Nacionales
Esta es la respuesta de la PNC al «ultimátum» de Nayib Bukele sobre detención de estudiantes de la UES
El presidente electo, Nayib Bukele, exigió en redes sociales la liberación de los dos jóvenes que fueron detenidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al protagonizar desórdenes en la entrada de la Asamblea Legislativa, por su parte el jefe de la delegación policial de San Salvador Centro, Juan Carlos Arévalo expresó que «Estamos actuando apegados a la ley».
Arévalo dijo que durante el procedimiento y la detención de los jóvenes, se actuó en el marco legal y que ellos como miembros de la corporación policial desean contribuir de la mejor manera para evitar daños en las personas o de la propiedad privada.
«Contamos con testigos oculares y videos de los desórdenes que habrían cometido los dos jóvenes detenidos», dijo el jefe de la delegación Centro.
Con respecto a los detenidos, Arévalo sostuvo que no tienen récord delictivo, y que uno de ellos es estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES); mientras que el otro no lo es.
«A los dos se les dará un trato legible y estarán en unas bartolinas distintas y alejados de los reos debido a situaciones de seguridad. La Policía será garante del respeto a los derechos de los jóvenes, a las consideraciones del caso, así como a la visita de sus familiares, ya que no se trata de personas con récord delictivo», detalló.
El jefe policial también dijo que se debe estar sujetos a mecanismos de control, para garantizar que los involucrados respondan por sus actos.
Ambos serán acusados de haber quebrado cuatro ventanas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y haber dañado diez vehículos durante una protesta por la privatización del agua realizada realizada por estudiantes de la UES y de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa.
Los jóvenes serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas la diligencias el miércoles por la tarde.
Postura del rector de la UES
Por su parte el rector de la UES, Roger Arias, intercedió por los dos jóvenes detenidos y exigió de las autoridades que se respeten los derechos, se garantice el debido proceso de los detenidos y que sean individualizado en los delitos a enfrentar.
Arias detalló que uno de los detenidos es José Luis Bernal Martínez, quien es estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, mientras que el otro joven lo identificó sólo con el apellido de Martínez, pero aclaró que no es estudiante.
El rector de la UES contó ante los medios de comunicación que Bernal Martínez realizaba su prácticas de Periodismo durante la protesta, pero según él, al observar de la forma brutal en que agentes de la UMO detuvieron a Martínez, decidió sacar su cámara y hacer fotos y por eso lo detuvieron. «Él andaba su cámara en la mochila, pero no se sabe donde está», sotuvo el rector de la UES.
Consideró que fueron provocados y eso hizo que los jóvenes y población sintiera una euforia y se caldearan los ánimos.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
