Judicial
Agresor sexual fue condenado a 34 años de cárcel en Santa Ana
Juan Pablo Aguilar Rivas fue sentenciado a 34 años de prisión por Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada y Violación en menor e Incapaz Agravada, ambos en modalidad de delito continuado, perjuicio de una niña de diez años.
En la vista pública desarrollada el 25 de mayo de 2021, en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, Juan Pablo Aguilar Rivas fue declarado culpable después que el tribunal lo encontrara responsable de los delitos que se le imputaron en perjuicio de la niña, de acuerdo a las pruebas de tipo testimonial, documental y pericial presentadas por el fiscal de La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia.
Según el informe Fiscal, el imputado aprovechándose de la cercanía que tenía con la familia de víctima llegaba de visita a la casa, y desde que la niña tenía la edad de diez años cada vez que él llegaba la agredía sexualmente, pasado un tiempo abusó sexualmente de ella, durante cinco años, hasta que la niña se armó de valor y contó a sus papás lo que había sucedido.
Luego de concluida la audiencia de vista pública, el juez encontró responsable penalmente a Juan Pablo Aguilar Rivas, imponiéndole dos condenas, la primera de 21 años por Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada, y la segunda de 13 años por Violación en Menor e Incapaz Agravada, ambos en modalidad de delito continuado, haciendo un total de 34 años de prisión.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
