Judicial
«Eran labores de trabajo asignados por el fiscal general” declaró Raúl Melara sobre los viajes que el ex fiscal Luis Martínez y otros jefes fiscales realizaron en aviones privados
De acuerdo a una entrevista publicada esta mañana en el periódico digital EL FARO, el actual Fiscal General de la República Raúl Melara, al ser cuestionado sobre los viajes que distintos jefes fiscales realizaron en los aviones del empresario Enrique Rais y otros reconocidos empresarios, afirmó que: “…eran labores de trabajo… ni de placer, ni mucho menos personales… eran labores de trabajo asignados por el fiscal general”.
Asi mismo aseveró que la investigación del caso corruptela fue dirigida por Douglas Meléndez, “…quien decidió a quien acusar y a quien no”, al grado que inclusive su propia mano derecha (Jorge Cortez) también viajó en los aviones del empresario Enrique Rais por motivos oficiales y nunca le fue presentado ningun requerimiento fiscal.
El caso corruptela se ha sustentado en la hipótesis que los viajes realizados por el Ex fiscal Luis Martinez en aviones privados eran parte de una serie de “dádivas” que le fueron concedidas para actuar de manera arbitraria. Sin embargo, en sorpresivas aseveraciones el actual Fiscal General Raul Melara, al ser nuevamente cuestionado por periodistas de EL FARO, reconoció que “…es muy difícil que solo con un testigo (refiriéndose aparentemente a las aseveraciones de un TESTIGO CRITERIARO identificado como Tobías Menjivar que EL FARO ha citado para intentar vincular a distintos jefes fiscales), pueda corroborar que un hecho es cierto, porque hay que tener los elementos periféricos que nos permitan obtener la certeza de que alguien está involucrado en un acto delictivo o no.”
Al ser cuestionado además si “cree” que los jefes fiscales viajaron en los aviones de reconocidos empresarios (Enrique Rais incluido) por cuestiones laborales, el máximo Jefe Fiscal contestó tajantemente: “…no tengo otros elementos que me digan lo contrario. Y no es que les crea que eran cuestiones laborales, es que así consta en los viajes que hicieron. Hay declaraciones, hay evidencia, dada no por ellos, sino por otros testigos de cual era el motivo del viaje al que iban. No es que iban solos verdad.”
El caso corruptela, ha sufrido una serie de vaibenes. En semanas anteriores, los testigos claves (empleados fiscales) usados por la fiscalía para intentar vincular al empresario Enrique Rais y otros imputados afirmaron en un tribunal haber sido -bajo la administracion de Douglas Meléndez- obligados, torturados y coaccionados para ser testigos de cargo y aceptar bajo amenazas haber cometido ilicitos, con la finalidad de armar el caso “corruptela”·
Por otro lado -segun fuentes cercanas al caso- obra en el expediente de la causa evidencia que el Fiscal Luis Martínez, y otros jefes fiscales viajaron en aviones de una multiplicidad de reconocidos empresarios, siendo esto una practica usual en las administraciones fiscales por la evidente amezana a la seguridad de las jefaturas del Ministerio Público, circunstancia que jamas fue vista como delictiva.
El Fiscal General además, refiriéndose a temas de interés nacional y casos sonados en los cuales el periodista de EL FARO le increpa si la Fiscalia: “…si no hay pruebas… quitará la acusacion?”, declaró que efectivamente ha identificado “…personas que han sido injustamente procesadas… y que este no se trata de un tema ideologico, sino mas bien un tema de hacer lo que la constitucion nos manda…”
En otra linea de preguntas, al ser consultado sobre “audios” publicados por un sitio web autodenominado como “Revista Digital Factum”, con los que se pretendió vincular a distintos políticos y empresarios a actos irregulares, el Jefe del Ministerio Público cautelosamente manifestó que “…para poder determinar la autenticidad del audio, tienen que contar con el equipo necesario, para ver que sea autentico y ver no haya sido alterado….” Y que se deberán “…buscar otros elementos alrededor” para determinar si los mencionados en la nota de Factum son resposables de los hechos que se les imputan.
Agregó además que muchos políticos han hecho afirmaciones públicas sobre posibles actos de corrupción, pero que al ser entrevistados en sede fiscal “…no hubo mayor información”
La Fiscalía General de la República ha solicitado el dia 15 de enero apoyo de la recien creada CICIES para la investigación de delitos complejos, lo cual aparentemente suma a la opinión generalizada que los casos relevantes y emblamáticos de la nacion no estan siendo investigados con la seriedad que ameritan, o que son presentados de manera abrupta y sin sustento legal suficiente.
La entrevista completa, por el medio digital El Faro, puede verla aquí:
https://elfaro.net/es/202001/el_salvador/23928/%E2%80%9CLos-anteriores-fiscales-se-equivocaron-al-no-investigar-la-corrupci%C3%B3n-de-Arena%E2%80%9D.htm
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
