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Gobierno de El Salvador endurece medidas en las cárceles, como nunca antes
Los gobiernos de ARENA y el FMLN permitieron que las pandillas crecieran exponencialmente en El Salvador, además, las segregaron entregándoles las cárceles, donde en vez de ejercer seguridad y control les brindaron beneficios. Sin embargo, el actual Gobierno ha reiterado que estas prácticas quedaron en el pasado y ahora su misión es desarticular a las pandillas.
Autoridades de Seguridad han asegurado que los gobiernos anteriores concedieron libertinaje a las pandillas y que el sistema penitenciario en el país estuvo sumergido en corrupción. Fue en 2004 que en una medida de fachada de «disminuir la violencia en las cárceles» el gobierno de Antonio Saca segregó a las pandillas, los penales de Quezaltepeque y Ciudad Barrios estuvieron asignados para los de la Mara Salvatrucha; y los de Chalatenango y Cojutepeque, para los del Barrio 18.
En agosto de ese mismo año, el sistema carcelario vivió la peor masacre registrada en una cárcel salvadoreña, con un saldo de 32 muertos, entre pandilleros de la 18 y supuestos civiles. Dos semanas después ocurrió la segregación de las maras, una medida que, según expertos, permitió que estas se propagaran aún más y que, lo que evitaría violencia y masacres, generó incluso hacinamiento.
«Si no se separaban las pandillas, conservar la estabilidad era imposible… ¡imposible! La separación fue un instrumento indispensable para conservar el control de los centros penales», justificó en aquel entonces el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda.
Sumado a que las pandillas tuvieran penales completos a su disposición, como sus centros de operaciones, cuando llegó el gobierno de Mauricio Funes, las maras recibieron aún más beneficios a través de la denominada «Tregua», y esto provocó que los grupos terroristas se fortalecieran más.
La Tregua, avalada por Funes y presentada como una «política de Estado» permitió que las pandillas se tomaran el control de las cárceles, así como en todo el país, varias comunidades, y se hicieran de negocios ilícitos, etcétera. «Esto permitió un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino de ´clicas, canchas y programas´ [estructuras de maras enquistadas en colonias y comunidades]», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Funes como el ministro de Defensa de su gobierno, David Munguía Payés, fueron los principales promotores de la tregua entre criminales a la que falsamente otros, autonominados «mediadores», que ahora están presos, como Raúl Mijango [condenado en 2018 a 13 años por extorsión] denominaron como un «proceso de pacificación».
Las investigaciones fiscales sobre la tregua revelaron que fue ideada por el gobierno de Funes, supuestamente, para reducir la cifra de homicidios que para el 2012 superaba los 30 por día, a cambio, la administración de Funes mediante sus funcionarios de seguridad se encargarían de proporcionar todo tipo de privilegios a los mareros que iban desde organizarles fiestas con bailarinas y trabajadoras del sexo en las cárceles, la instalación de pantallas de televisión, ingreso de celulares, droga, hasta la colocación de cabinas telefónicas desde donde los mareros efectuaban más de 10,000 llamadas diarias, sin ningún tipo de control ni restricción, muchas de las cuales eran para extorsionar.
Por ejemplo, en septiembre de 2012, a petición de los pandilleros recluidos en el penal de Izalco, Sonsonate, fue organizada una fiesta en el recinto penitenciario la cual duró tres días, amenizada por un discomóvil y que tuvo como principal atracción el show de bailarinas desnudas. Videos filtrados en las redes sociales mostraron a cabecillas teniendo relaciones sexuales con ellas.
Además, en febrero de 2015, al interior del penal de San Francisco Gotera, Morazán, estaban instalados 40 televisores con pantalla plasma y consolas de videojuegos que fueron decomisados, así como 45 celulares y droga. Esto generó mucha crítica a las autoridades porque era claro el ingreso de ilícitos a las cárceles.
Bajo el lineamiento del Plan Control Territorial, plan de seguridad insignia del gobierno de Nayib Bukele se ha mantenido el orden, control y disciplina en los centros penitenciarios y con la llegada del régimen de excepción se reforzaron medidas.
«Las cárceles ya no son los hoteles de las pandillas. Desde que ingresó el Gobierno del presidente Bukele el Estado tiene el control, orden y disciplina de los Centros Penales», aseguró el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Desde la actual administración, en las cárceles salvadoreñas no se registra ningún amotinamiento, ni ningún conato de violencia o riñas. Además, se han mejorado las instalaciones y se han tomado medidas de seguridad como bloquear en 100% cualquier comunicación de los reos con el exterior a través del uso de tecnología.
Mientras que, para el año pasado, las medidas de seguridad en los penales se endurecieron por orden del presidente Bukele, quien ha asegurado que desarticularán a las pandillas que por muchos años dañaron a la población honrada.
Tras una oleada de homicidios cometida durante un fin de semana el año pasado, el 27 de marzo por orden de Bukele se implementó el régimen de excepción. Para esa ocasión el mandatario envió un mensaje a las pandillas: «Mensaje a las pandillas: tenemos a 16,000 «homeboys» en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también», publicó el mandatario.
Desde entonces, los mareros están bajo un estricto control, que no les permite contactos con el exterior ni visitas familiares ni íntimas. Y recientemente, el Gobierno inauguró la cárcel más grande del continente, el Cecot, que está construido con estándares internacionales de calidad y seguridad que garantizan la limitación de comunicación con el exterior. Serán alojados 40,000 pandilleros para que pasen ahí las próximas décadas.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
