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Gobierno verifica cumplimiento de normas sanitarias internacionales para prevención del coronavirus en el aeropuerto
El Gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, continúa implementando estrategias para prevenir casos de coronavirus en el país.
En esa línea, funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado se desplazaron hoy al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos internacionalmente para la detección, manejo y control de la enfermedad, como parte de las medidas que se han tomado a nivel nacional.
“Tomamos acciones y activamos todos los protocolos necesarios para desarrollar la atención oportuna y, asimismo, el manejo adecuado. En el país y se toman todas las acciones necesarias para verificar que los protocolos se actualicen y se refuercen”, manifestó el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alabí.
En un trabajo coordinado del Sistema Integrado de Salud, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y las Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) han implementado la búsqueda activa de pacientes febriles en el aeropuerto, a través de una cámara termográfica y termómetros digitales infrarrojos.
De igual forma, se cuenta con área de aislamiento y personal calificado con su respectivo equipo de bioseguridad.
El Gobierno ha tomado también medidas en el resto de puntos de entrada autorizados (fronteras terrestres, aéreas y marítimas) acatando los procedimientos de seguridad establecidos internacionalmente ante situaciones de riesgo.
“Estamos preparados y a eso hemos venido, a revisar que los procedimientos sean debidamente aplicados, que estemos siguiendo el reglamento internacional y que El Salvador realmente se encuentre dentro de los países que maneje las crisis debidamente”, manifestó Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno. Además, la comisionada Recinos descartó que se haya registrado en el país algún caso sospechoso de coronavirus y pidió a la población que no haga caso de algunas versiones de ese tipo que surjan en las redes sociales. “Absolutamente no tenemos ningún caso reportado y en el momento que tuviésemos una situación, el Ministerio de Salud va estar emitiendo los comunicados oficiales”.
También, Recinos anunció que la meta del Gobierno es capacitar a unas 10 mil personas en el manejo de casos sospechosos de coronavirus e informó que este lunes se notificará a hospitales privados, clínicas y farmacias que apliquen el mismo formulario para identificar posibles portadores de la enfermedad.
En El Salvador, las instituciones involucradas en las acciones de prevención, ante el brote del nuevo coronavirus en China y que ya circula en distintos países, trabajan de forma integral y han establecido los pasos a seguir para el control de la enfermedad, el personal y los recursos que estarán a disposición de la población. Las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud mantienen una mesa técnica para coordinación e información de actividades ejecutadas.
Los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) con los que cuenta el país, se están desplazando en los puntos de control verificando la adecuada aplicación de las medidas de prevención y control. Asimismo, el personal clínico de hospitales y unidades de salud se encuentra capacitado en el manejo de pacientes con problemas respiratorios.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha destinado $8.6 millones para atender la emergencia.
Además, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 1,234 unidades notificadoras y 23 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) a nivel nacional, departamental y local.
También hay 10 Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en los puntos de entrada al país en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.
El Gobierno de la República está activado desde el jueves 16 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una alerta preventiva. La OMS no ha declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, solamente para la República Popular China, y se evaluará la situación en los próximos días.
El Presidente Bukele ordenó que, aunque la OMS no ha decretado una emergencia de alcance mundial, las instituciones de Gobierno trabajen como si ya fue declarada, porque se han reportado casos sospechosos en Estados Unidos, México y Colombia.
Secretaría de Prensa de la Presidencia
Comunicado de Prensa.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
