Judicial
Agresor sexual fue condenado a 34 años de cárcel en Santa Ana
Juan Pablo Aguilar Rivas fue sentenciado a 34 años de prisión por Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada y Violación en menor e Incapaz Agravada, ambos en modalidad de delito continuado, perjuicio de una niña de diez años.
En la vista pública desarrollada el 25 de mayo de 2021, en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, Juan Pablo Aguilar Rivas fue declarado culpable después que el tribunal lo encontrara responsable de los delitos que se le imputaron en perjuicio de la niña, de acuerdo a las pruebas de tipo testimonial, documental y pericial presentadas por el fiscal de La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia.
Según el informe Fiscal, el imputado aprovechándose de la cercanía que tenía con la familia de víctima llegaba de visita a la casa, y desde que la niña tenía la edad de diez años cada vez que él llegaba la agredía sexualmente, pasado un tiempo abusó sexualmente de ella, durante cinco años, hasta que la niña se armó de valor y contó a sus papás lo que había sucedido.
Luego de concluida la audiencia de vista pública, el juez encontró responsable penalmente a Juan Pablo Aguilar Rivas, imponiéndole dos condenas, la primera de 21 años por Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada, y la segunda de 13 años por Violación en Menor e Incapaz Agravada, ambos en modalidad de delito continuado, haciendo un total de 34 años de prisión.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
