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Esta es la respuesta de la PNC al «ultimátum» de Nayib Bukele sobre detención de estudiantes de la UES
El presidente electo, Nayib Bukele, exigió en redes sociales la liberación de los dos jóvenes que fueron detenidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al protagonizar desórdenes en la entrada de la Asamblea Legislativa, por su parte el jefe de la delegación policial de San Salvador Centro, Juan Carlos Arévalo expresó que «Estamos actuando apegados a la ley».
Arévalo dijo que durante el procedimiento y la detención de los jóvenes, se actuó en el marco legal y que ellos como miembros de la corporación policial desean contribuir de la mejor manera para evitar daños en las personas o de la propiedad privada.
«Contamos con testigos oculares y videos de los desórdenes que habrían cometido los dos jóvenes detenidos», dijo el jefe de la delegación Centro.
Con respecto a los detenidos, Arévalo sostuvo que no tienen récord delictivo, y que uno de ellos es estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES); mientras que el otro no lo es.
«A los dos se les dará un trato legible y estarán en unas bartolinas distintas y alejados de los reos debido a situaciones de seguridad. La Policía será garante del respeto a los derechos de los jóvenes, a las consideraciones del caso, así como a la visita de sus familiares, ya que no se trata de personas con récord delictivo», detalló.
El jefe policial también dijo que se debe estar sujetos a mecanismos de control, para garantizar que los involucrados respondan por sus actos.
Ambos serán acusados de haber quebrado cuatro ventanas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y haber dañado diez vehículos durante una protesta por la privatización del agua realizada realizada por estudiantes de la UES y de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa.
Los jóvenes serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas la diligencias el miércoles por la tarde.
Postura del rector de la UES
Por su parte el rector de la UES, Roger Arias, intercedió por los dos jóvenes detenidos y exigió de las autoridades que se respeten los derechos, se garantice el debido proceso de los detenidos y que sean individualizado en los delitos a enfrentar.
Arias detalló que uno de los detenidos es José Luis Bernal Martínez, quien es estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, mientras que el otro joven lo identificó sólo con el apellido de Martínez, pero aclaró que no es estudiante.
El rector de la UES contó ante los medios de comunicación que Bernal Martínez realizaba su prácticas de Periodismo durante la protesta, pero según él, al observar de la forma brutal en que agentes de la UMO detuvieron a Martínez, decidió sacar su cámara y hacer fotos y por eso lo detuvieron. «Él andaba su cámara en la mochila, pero no se sabe donde está», sotuvo el rector de la UES.
Consideró que fueron provocados y eso hizo que los jóvenes y población sintiera una euforia y se caldearan los ánimos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
