Judicial
Fontanero fue seducido por narcotraficantes para trabajar con ellos y ahora pasará muchos años en la cárcel por tráfico de drogas
Por hacerle un favor a uno de sus cuñados, un fontanero pasará siete años y medio en prisión por el delito de tráfico de drogas al recibir y ocultar paquetes de drogas en un rancho privado en la playa San Diego en La Libertad.
Durante muchos años, Nelson Yan reparó tuberías, pero de un momento a otro se vio seducido por el compañero de vida de una hermana quien le pidió colaborar para la estructura criminal que tenía como cabecilla a Jorge Ulloa, mejor conocido como “El Repollo”.
Según el expediente judicial, entre 2007 y 2008 Yan ayudó a su familiar a almacenar droga que provenía de Panamá y que tenía como destino final Estados Unidos. Las investigaciones fiscales revelaron que el imputado guardada la cocaína que recibía en cubetas de plástico y enterradas en la arena.
Un testigo criteriado, quien en el juicio en contra del fontanero decidió mostrar su rostro y decir su nombre, detalló las formas en las que la droga ingresaba al país. La más utilizada era por mar en lanchas que escondían compartimientos en el piso y en partes del motor.
“A la lancha le cabían 150 kilos de droga”, dijo el delator quien ha sido la pieza clave para que esta estructura criminal sea desbaratada casi en su totalidad ya que la mayoría de los integrantes se encuentran en prisión.
Cuando ingresaba por tierra, los encargados de transportarla la escondían en el motor y en la cama de pick up, transportaban hasta 124 kilos de cocaína, explicó el testigo en la sala de audiencias del Centro Judicial “Isidro Menéndez” en San Salvador.
Luego de burlar los controles migratorios, una parte de la droga era almacenada en la finca que cuidaba el cuñado del imputado a cambio de droga y $50 por cada kilo que resguardaba.
Además de San Diego, los paquetes de somníferos eran trasladados a fincas en Comasagua y San Juan Opico, siempre en La Libertad. “Se dejaba ahí porque se repartía en El Salvador para los consumidores y lo demás era llevado a Guatemala”, dijo el testigo.
Mientras el testigo daba detalles de los hechos, Yan no podía ocultar su preocupación por lo que escuchaba, ya que la declaración que su excompinche lo ponía en evidencia y poco podía hacer para revertir la situación.
Con sus manos se tocaba la cabeza, sus pies no dejaban de tener movimientos, como si estuviera impaciente y quisiera que el hombre terminara de ser interrogado o que ya no contestara más preguntas.
De acuerdo a los argumentos de la defensa, Yan se vio involucrado con la estructura criminal debido a la relación circunstancial que tenía con el encargado del lugar “lo cual lo llevó a convertirse en un cómplice no necesario”, dijo su abogado.
Una jueza del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Yan por su participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que fue absuelto por el delito de actos preparatorios, ya que a criterio de la juez no había suficientes pruebas que comprobaran este crimen.
Además, señaló que el imputado fue considerado como un cómplice no necesario porque cualquier otra persona pudo haber estado en su lugar y colaborar con la estructura.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón
A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.
Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.
Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.
La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.
Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
