Judicial
Fontanero fue seducido por narcotraficantes para trabajar con ellos y ahora pasará muchos años en la cárcel por tráfico de drogas
Por hacerle un favor a uno de sus cuñados, un fontanero pasará siete años y medio en prisión por el delito de tráfico de drogas al recibir y ocultar paquetes de drogas en un rancho privado en la playa San Diego en La Libertad.
Durante muchos años, Nelson Yan reparó tuberías, pero de un momento a otro se vio seducido por el compañero de vida de una hermana quien le pidió colaborar para la estructura criminal que tenía como cabecilla a Jorge Ulloa, mejor conocido como “El Repollo”.
Según el expediente judicial, entre 2007 y 2008 Yan ayudó a su familiar a almacenar droga que provenía de Panamá y que tenía como destino final Estados Unidos. Las investigaciones fiscales revelaron que el imputado guardada la cocaína que recibía en cubetas de plástico y enterradas en la arena.
Un testigo criteriado, quien en el juicio en contra del fontanero decidió mostrar su rostro y decir su nombre, detalló las formas en las que la droga ingresaba al país. La más utilizada era por mar en lanchas que escondían compartimientos en el piso y en partes del motor.
“A la lancha le cabían 150 kilos de droga”, dijo el delator quien ha sido la pieza clave para que esta estructura criminal sea desbaratada casi en su totalidad ya que la mayoría de los integrantes se encuentran en prisión.
Cuando ingresaba por tierra, los encargados de transportarla la escondían en el motor y en la cama de pick up, transportaban hasta 124 kilos de cocaína, explicó el testigo en la sala de audiencias del Centro Judicial “Isidro Menéndez” en San Salvador.
Luego de burlar los controles migratorios, una parte de la droga era almacenada en la finca que cuidaba el cuñado del imputado a cambio de droga y $50 por cada kilo que resguardaba.
Además de San Diego, los paquetes de somníferos eran trasladados a fincas en Comasagua y San Juan Opico, siempre en La Libertad. “Se dejaba ahí porque se repartía en El Salvador para los consumidores y lo demás era llevado a Guatemala”, dijo el testigo.
Mientras el testigo daba detalles de los hechos, Yan no podía ocultar su preocupación por lo que escuchaba, ya que la declaración que su excompinche lo ponía en evidencia y poco podía hacer para revertir la situación.
Con sus manos se tocaba la cabeza, sus pies no dejaban de tener movimientos, como si estuviera impaciente y quisiera que el hombre terminara de ser interrogado o que ya no contestara más preguntas.
De acuerdo a los argumentos de la defensa, Yan se vio involucrado con la estructura criminal debido a la relación circunstancial que tenía con el encargado del lugar “lo cual lo llevó a convertirse en un cómplice no necesario”, dijo su abogado.
Una jueza del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Yan por su participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que fue absuelto por el delito de actos preparatorios, ya que a criterio de la juez no había suficientes pruebas que comprobaran este crimen.
Además, señaló que el imputado fue considerado como un cómplice no necesario porque cualquier otra persona pudo haber estado en su lugar y colaborar con la estructura.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
