Judicial
Abogados, jefe policial y un empleado del CNR vinculados con banda de estafadores de vehículos e inmuebles
Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.
La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.
De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.
Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.
Verificaban el sistema informático del CNR
Los tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.
“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.
Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.
“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.
Hacían lo mismo con vehículos
Pero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.
Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.
“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.
Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador por los delitos antes mencionados.
Nota: El Salvador Times
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Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
