Judicial
Funes es el más interesado en que la FGR investigue para demostrar que audios divulgados por Factum fueron alterados y editados
El expresidente de la República, Mauricio Funes, reaccionó ante los señalamientos en su contra por las críticas vertidas desde nicaragua a través de las red social Twitter y que estaban dirigidas contra los periodistas de la revista Factum.
Dichos comunicadores fueron recientemente convocados por el Ministerio Público por una investigación abierta sobre los audios del exgobernante donde al parecer se revela que Funes compraba voluntades de diputados para que apoyaran los proyectos del Ejecutivo en su administración presidencial.
La FGR citó a los siete periodistas de Factum en calidad de testigos, para que revelaran la fuente que entregó los audios de Funes.
El pasado miércoles, el fiscal general, Raúl Melara, corrigió al director de la revista Factum, César Fagoaga, quien le hizo ver que el medio digital no sólo había subido los audios, sino que se trataba de una investigación, a lo que Melara le reiteró que “él hace su investigación (director de Factum) pero las verdaderas investigaciones son la que hace la fiscalía”, dijo el fiscal.
Funes rechazó cualquier señalamiento sobre generar posibles amenazas en contra los periodistas del medio digital, como lo dejara entrever la activista de Derechos Humanos, Bessy Ríos.
“Ejercer el periodismo en este país es difícil, mal pagados, expuestos y sin protección. Uno esperaría que cuando se descubren cosas que todos sospechamos como compra de diputados toda la institucionalidad se vuelque a 1) protegerlos y 2) investigar #YoTeCuidoPeriodista”, escribió Ríos.
La respuesta del mandatario indicaba que “Si lo dice por los audios presidenciales está equivocada. No estoy amenazando a nadie. Considerar a los de Factum como instrumentos de chantaje no es amenazar. Además, soy el más interesado que la FGR investigue para demostrar que los audios fueron editados y alterados”, escribió Funes.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
