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Judicial

Abogados, jefe policial y un empleado del CNR vinculados con banda de estafadores de vehículos e inmuebles

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Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.

La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.

Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.

Verificaban el sistema informático del CNR

Los tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.

“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.

Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.

“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.

Hacían lo mismo con vehículos

Pero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.

Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.

“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.

Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador por los delitos antes mencionados. 

Nota: El Salvador Times

Lea la original aquí

Judicial

Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

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Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.

La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.

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Judicial

Madre que golpeó brutalmente a su hija de 13 años es obligada a terapia psicológica por orden judicial

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Y. E. G. A., de 33 años, fue acusada por el delito de maltrato infantil en perjuicio de su hija de 13 años, luego de un incidente ocurrido el 4 de junio en la colonia San José de Soyapango.

Según el requerimiento fiscal, durante una discusión, la madre reaccionó de forma violenta, jalando del cabello a la menor y propinándole golpes en distintas partes del cuerpo. La niña llamó al sistema de emergencias 911 para denunciar la agresión, y minutos después agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a la mujer en flagrancia.

En la audiencia judicial, el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó una suspensión condicional del procedimiento por un año. Durante este tiempo, la acusada deberá cumplir con varias medidas, entre ellas, abstenerse de agredir física o verbalmente a su hija, residir en el mismo domicilio, no salir del país sin autorización judicial y asistir, junto con la menor, a sesiones de terapia psicológica en el Centro de Atención Psicosocial (CAPS).

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Judicial

FGR emite más de 2,600 órdenes de captura por estafas en San Salvador entre enero y mayo

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025, ha girado 2,648 órdenes de captura en el departamento de San Salvador por los delitos de estafa, hurto informático y estafa agravada. Las autoridades alertan sobre nuevas modalidades que han cobrado fuerza en el país, como las estafas por «likes de YouTube» y el hackeo de cuentas de WhatsApp.

En el caso de los “likes de YouTube”, las víctimas son engañadas con la promesa de generar ingresos por dar «me gusta» a videos. Para continuar ganando, se les solicita realizar pagos, cayendo en la estafa. En la segunda modalidad, los delincuentes suplantan a WhatsApp mediante llamadas y mensajes falsos para obtener los códigos de verificación de las víctimas, con lo que toman el control de las cuentas y se hacen pasar por los afectados para pedir dinero a sus contactos.

Además, cinco extranjeros —cuatro venezolanos y un ecuatoriano— fueron capturados por crear una empresa ficticia llamada Venicars, con la que ofrecían supuestos créditos y planes de financiamiento para vehículos importados. Las víctimas depositaban entre $5,000 y $10,000, pero nunca recibían los autos ni reembolso alguno. Según la FGR, más de 1,500 personas denunciaron haber sido estafadas por esta red, con un perjuicio económico que asciende a $2.5 millones. A los acusados se les congelaron cuentas por más de $800,000 y enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.

En 2024, la Fiscalía logró condenas contra al menos 400 personas por casos de estafa a nivel nacional. Las investigaciones continúan.

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