Judicial
Inició el proceso en la Asamblea Legislativa para desaforar al magistrado acusado de presunta agresión sexual
El magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, ha sido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una niña de 10 años. Sin embardo, debido a que goza de fuero, la Constitución manda que se le haga antes un antejuicio en la Asamblea Legislativa.
Según la información que dio a conocer recién ocurrido el hecho, el magistrado fue capturado en flagrancia en la colonia Altavista del municipio de Tonacatepeque el 19 de febrero pasado.
De acuerdo con información extraoficional el magistrado Escalante fue denunciado por los padres de la menor que residen en el lugar donde se realizó la captura y la denuncia señaló que vecinos de la niña vieron el momento en el que el magistrado arremetía contra la infante.
Fue llevado de inmediato a la Asamblea para se decidiera qué hacer. Sin embargo, debido a que la ley manda un proceso especial para los magistrados fue puesto en libertad a la espera de que se desarrolle el debido proceso.
El primer paso ya se echó a andar el pasado viernes 22 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal, con la acusación, para que la Asamblea pueda iniciar el proceso para desaforarlo y que enfrente un juicio como cualquier otro ciudadano.
La Asamblea informó que el primer paso que se deberá seguir es que la solicitud pasara la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que evalúe el caso si reúne o no los requisitos para el antejuicio. Luego, deberá emitir un dictamen favorable o desfavorable.
De ser favorable, el antejuicio procede y la Asamblea declara abierto el proceso y elige una comisión especial que será la que evaluará el caso.
La Asamblea deberá elegir un fiscal del caso y el magistrado nombra un defensor o puede defenderse solo. Al mismo tiempo que se le informa la decisión de hacer o no antejuicio.
Posteriormente, de llevar a cabo el antejuicio y escuchar los alegatos del magistrado. Se decide si quitarle el fuero o no. Se emite un dictamen que debe ser aprobado por el pleno legislativo.
A partir de ahí, ya se puede iniciar con el proceso penal en su contra como con cualquier ciudadano acusado de un delito.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
