Judicial
«Eran labores de trabajo asignados por el fiscal general” declaró Raúl Melara sobre los viajes que el ex fiscal Luis Martínez y otros jefes fiscales realizaron en aviones privados
De acuerdo a una entrevista publicada esta mañana en el periódico digital EL FARO, el actual Fiscal General de la República Raúl Melara, al ser cuestionado sobre los viajes que distintos jefes fiscales realizaron en los aviones del empresario Enrique Rais y otros reconocidos empresarios, afirmó que: “…eran labores de trabajo… ni de placer, ni mucho menos personales… eran labores de trabajo asignados por el fiscal general”.
Asi mismo aseveró que la investigación del caso corruptela fue dirigida por Douglas Meléndez, “…quien decidió a quien acusar y a quien no”, al grado que inclusive su propia mano derecha (Jorge Cortez) también viajó en los aviones del empresario Enrique Rais por motivos oficiales y nunca le fue presentado ningun requerimiento fiscal.
El caso corruptela se ha sustentado en la hipótesis que los viajes realizados por el Ex fiscal Luis Martinez en aviones privados eran parte de una serie de “dádivas” que le fueron concedidas para actuar de manera arbitraria. Sin embargo, en sorpresivas aseveraciones el actual Fiscal General Raul Melara, al ser nuevamente cuestionado por periodistas de EL FARO, reconoció que “…es muy difícil que solo con un testigo (refiriéndose aparentemente a las aseveraciones de un TESTIGO CRITERIARO identificado como Tobías Menjivar que EL FARO ha citado para intentar vincular a distintos jefes fiscales), pueda corroborar que un hecho es cierto, porque hay que tener los elementos periféricos que nos permitan obtener la certeza de que alguien está involucrado en un acto delictivo o no.”
Al ser cuestionado además si “cree” que los jefes fiscales viajaron en los aviones de reconocidos empresarios (Enrique Rais incluido) por cuestiones laborales, el máximo Jefe Fiscal contestó tajantemente: “…no tengo otros elementos que me digan lo contrario. Y no es que les crea que eran cuestiones laborales, es que así consta en los viajes que hicieron. Hay declaraciones, hay evidencia, dada no por ellos, sino por otros testigos de cual era el motivo del viaje al que iban. No es que iban solos verdad.”
El caso corruptela, ha sufrido una serie de vaibenes. En semanas anteriores, los testigos claves (empleados fiscales) usados por la fiscalía para intentar vincular al empresario Enrique Rais y otros imputados afirmaron en un tribunal haber sido -bajo la administracion de Douglas Meléndez- obligados, torturados y coaccionados para ser testigos de cargo y aceptar bajo amenazas haber cometido ilicitos, con la finalidad de armar el caso “corruptela”·
Por otro lado -segun fuentes cercanas al caso- obra en el expediente de la causa evidencia que el Fiscal Luis Martínez, y otros jefes fiscales viajaron en aviones de una multiplicidad de reconocidos empresarios, siendo esto una practica usual en las administraciones fiscales por la evidente amezana a la seguridad de las jefaturas del Ministerio Público, circunstancia que jamas fue vista como delictiva.
El Fiscal General además, refiriéndose a temas de interés nacional y casos sonados en los cuales el periodista de EL FARO le increpa si la Fiscalia: “…si no hay pruebas… quitará la acusacion?”, declaró que efectivamente ha identificado “…personas que han sido injustamente procesadas… y que este no se trata de un tema ideologico, sino mas bien un tema de hacer lo que la constitucion nos manda…”
En otra linea de preguntas, al ser consultado sobre “audios” publicados por un sitio web autodenominado como “Revista Digital Factum”, con los que se pretendió vincular a distintos políticos y empresarios a actos irregulares, el Jefe del Ministerio Público cautelosamente manifestó que “…para poder determinar la autenticidad del audio, tienen que contar con el equipo necesario, para ver que sea autentico y ver no haya sido alterado….” Y que se deberán “…buscar otros elementos alrededor” para determinar si los mencionados en la nota de Factum son resposables de los hechos que se les imputan.
Agregó además que muchos políticos han hecho afirmaciones públicas sobre posibles actos de corrupción, pero que al ser entrevistados en sede fiscal “…no hubo mayor información”
La Fiscalía General de la República ha solicitado el dia 15 de enero apoyo de la recien creada CICIES para la investigación de delitos complejos, lo cual aparentemente suma a la opinión generalizada que los casos relevantes y emblamáticos de la nacion no estan siendo investigados con la seriedad que ameritan, o que son presentados de manera abrupta y sin sustento legal suficiente.
La entrevista completa, por el medio digital El Faro, puede verla aquí:
https://elfaro.net/es/202001/el_salvador/23928/%E2%80%9CLos-anteriores-fiscales-se-equivocaron-al-no-investigar-la-corrupci%C3%B3n-de-Arena%E2%80%9D.htm
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
