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Esta es la respuesta de la PNC al «ultimátum» de Nayib Bukele sobre detención de estudiantes de la UES
El presidente electo, Nayib Bukele, exigió en redes sociales la liberación de los dos jóvenes que fueron detenidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al protagonizar desórdenes en la entrada de la Asamblea Legislativa, por su parte el jefe de la delegación policial de San Salvador Centro, Juan Carlos Arévalo expresó que «Estamos actuando apegados a la ley».
Arévalo dijo que durante el procedimiento y la detención de los jóvenes, se actuó en el marco legal y que ellos como miembros de la corporación policial desean contribuir de la mejor manera para evitar daños en las personas o de la propiedad privada.
«Contamos con testigos oculares y videos de los desórdenes que habrían cometido los dos jóvenes detenidos», dijo el jefe de la delegación Centro.
Con respecto a los detenidos, Arévalo sostuvo que no tienen récord delictivo, y que uno de ellos es estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES); mientras que el otro no lo es.
«A los dos se les dará un trato legible y estarán en unas bartolinas distintas y alejados de los reos debido a situaciones de seguridad. La Policía será garante del respeto a los derechos de los jóvenes, a las consideraciones del caso, así como a la visita de sus familiares, ya que no se trata de personas con récord delictivo», detalló.
El jefe policial también dijo que se debe estar sujetos a mecanismos de control, para garantizar que los involucrados respondan por sus actos.
Ambos serán acusados de haber quebrado cuatro ventanas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y haber dañado diez vehículos durante una protesta por la privatización del agua realizada realizada por estudiantes de la UES y de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa.
Los jóvenes serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas la diligencias el miércoles por la tarde.
Postura del rector de la UES
Por su parte el rector de la UES, Roger Arias, intercedió por los dos jóvenes detenidos y exigió de las autoridades que se respeten los derechos, se garantice el debido proceso de los detenidos y que sean individualizado en los delitos a enfrentar.
Arias detalló que uno de los detenidos es José Luis Bernal Martínez, quien es estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, mientras que el otro joven lo identificó sólo con el apellido de Martínez, pero aclaró que no es estudiante.
El rector de la UES contó ante los medios de comunicación que Bernal Martínez realizaba su prácticas de Periodismo durante la protesta, pero según él, al observar de la forma brutal en que agentes de la UMO detuvieron a Martínez, decidió sacar su cámara y hacer fotos y por eso lo detuvieron. «Él andaba su cámara en la mochila, pero no se sabe donde está», sotuvo el rector de la UES.
Consideró que fueron provocados y eso hizo que los jóvenes y población sintiera una euforia y se caldearan los ánimos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
