Judicial
Abogado de Munguía Payés: “La tregua entre pandillas fue una política pública”
Manuel Chacón abogado del general David Victoriano Munguía Payés, aseveró que, al exministro de la Defensa Nacional y exministro de Justicia y Seguridad, se le debe someter al proceso judicial con el entendido que todo lo relacionado al caso de la tregua entre pandillas se hizo en el marco de sus labores de funcionario de gobierno: «Las políticas públicas pueden tener éxito o no, son parte de un plan de gobierno”, dijo Chacón.
El abogado agrega que la participación de Payés fue en “su trabajo como funcionario”.
Al exministro en los dos gobiernos del FMLN en el poder, se le atribuyen delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, por el caso de la tregua suscitada en el gobierno de Mauricio Funes.
El expresidente y ahora ciudadano nicaragüense, también ha sido implicado en el caso, y la Fiscalía General de la República ha decretado otra orden de captura para que responda por estos delitos.
Para la FGR, tanto Funes como Munguía Payés “lideraron y llevaron a ejecución este tema de pacto entre pandillas” y las investigaciones del ministerio público serían sólidas al respecto.
Mauricio Funes, al igual que en los otros procesos que se le imputan, ha negado las acusaciones, mientras en redes sociales se le ha criticado ya que volvió a circular el video cuando en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre 2013, dijo que su gobierno era facilitador de un proceso entre los grupos criminales.
Utilizando en uno de los estrados más poderosos del mundo, Funes dijo: “Hay un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados”.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
