Nacionales
FOTOS: Desmantelan red de sicarios conformada por particulares y policías, entre ellos padre y hermano del «Samurái», presunto asesino de la agente Carla Ayala y prófugo de la justicia
Policías de la División Élite contra Crimen Organizado (DECO) desmantelaron esta madrugada de lunes a una agrupación conformada por once personas particulares, de ellos tres reclusos, y once policías en activo dedicada al sicariato, a la que se le atribuye 47 asesinatos por encargo de presuntos pandilleros y delincuentes comunes cometidos en San Miguel y Usulután, en el oriente del país, en diversas fechas.
Los detenidos responden a los nombres de José Romeo Valenzuela, Juan Antonio Beltrán Granados (a) La Virgen, Miguel de Jesús Pineda Flores (a) Miguel la Petra, Erlin Noel Bernal Maravilla (a) Primo Erlin, José Oscar Rodríguez González (a) Oscarín, Juan José Castillo Arévalo o Alex Pineda, Joel Isaac Castillo Arévalo (a) La Linda y Víctor Manuel Mejía (a) Papita.
Mientras que los policías son Vidal Antonio Alfaro Flores (a) El Gato, Prudencio Mejía Serrano (a) Lencho, José Dolores Coreas, David Antonio Chévez Cruz (a) Chebo, Pedro Antonio Pineda Bonilla (a) Umo, Roberto Carlos Sorto Cruz (a) Sorto, Oscar Ovidio González Claros (a) Talibán, Roberto Carlos Cortez Rodas (a) Roditas, Edgar Isaac Aparicio Chávez (a) El Macizo, Noé Benigno Castillo Mejía (a) Benigno y Wilfredo de Jesús Serrano Hernández.
Con esta operación las autoridades resuelven 20 homicidios individuales, un quíntuple, un cuádruple, dos triples y seis dobles, además de 18 homicidios agravados tentados, 3 privaciones de libertad, 22 delitos de agrupaciones ilícitas, 4 de coautoría en fraude procesal y 4 de homicidio agravado.
Las víctimas en general de todos los delitos suman 85, es decir 38 pandilleros, 33 colaboradores y 14 víctimas particulares.
El imputado Juan Antonio Beltrán Granados (a) La Virgen es uno de los que financiaba las ejecuciones, quien se entendía directamente con Juan Josué Castillo Arévalo (a) Samurái, expolicía prófugo de la justicia.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Usulután y en el caserío Puerto Parada, del cantón Salinas de dicha comprensión, y en las municipalidades usulutecas de Concepción Batres, San Dionisio, Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Santiago de María y San Francisco Javier; y en Nueva Guadalupe y Chapeltique del departamento de San Miguel.
Una primera fase de esta investigación se llevó a cabo el 8 de agosto de 2018 con el saldo de 5 capturas y el decomiso de armas, munición y teléfonos.
Para cometer los delitos, los imputados vestidos como policías y militares simulaban procedimientos oficiales como registros con prevención de allanamiento e ingresaban a las viviendas de las víctimas, las privaban de libertad y posteriormente,utilizando armas de fuego y armas blancas, las asesinaban en otro lugar y, en algunos casos, en la misma residencia.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
