Judicial
Así fue como un testigo criteriado quiso vengarse de sus compiches para acusarlos falsamente de asesinar a una familia en Santo Tomás
«Trueno», testigo clave de la Fiscalía, mintió ante el juez luego de ser castigado por su clica de la MS, a quienes señaló de haber participado en el asesinato de cinco miembros de una familia en la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Con su testimonio pretendía llevarlos a cumplir penas que iban desde los 14 hasta los 150 años de prisión.
Cuando el testigo criteriado se sentó en frente al juez, juró decir la verdad y relató los hechos y se mantuvo sin titubear, pero su descripción estaba marcada por un castigo que su propios compañeros de crimen le impusieron tras involucrarse con una menor de edad, sin el consentimiento de los superiores.
Algo de lo que se valieron los 11 abogados para sembrar la duda ante el juez señalando que dicho pandillero estaba «motivado por la venganza». Además, señalaron que tampoco era preciso en lugar, hora y fecha de lo acontecido.
Según la acusación fiscal, estos 20 imputados -quienes fueron sus compinches de la MS- participaron en la matanza de cinco miembros de una familia en Santo Tomás por ser pandilleros de la 18. «Trueno» narró que estos fueron privados de libertad durante la procesión del viernes Santo y posteriormente asfixiados y sepultados en un fosa clandestina.
Conforme a los dicho por «Trueno», fue el 25 de marzo de 2016 cuando los hermanos Jesús, Ernesto, José y Gabriela Cruz Saldaña se reunieron con su primo Gerson para ir a pasear al pueblo durante la procesión de Semana Santa.
Sin embargo, no hacían esto por ser católicos ni otra que se le pareciera, ellos eran conocidos por ser miembros de la pandilla 18 de ese municipio y que a simple vista tenían una disputa territorial con los de la MS.
Mientras la figura dolorosa de Cristo crucificado pasaba acompañada de cantos y oraciones por las calles del pueblo, un grupo sujetos de la MS apareció entre la gente y como si se tratara de una manifestación del mal, espantó al confiado grupo de hermanos.
Según el relato de “Trueno”, sus rivales se acercaron hacia ellos esquivando a todas las personas hasta llegar a acorralarlos. Fue ahí que la jauría de la MS los atrapó y para salvarse de su martirio intentaron escaparse pero no tuvieron éxito.
Por órdenes de un líder bajo el alias “El Snow”, estos fueron llevados hasta una zona solitaria de la colonia Flor Amarilla. Ahí comenzaron a soltarle las cintas de sus zapatos y los cinchos de sus pantalones, las principales armas para quitarles la vida.
Los angustiados parientes comenzaron su agonía cuando uno de sus verdugos dijo que serían liquidados de dos en dos, primeros los hombres y por último, como si se tratara de la corona del crimen, la mujer. Ella fue testigo de cómo a su familia les colocaban cintas y los cinturones en el cuello hasta que dieran su última bocana de aire.
Una vez culminado el crimen, el grupo de MS se acercó a la angustiada mujer, quien fue violada y asesinada de la misma forma. Los asesinos comenzaron a cavar el agujero donde serían ocultados en un espeso bosque.
No fue hasta tiempo después que las investigaciones policiales dieron con “Trueno”, quien les mostró el camino para que comenzaran a desenterrar las osamentas.
Seis meses después que las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) encontraron los cuerpos; en la tumba se encontraron ropas y artículos alusivos a la pandilla 18.
Los surcos que tenían en su cuerpo y las diferentes lesiones calcaban con la versión brindada por el testigo criteriado. El principal móvil: rencillas entre las pandillas.
Los abogados que representaban a los procesados señalaron que estas acusaciones eran motivadas por un acto de venganza que testigo tenía en contra de su propio grupo por lo que no se debía de tomar un consideración.
El juicio en su contra y otros delitos
El caso llegó a los tribunales y en un inició la Fiscalía se sintió confiada, sin embargo, todo cambió con las palabras emitidas por el juez el 18 de marzo al brindar el fallo absolutorio contra los procesados.
«El testigo nunca se acordó de las fechas de los hechos en todos los casos que dijo que había participado… además, nunca mantuvo lo dicho en sede fiscal durante la audiencia”, señaló el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «C» de San Salvador.
Estos estaban acusados de privación de libertad, organizaciones terroristas, robo agravado y homicidio agravado, de un estudiante y un despachador de la ruta 21.
Las falencias del proceso judicial fueron las responsables de derrumbar la acusación, ya que el propio testigo dijo que a todos los involucrados los había conocido durante su estancia en un centro penal, sin embargo Centros Penales refutó este punto, ya que el criteriado «nunca ha estado detenido».
Ahora los procesados serán puesto en libertad si no tiene algún otro proceso abierto.
Por: El Salvador Times.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
