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Fuerza Armada invirtió más de $63 millones en modernización y en equipo para soldados
Modernización, mejora de condiciones y refuerzo de herramientas son los pilares en los que la Fuerza Armada ha invertido para que el personal que combate a la violencia en el país se encuentre protegido.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, detalló recientemente que el año pasado se invirtieron $63.7 millones en diferentes áreas orientadas al beneficio del personal de la institución.
De acuerdo con el funcionario, en el 2022 se invirtieron $41 millones en modernización; $7.5 millones en equipo de protección para soldados; $3.5 millones en infraestructura orientados a mejorar las condiciones de descanso del personal y $11.7 millones fueron destinados para el hospital militar y sanidad.
«La Fuerza Armada necesita renovar todo su equipo que quedó desde la época del conflicto que es totalmente obsoleto y para eso nosotros debemos continuar con nuestro proyecto. Elaboramos un plan de 5 años al cual le venimos dando cumplimiento. Está orientado a modernización y beneficio al personal», manifestó Merino Monroy.
El Plan Control Territorial (PCT), estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele en junio de 2019, que incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población», incluye el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con nuevos y mejores recursos y tecnología.
En los últimos tres años, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil han sido dotadas de equipo, tecnología y armamento para seguir combatiendo a las estructuras terroristas.
A las fuerzas de seguridad se les ha entregado herramientas para defensa y recursos tecnológicos. Chalecos, fusiles, armas, vehículos, drones, botas, uniformes, visores nocturnos, cinturones, lámparas, portacagadores y cargadores son parte de los nuevos accesorios y armamento que se ha entregado en los últimos años.
El funcionario aseguró que para este 2023, la institución seguirá «invirtiendo para cambiar el armamento de soldados y en su protección. Ya comenzamos el proceso de cambio de uniformes con tecnología moderna», añadió.
El año pasado trascendió que los nuevos uniformes cuentan con tecnología de punta, que permitirá, entre otras cosas, conocer el tipo de sangre del soldado, así como su nombre completo y la fecha de ingreso a la institución castrense.
En varios casos de ataques armados de pandilleros a las fuerzas del orden, los chalecos y los cascos han minimizado los daños ocasionados con armas de fuego.
«La Fuerza Armada necesita renovar su equipo y para eso vamos a continuar con nuestro plan de desarrollo con el que se van logrando los objetivos de modernización en beneficio de nuestro personal», ha reiterado Merino.
Para este año, las fuerzas del orden tiene como misión continuar entregando equipo de calidad al personal que combate frontalmente a las pandillas.
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
Industrias Plásticas S.A. de C.V. (IPSA) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Industrial de El Salvador de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como parte de la consolidación de una industria cada vez más unida, sólida y orientada al desarrollo de El Salvador.
La adhesión de IPSA fortalece la institucionalidad del Consejo Industrial, cuya agenda estratégica, enfoque técnico y capacidad de incidencia continúan atrayendo a empresas líderes comprometidas con la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de El Salvador.
Con más de 67 años de trayectoria, IPSA es una empresa salvadoreña referente en la fabricación de empaques plásticos flexibles y soluciones de empaque para alimentos, reconocida por su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad. Su incorporación aporta experiencia en procesos industriales, gestión ambiental, economía circular y desarrollo de cadenas de valor, elementos clave para la consolidación de una industria moderna y responsable.
La firma de la declaración de principios del Consejo Industrial representa para IPSA un paso firme para convertir el compromiso en acción, sumando capacidades con otros actores del sector para impulsar una agenda industrial que genere inversión, empleo, competitividad y bienestar para el país.
«Con esta nueva incorporación, el Consejo Industrial reafirma su carácter multisectorial y su misión de ser una plataforma efectiva de articulación entre empresas, gremiales e instituciones, orientada a incidir en políticas públicas y a construir condiciones favorables para el desarrollo productivo de El Salvador», explicó la entidad a través de un comunicado.
Por otra parte, afirmó que El Salvador necesita una industria fuerte, unida y visionaria, por lo que IPSA se suma al esfuerzo colectivo con la convicción de contribuir activamente a un futuro más competitivo, sostenible y próspero para el país.
