Judicial
Inició el proceso en la Asamblea Legislativa para desaforar al magistrado acusado de presunta agresión sexual
El magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, ha sido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una niña de 10 años. Sin embardo, debido a que goza de fuero, la Constitución manda que se le haga antes un antejuicio en la Asamblea Legislativa.
Según la información que dio a conocer recién ocurrido el hecho, el magistrado fue capturado en flagrancia en la colonia Altavista del municipio de Tonacatepeque el 19 de febrero pasado.
De acuerdo con información extraoficional el magistrado Escalante fue denunciado por los padres de la menor que residen en el lugar donde se realizó la captura y la denuncia señaló que vecinos de la niña vieron el momento en el que el magistrado arremetía contra la infante.
Fue llevado de inmediato a la Asamblea para se decidiera qué hacer. Sin embargo, debido a que la ley manda un proceso especial para los magistrados fue puesto en libertad a la espera de que se desarrolle el debido proceso.
El primer paso ya se echó a andar el pasado viernes 22 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal, con la acusación, para que la Asamblea pueda iniciar el proceso para desaforarlo y que enfrente un juicio como cualquier otro ciudadano.
La Asamblea informó que el primer paso que se deberá seguir es que la solicitud pasara la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que evalúe el caso si reúne o no los requisitos para el antejuicio. Luego, deberá emitir un dictamen favorable o desfavorable.
De ser favorable, el antejuicio procede y la Asamblea declara abierto el proceso y elige una comisión especial que será la que evaluará el caso.
La Asamblea deberá elegir un fiscal del caso y el magistrado nombra un defensor o puede defenderse solo. Al mismo tiempo que se le informa la decisión de hacer o no antejuicio.
Posteriormente, de llevar a cabo el antejuicio y escuchar los alegatos del magistrado. Se decide si quitarle el fuero o no. Se emite un dictamen que debe ser aprobado por el pleno legislativo.
A partir de ahí, ya se puede iniciar con el proceso penal en su contra como con cualquier ciudadano acusado de un delito.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
