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Esta es la respuesta de la PNC al «ultimátum» de Nayib Bukele sobre detención de estudiantes de la UES
El presidente electo, Nayib Bukele, exigió en redes sociales la liberación de los dos jóvenes que fueron detenidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al protagonizar desórdenes en la entrada de la Asamblea Legislativa, por su parte el jefe de la delegación policial de San Salvador Centro, Juan Carlos Arévalo expresó que «Estamos actuando apegados a la ley».
Arévalo dijo que durante el procedimiento y la detención de los jóvenes, se actuó en el marco legal y que ellos como miembros de la corporación policial desean contribuir de la mejor manera para evitar daños en las personas o de la propiedad privada.
«Contamos con testigos oculares y videos de los desórdenes que habrían cometido los dos jóvenes detenidos», dijo el jefe de la delegación Centro.
Con respecto a los detenidos, Arévalo sostuvo que no tienen récord delictivo, y que uno de ellos es estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES); mientras que el otro no lo es.
«A los dos se les dará un trato legible y estarán en unas bartolinas distintas y alejados de los reos debido a situaciones de seguridad. La Policía será garante del respeto a los derechos de los jóvenes, a las consideraciones del caso, así como a la visita de sus familiares, ya que no se trata de personas con récord delictivo», detalló.
El jefe policial también dijo que se debe estar sujetos a mecanismos de control, para garantizar que los involucrados respondan por sus actos.
Ambos serán acusados de haber quebrado cuatro ventanas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y haber dañado diez vehículos durante una protesta por la privatización del agua realizada realizada por estudiantes de la UES y de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa.
Los jóvenes serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas la diligencias el miércoles por la tarde.
Postura del rector de la UES
Por su parte el rector de la UES, Roger Arias, intercedió por los dos jóvenes detenidos y exigió de las autoridades que se respeten los derechos, se garantice el debido proceso de los detenidos y que sean individualizado en los delitos a enfrentar.
Arias detalló que uno de los detenidos es José Luis Bernal Martínez, quien es estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, mientras que el otro joven lo identificó sólo con el apellido de Martínez, pero aclaró que no es estudiante.
El rector de la UES contó ante los medios de comunicación que Bernal Martínez realizaba su prácticas de Periodismo durante la protesta, pero según él, al observar de la forma brutal en que agentes de la UMO detuvieron a Martínez, decidió sacar su cámara y hacer fotos y por eso lo detuvieron. «Él andaba su cámara en la mochila, pero no se sabe donde está», sotuvo el rector de la UES.
Consideró que fueron provocados y eso hizo que los jóvenes y población sintiera una euforia y se caldearan los ánimos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
