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Exfiscal Meléndez y Jorge Cortez habrían cometido el delito de omisión en la investigación en el caso de Héctor Silva Ávalos
Diario La Página (DLP) publicó el día de ayer 1 de septiembre, información contenida en el expediente 49-UIF-2016 de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra al fundador de la Revista Factum, Héctor Silva Ávalos, por lavado de dinero.
Entre tantos hechos, dejó al descubierto que cuatro años de haberse abierto el expediente, la Fiscalía todavía no ha judicializado el caso y es posible que este sea archivado este año, según los protocolos de archivo de la Fiscalía. A pesar que la dirección funcional enviada por la Fiscalía a la PNC tenía carácter de urgente, todavía no se ha realizado el análisis financiero final del caso.
Esto supone que quienes incurrieron en el delito de omisión de la investigación en el caso de Ávalos fueron: el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, y el exjefe de la Unidad Financiera (UIF), Jorge Cortez.
En la misma publicación de DLP se afirmó que “miembros de unidades fiscales consultadas para dicho reportaje señalaron que la protección de los Cáceres a Silva Ávalos se extendió en la Fiscalía hasta evitar que este fuera relacionado en el caso judicializado en contra del expresidente Funes. Silva Ávalos tuvo durante los gobiernos del FMLN protección dentro del Ministerio de Hacienda para que se compartiera información sobre el presunto manejo ilegal de fondos que hizo, según estas fuentes”.
Coincidentemente, en el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, Miguel Menéndez y otros imputados por lavado de dinero, no figura el comunicador Héctor Silva Ávalos, pese a que según DLP habría recibido más de $2 millones provenientes de la partida de gastos reservados para comprar para el exmandatario caballos pura sangre.
De acuerdo a los abogados consultados concuerdan en que al no imputar a Silva Ávalos junto al resto de indiciados en el caso denominado por el mismo Douglas Meléndez como “Saqueo Público”, tando el hoy exfiscal general y el exjefe de la UIF, Jorge Cortez, habrían incurrido en el delito de omisión de la investigación.
Este no sería el primer caso donde se advierte que Dougas Meléndez habría hecho acusaciones selectivas, sin imputar a otros implicados en los casos; el 27 de agosto de 2017 el juez especializado de Sentencia Godofredo Salazar previno a la FGR que debió presentar requerimientos contra Mauricio Funes y el exministro David Munguía Payés en el caso “Tregua entre Pandillas”.
En esa ocasión, el aplicador de justicia sostuvo que era obvio que los imputados en el caso no habían tomado toda las decisiones de las que se les acusa por iniciativa propia, sino que debieron recibir órdenes de sus superiores, es decir el extitular del Ministerio de Justicia y el exgobernante.
Con el citado señalamiento como antecedente, el caso “Saqueo Público” sería otro proceso en el que Douglas Meléndez y Jorge Cortez dejan fuera del proceso judicial a personajes con algún grado de participación en los hechos, incurriendo en el ilícito de omisión de la investigación.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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