Judicial
Funes es el más interesado en que la FGR investigue para demostrar que audios divulgados por Factum fueron alterados y editados
El expresidente de la República, Mauricio Funes, reaccionó ante los señalamientos en su contra por las críticas vertidas desde nicaragua a través de las red social Twitter y que estaban dirigidas contra los periodistas de la revista Factum.
Dichos comunicadores fueron recientemente convocados por el Ministerio Público por una investigación abierta sobre los audios del exgobernante donde al parecer se revela que Funes compraba voluntades de diputados para que apoyaran los proyectos del Ejecutivo en su administración presidencial.
La FGR citó a los siete periodistas de Factum en calidad de testigos, para que revelaran la fuente que entregó los audios de Funes.
El pasado miércoles, el fiscal general, Raúl Melara, corrigió al director de la revista Factum, César Fagoaga, quien le hizo ver que el medio digital no sólo había subido los audios, sino que se trataba de una investigación, a lo que Melara le reiteró que “él hace su investigación (director de Factum) pero las verdaderas investigaciones son la que hace la fiscalía”, dijo el fiscal.
Funes rechazó cualquier señalamiento sobre generar posibles amenazas en contra los periodistas del medio digital, como lo dejara entrever la activista de Derechos Humanos, Bessy Ríos.
“Ejercer el periodismo en este país es difícil, mal pagados, expuestos y sin protección. Uno esperaría que cuando se descubren cosas que todos sospechamos como compra de diputados toda la institucionalidad se vuelque a 1) protegerlos y 2) investigar #YoTeCuidoPeriodista”, escribió Ríos.
La respuesta del mandatario indicaba que “Si lo dice por los audios presidenciales está equivocada. No estoy amenazando a nadie. Considerar a los de Factum como instrumentos de chantaje no es amenazar. Además, soy el más interesado que la FGR investigue para demostrar que los audios fueron editados y alterados”, escribió Funes.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
