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Gobierno inicia entrega del bono agrícola para más de 150,000 agricultores empadronados en la zona occidental
El Gobierno responde a las necesidades de más de medio millón de productores de subsistencia, y hoy comienza la entrega de la tarjeta del Bono Agrícola a más de 150,000 beneficiarios de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.
La nueva modalidad comprende la distribución de una tarjeta de $75 para adquirir insumos agrícolas en cualquiera de los agroservicios autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en todo el territorio nacional.
El Bono Agrícola abre las puertas hacia la diversificación de los cultivos, ya que, a diferencia de los paquetes que ataban a la producción de maíz y frijol, los beneficiarios podrán producir hortalizas y adquirir fertilizantes granulados, foliares, insecticidas, herbicidas, entre otros productos.
A nivel nacional son más de medio millón de productores de subsistencia del Registro Único de Beneficiarios que recibirán el Bono Agrícola, para lo cual el MAG establece 178 puntos de entrega.
Karen Aguilar Zelada es una agricultora del distrito de Coatepeque se mostró satisfecha con esta innovadora modalidad. «Hoy uno elige lo que uno necesita y además tenemos los agroservicios cerca. Ahorramos tiempo y dinero para no movernos lejos. Aquí tenemos las opciones de combos o lo que prefiera. Al final voy a llevarme cuatro quintales de abono porque son los que más me ayudan», agregó la agricultora.
Por otra parte, la agricultora Dora de Clemente dijo que este beneficio le permitirá fortalecer sus cultivos, ya que siembra chilipuca, maicillo, tomate, entre otros. “Con el Bono Agrícola tenemos opción de comprar lo que estamos necesitando. En mi caso, el abono. Agradezco esta ayuda que el Gobierno nos brinda a nosotros, los pequeños agricultores”, añadió.
Los agricultores empadronados podrán verificar en el sitio web la fecha y el lugar donde retirar la tarjeta, deberán mostrar el DUI tanto para recibirla como para canjearla en los agroservicios autorizados. Tendrán 60 días para hacer el canje en una sola transacción.
Para verificar que la entrega se lleve a cabo de forma ágil, el Viceministro Óscar Domínguez comenzó una gira en el municipio de Sonsonate Este, y aseguró que: “El proceso es sumamente rápido, los mismos agricultores están diciendo que en menos de cinco minutos obtienen su Bono Agrícola. A partir de hoy, ellos tienen 60 días para canjearlo en cualquiera de los agroservicios autorizados. Solo en el municipio de Sonsonate Este hay más de 8,000 agricultores empadronados”.
La tarjeta es intransferible y debe ser cuidada porque podrá ser reutilizada para programas y bajo las condiciones que disponga el MAG. Además, se recomienda evitar compartir imágenes de la misma para proteger los datos personales y el QR.
El funcionario también verificó las entregas en diversos municipios de Santa Anta y Ahuachapán, donde los agricultores han retirado la tarjeta bag para poder canjearla en los agroservicios autorizados e identificados.
Ante cualquier duda, los agricultores pueden llamar al 2210-1714 o escribir al WhatsApp: 7092-9496.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
