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Fiscalía ha procesado 1,138 casos de intento de homicidio entre 2019 y febrero 2022
El 19 de noviembre de 2020 a eso de las 5:00 de la tarde la víctima «clave Piedra» recibió un mensaje de WhatsApp de su contacto «S», identificado en la investigación como Evaristo Sandoval Amaya en el que le preguntaba que, si iría al centro de San Salvador, a lo que la víctima contestó que sí, pero debido a que «clave Piedra» iba manejando no le respondió rápido y solo recuerda que le indicó que lo esperaría en el punto de la Ruta 12, frente al excine Apolo de San Salvador.
En el transcurso de su recorrido, a eso de las 5:30 de la tarde recibió unas llamadas de otro número en el que le manifestaban que le hiciera una «esperita», debido a que se había atrasado en su trabajo, pero que ya iba a llegar donde siempre lo recogía todos los días, a lo cual «clave Piedra» contestó que estaba bueno. Ya en el excine Apolo, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, Sandoval llegó junto con su primo, Pablo Amílcar Guzmán Renderos, alias C, quien se subió de copiloto y Sandoval en el asiento trasero.
«Vámonos, agarrá el paso del Jaguar y agarrás la calle a Huizúcar», ordenó C a la víctima, ya que le dijo que irían a traer unas cosas allá por donde vivía, por donde está un restaurante que se llama Cachibaches. Cuando llegaron a la cruz calle donde deja la calle a Huizúcar para dirigirse hacia los Planes de Renderos, C dijo que parara y clave Piedra hizo caso, Sandoval se pasó al asiento del pasajero como dándole seguridad a C que le dijo: «seguí en la calle a Planes de Renderos, por un lugar conocido como basurero», el cual está ubicado por cantón Casa de Piedra de San Marcos, San Salvador.
Luego le dijo que parara, la víctima detuvo la marcha del vehículo y encendió las luces intermitentes y las luces principales de su vehículo debido a que ya estaba oscuro, y le expresaron que iba a llegar otro sujeto, lo que le pareció extraño a la víctima.
El C indicó a Sandoval que vigilara si llegaba, por lo que la víctima sacó la cabeza del vehículo para ver. En ese instante C, le asestó una cuchillada al cuello, clave Piedra trató de defenderse metiendo sus manos y comenzó un forcejeo entre ambos, pero C lo tomó del cuello y lo estaba asfixiando, mientras Sandoval se encontraba del lado del copiloto, abrió la puerta del vehículo y se quedó parado observando para todos lados.
Cuando la víctima vio hacia la calle por el espejo retrovisor izquierdo, vio aproximarse a unos policías en motocicleta, el primero de ellos se le acercó a la ventana y le preguntó que si estaba todo bien, a lo que la víctima no contestó nada, debido a que en ese momento C lo estaban ahorcando, luego al ver la presencia de la policía el marero lo soltó y salió corriendo junto con Sandoval hacia el interior de una finca, fue en ese instante que la víctima logró pedir ayuda y gritó: «auxilio me están robando», y llegaron a auxiliarlo dos policías y un tercer agente dio persecución a los pandilleros.
Enseguida los policías le preguntaron a clave Piedra si conocía a los agresores y les respondió que sí. Posteriormente lo trasladaron al Hospital Nacional José Antonio Saldaña, donde le atendieron las lesiones, tanto del cuello como de las manos.
La víctima además de describir a los atacantes, manifestó conocerlos como miembros de la Salvatrucha del sector.
Tanto Sandoval como su primo Guzmán fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de intento de homicidio y se sumaron a los 184 sentenciados por distintos juzgados luego que la Fiscalía General de la República (FGR) les comprobó el ilícito entre el 1° de enero de 2019 a febrero de 2022.
Los mareros figuran entre los 1,138 casos que Fiscalía ha procesado en ese período. En 2019 procesaron 471, en 2020 reportaron 333, en 2021 fueron 305 y hasta febrero de este año, 29.
Del total de casos San Salvador se sitúa en primer lugar con 318 procesos, seguido por La Libertad con 156, Santa Ana 107, Usulután y La Paz 78, respectivamente y Cuscatlán con 66.
Con respecto a los capturados en el periodo de flagrancia, los datos dan cuenta de 426 arrestados, siendo el 2019 el año que más aprehensiones reportó con 147, en 2020 fueron 141, durante el 2021 [126] y en dos meses de febrero de 2022 hubo 12 detenidos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
