Judicial
Inició el proceso en la Asamblea Legislativa para desaforar al magistrado acusado de presunta agresión sexual
El magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, ha sido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una niña de 10 años. Sin embardo, debido a que goza de fuero, la Constitución manda que se le haga antes un antejuicio en la Asamblea Legislativa.
Según la información que dio a conocer recién ocurrido el hecho, el magistrado fue capturado en flagrancia en la colonia Altavista del municipio de Tonacatepeque el 19 de febrero pasado.
De acuerdo con información extraoficional el magistrado Escalante fue denunciado por los padres de la menor que residen en el lugar donde se realizó la captura y la denuncia señaló que vecinos de la niña vieron el momento en el que el magistrado arremetía contra la infante.
Fue llevado de inmediato a la Asamblea para se decidiera qué hacer. Sin embargo, debido a que la ley manda un proceso especial para los magistrados fue puesto en libertad a la espera de que se desarrolle el debido proceso.
El primer paso ya se echó a andar el pasado viernes 22 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal, con la acusación, para que la Asamblea pueda iniciar el proceso para desaforarlo y que enfrente un juicio como cualquier otro ciudadano.
La Asamblea informó que el primer paso que se deberá seguir es que la solicitud pasara la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que evalúe el caso si reúne o no los requisitos para el antejuicio. Luego, deberá emitir un dictamen favorable o desfavorable.
De ser favorable, el antejuicio procede y la Asamblea declara abierto el proceso y elige una comisión especial que será la que evaluará el caso.
La Asamblea deberá elegir un fiscal del caso y el magistrado nombra un defensor o puede defenderse solo. Al mismo tiempo que se le informa la decisión de hacer o no antejuicio.
Posteriormente, de llevar a cabo el antejuicio y escuchar los alegatos del magistrado. Se decide si quitarle el fuero o no. Se emite un dictamen que debe ser aprobado por el pleno legislativo.
A partir de ahí, ya se puede iniciar con el proceso penal en su contra como con cualquier ciudadano acusado de un delito.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
