Judicial
Funes es el más interesado en que la FGR investigue para demostrar que audios divulgados por Factum fueron alterados y editados
El expresidente de la República, Mauricio Funes, reaccionó ante los señalamientos en su contra por las críticas vertidas desde nicaragua a través de las red social Twitter y que estaban dirigidas contra los periodistas de la revista Factum.
Dichos comunicadores fueron recientemente convocados por el Ministerio Público por una investigación abierta sobre los audios del exgobernante donde al parecer se revela que Funes compraba voluntades de diputados para que apoyaran los proyectos del Ejecutivo en su administración presidencial.
La FGR citó a los siete periodistas de Factum en calidad de testigos, para que revelaran la fuente que entregó los audios de Funes.
El pasado miércoles, el fiscal general, Raúl Melara, corrigió al director de la revista Factum, César Fagoaga, quien le hizo ver que el medio digital no sólo había subido los audios, sino que se trataba de una investigación, a lo que Melara le reiteró que “él hace su investigación (director de Factum) pero las verdaderas investigaciones son la que hace la fiscalía”, dijo el fiscal.
Funes rechazó cualquier señalamiento sobre generar posibles amenazas en contra los periodistas del medio digital, como lo dejara entrever la activista de Derechos Humanos, Bessy Ríos.
“Ejercer el periodismo en este país es difícil, mal pagados, expuestos y sin protección. Uno esperaría que cuando se descubren cosas que todos sospechamos como compra de diputados toda la institucionalidad se vuelque a 1) protegerlos y 2) investigar #YoTeCuidoPeriodista”, escribió Ríos.
La respuesta del mandatario indicaba que “Si lo dice por los audios presidenciales está equivocada. No estoy amenazando a nadie. Considerar a los de Factum como instrumentos de chantaje no es amenazar. Además, soy el más interesado que la FGR investigue para demostrar que los audios fueron editados y alterados”, escribió Funes.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
