.
Según la acusación fiscal, estos 20 imputados -quienes fueron sus compinches de la MS- participaron en la matanza de cinco miembros de una familia en Santo Tomás por ser pandilleros de la 18. «Trueno» narró que estos fueron privados de libertad durante la procesión del viernes Santo y posteriormente asfixiados y sepultados en un fosa clandestina.
Conforme a los dicho por «Trueno», fue el 25 de marzo de 2016 cuando los hermanos Jesús, Ernesto, José y Gabriela Cruz Saldaña se reunieron con su primo Gerson para ir a pasear al pueblo durante la procesión de Semana Santa.
Sin embargo, no hacían esto por ser católicos ni otra que se le pareciera, ellos eran conocidos por ser miembros de la pandilla 18 de ese municipio y que a simple vista tenían una disputa territorial con los de la MS.
Mientras la figura dolorosa de Cristo crucificado pasaba acompañada de cantos y oraciones por las calles del pueblo, un grupo sujetos de la MS apareció entre la gente y como si se tratara de una manifestación del mal, espantó al confiado grupo de hermanos.
Según el relato de “Trueno”, sus rivales se acercaron hacia ellos esquivando a todas las personas hasta llegar a acorralarlos. Fue ahí que la jauría de la MS los atrapó y para salvarse de su martirio intentaron escaparse pero no tuvieron éxito.
Por órdenes de un líder bajo el alias “El Snow”, estos fueron llevados hasta una zona solitaria de la colonia Flor Amarilla. Ahí comenzaron a soltarle las cintas de sus zapatos y los cinchos de sus pantalones, las principales armas para quitarles la vida.
Los angustiados parientes comenzaron su agonía cuando uno de sus verdugos dijo que serían liquidados de dos en dos, primeros los hombres y por último, como si se tratara de la corona del crimen, la mujer. Ella fue testigo de cómo a su familia les colocaban cintas y los cinturones en el cuello hasta que dieran su última bocana de aire.
Una vez culminado el crimen, el grupo de MS se acercó a la angustiada mujer, quien fue violada y asesinada de la misma forma. Los asesinos comenzaron a cavar el agujero donde serían ocultados en un espeso bosque.
No fue hasta tiempo después que las investigaciones policiales dieron con “Trueno”, quien les mostró el camino para que comenzaran a desenterrar las osamentas.
Seis meses después que las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) encontraron los cuerpos; en la tumba se encontraron ropas y artículos alusivos a la pandilla 18.
Los surcos que tenían en su cuerpo y las diferentes lesiones calcaban con la versión brindada por el testigo criteriado. El principal móvil: rencillas entre las pandillas.
Los abogados que representaban a los procesados señalaron que estas acusaciones eran motivadas por un acto de venganza que testigo tenía en contra de su propio grupo por lo que no se debía de tomar un consideración.
El juicio en su contra y otros delitos
El caso llegó a los tribunales y en un inició la Fiscalía se sintió confiada, sin embargo, todo cambió con las palabras emitidas por el juez el 18 de marzo al brindar el fallo absolutorio contra los procesados.
«El testigo nunca se acordó de las fechas de los hechos en todos los casos que dijo que había participado… además, nunca mantuvo lo dicho en sede fiscal durante la audiencia”, señaló el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «C» de San Salvador.
Estos estaban acusados de privación de libertad, organizaciones terroristas, robo agravado y homicidio agravado, de un estudiante y un despachador de la ruta 21.
Las falencias del proceso judicial fueron las responsables de derrumbar la acusación, ya que el propio testigo dijo que a todos los involucrados los había conocido durante su estancia en un centro penal, sin embargo Centros Penales refutó este punto, ya que el criteriado «nunca ha estado detenido».
Ahora los procesados serán puesto en libertad si no tiene algún otro proceso abierto.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
