Judicial
Abogado de Munguía Payés: “La tregua entre pandillas fue una política pública”
Manuel Chacón abogado del general David Victoriano Munguía Payés, aseveró que, al exministro de la Defensa Nacional y exministro de Justicia y Seguridad, se le debe someter al proceso judicial con el entendido que todo lo relacionado al caso de la tregua entre pandillas se hizo en el marco de sus labores de funcionario de gobierno: «Las políticas públicas pueden tener éxito o no, son parte de un plan de gobierno”, dijo Chacón.
El abogado agrega que la participación de Payés fue en “su trabajo como funcionario”.
Al exministro en los dos gobiernos del FMLN en el poder, se le atribuyen delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, por el caso de la tregua suscitada en el gobierno de Mauricio Funes.
El expresidente y ahora ciudadano nicaragüense, también ha sido implicado en el caso, y la Fiscalía General de la República ha decretado otra orden de captura para que responda por estos delitos.
Para la FGR, tanto Funes como Munguía Payés “lideraron y llevaron a ejecución este tema de pacto entre pandillas” y las investigaciones del ministerio público serían sólidas al respecto.
Mauricio Funes, al igual que en los otros procesos que se le imputan, ha negado las acusaciones, mientras en redes sociales se le ha criticado ya que volvió a circular el video cuando en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre 2013, dijo que su gobierno era facilitador de un proceso entre los grupos criminales.
Utilizando en uno de los estrados más poderosos del mundo, Funes dijo: “Hay un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados”.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
