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Esta es la respuesta de la PNC al «ultimátum» de Nayib Bukele sobre detención de estudiantes de la UES
El presidente electo, Nayib Bukele, exigió en redes sociales la liberación de los dos jóvenes que fueron detenidos por miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) al protagonizar desórdenes en la entrada de la Asamblea Legislativa, por su parte el jefe de la delegación policial de San Salvador Centro, Juan Carlos Arévalo expresó que «Estamos actuando apegados a la ley».
Arévalo dijo que durante el procedimiento y la detención de los jóvenes, se actuó en el marco legal y que ellos como miembros de la corporación policial desean contribuir de la mejor manera para evitar daños en las personas o de la propiedad privada.
«Contamos con testigos oculares y videos de los desórdenes que habrían cometido los dos jóvenes detenidos», dijo el jefe de la delegación Centro.
Con respecto a los detenidos, Arévalo sostuvo que no tienen récord delictivo, y que uno de ellos es estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES); mientras que el otro no lo es.
«A los dos se les dará un trato legible y estarán en unas bartolinas distintas y alejados de los reos debido a situaciones de seguridad. La Policía será garante del respeto a los derechos de los jóvenes, a las consideraciones del caso, así como a la visita de sus familiares, ya que no se trata de personas con récord delictivo», detalló.
El jefe policial también dijo que se debe estar sujetos a mecanismos de control, para garantizar que los involucrados respondan por sus actos.
Ambos serán acusados de haber quebrado cuatro ventanas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y haber dañado diez vehículos durante una protesta por la privatización del agua realizada realizada por estudiantes de la UES y de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa.
Los jóvenes serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas la diligencias el miércoles por la tarde.
Postura del rector de la UES
Por su parte el rector de la UES, Roger Arias, intercedió por los dos jóvenes detenidos y exigió de las autoridades que se respeten los derechos, se garantice el debido proceso de los detenidos y que sean individualizado en los delitos a enfrentar.
Arias detalló que uno de los detenidos es José Luis Bernal Martínez, quien es estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, mientras que el otro joven lo identificó sólo con el apellido de Martínez, pero aclaró que no es estudiante.
El rector de la UES contó ante los medios de comunicación que Bernal Martínez realizaba su prácticas de Periodismo durante la protesta, pero según él, al observar de la forma brutal en que agentes de la UMO detuvieron a Martínez, decidió sacar su cámara y hacer fotos y por eso lo detuvieron. «Él andaba su cámara en la mochila, pero no se sabe donde está», sotuvo el rector de la UES.
Consideró que fueron provocados y eso hizo que los jóvenes y población sintiera una euforia y se caldearan los ánimos.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
