Judicial
Fontanero fue seducido por narcotraficantes para trabajar con ellos y ahora pasará muchos años en la cárcel por tráfico de drogas
Por hacerle un favor a uno de sus cuñados, un fontanero pasará siete años y medio en prisión por el delito de tráfico de drogas al recibir y ocultar paquetes de drogas en un rancho privado en la playa San Diego en La Libertad.
Durante muchos años, Nelson Yan reparó tuberías, pero de un momento a otro se vio seducido por el compañero de vida de una hermana quien le pidió colaborar para la estructura criminal que tenía como cabecilla a Jorge Ulloa, mejor conocido como “El Repollo”.
Según el expediente judicial, entre 2007 y 2008 Yan ayudó a su familiar a almacenar droga que provenía de Panamá y que tenía como destino final Estados Unidos. Las investigaciones fiscales revelaron que el imputado guardada la cocaína que recibía en cubetas de plástico y enterradas en la arena.
Un testigo criteriado, quien en el juicio en contra del fontanero decidió mostrar su rostro y decir su nombre, detalló las formas en las que la droga ingresaba al país. La más utilizada era por mar en lanchas que escondían compartimientos en el piso y en partes del motor.
“A la lancha le cabían 150 kilos de droga”, dijo el delator quien ha sido la pieza clave para que esta estructura criminal sea desbaratada casi en su totalidad ya que la mayoría de los integrantes se encuentran en prisión.
Cuando ingresaba por tierra, los encargados de transportarla la escondían en el motor y en la cama de pick up, transportaban hasta 124 kilos de cocaína, explicó el testigo en la sala de audiencias del Centro Judicial “Isidro Menéndez” en San Salvador.
Luego de burlar los controles migratorios, una parte de la droga era almacenada en la finca que cuidaba el cuñado del imputado a cambio de droga y $50 por cada kilo que resguardaba.
Además de San Diego, los paquetes de somníferos eran trasladados a fincas en Comasagua y San Juan Opico, siempre en La Libertad. “Se dejaba ahí porque se repartía en El Salvador para los consumidores y lo demás era llevado a Guatemala”, dijo el testigo.
Mientras el testigo daba detalles de los hechos, Yan no podía ocultar su preocupación por lo que escuchaba, ya que la declaración que su excompinche lo ponía en evidencia y poco podía hacer para revertir la situación.
Con sus manos se tocaba la cabeza, sus pies no dejaban de tener movimientos, como si estuviera impaciente y quisiera que el hombre terminara de ser interrogado o que ya no contestara más preguntas.
De acuerdo a los argumentos de la defensa, Yan se vio involucrado con la estructura criminal debido a la relación circunstancial que tenía con el encargado del lugar “lo cual lo llevó a convertirse en un cómplice no necesario”, dijo su abogado.
Una jueza del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Yan por su participación en el delito de tráfico de drogas, mientras que fue absuelto por el delito de actos preparatorios, ya que a criterio de la juez no había suficientes pruebas que comprobaran este crimen.
Además, señaló que el imputado fue considerado como un cómplice no necesario porque cualquier otra persona pudo haber estado en su lugar y colaborar con la estructura.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
