Judicial
ENLOQUECIERON: Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Cuando Medicina Legal les realizó los análisis toxicológicos a ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Con una dosis de cocaína en la sangre, un abogado de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y un empleado de Sykes fueron llevados a los tribunales luego de proporcionarle una golpiza a una maestra de Chalatenango, tras un percance vehicular en un centro comercial de la colonia Escalón. Los hombres intentaron escapar, pero otro conductor les bloqueó el paso.
Angelo V., de 27 años de edad, y Mauricio D., de 31, nunca se percataron que sus acciones y el abuso de las drogas los llevarían a estar detenidos durante unos días. Ahora llevan un proceso judicial en su contra por haber agredido a la profesora.
Según el expediente judicial del caso, antes de que todo pasara se habían reunido después del trabajo para ingerir cocaína y estar el resto del día bajo sus efectos, pero no advirtieron que en su camino se cruzaría Esmeralda (nombre modificado por seguridad), una maestra de una escuela pública del norte del país que realizaba diligencias personales en la capital.
El primero era un operador del callcenter, Sykes, quien había ingresado a trabajar en 2015. Es originario de San Miguel y muchos años atrás había migrado a la capital.
Un día conoció a Mauricio, un colaborador jurídico de ANDA desde el 2017. Su relación era buena y compartían los mismos gustos por lo que decidieron compartir el alquiler de una apartamento en Santa Tecla.
“Tenés que atenerte a las consecuencias”
Según el expediente judicial, fue a las 7:00 de la noche de lunes 28 de enero del 2019 cuando todo ocurrió. Esa noche Esmeralda se encontraba dentro del centro comercial ubicado sobre el Paseo General Escalón, se subió a su carro, lo encendió, comenzó a retroceder y fue ahí cuando de manera errática aparecieron Angelo y Mauricio a bordo de su vehículo. De pronto, hubo una colisión entre ambos automotores.
En esa ocasión, Mauricio era el que conducía y al saber del golpe se bajó con un semblante furioso. “Fijate donde te mueves, no te fijas”, le dijo a la mujer mientras se aproximaba a ella dando puños a la carrocería de su automóvil. Angelo observaba y esperaba en el asiento del copiloto.
Esmeralda le explicó que solo había sido “un tope” y que no le había ocasionado ningún tipo de daño, pero las explicaciones no le valieron al aquel hombre. Al ver que la furia se iba apoderando de Mauricio, ella prefirió darle $25. Él se negó a la propuesta. “Por lo menos esto vale $30”, le refutó. Ella aceptó.
“Vieja loca, estúpida”, le gritó él cuando la profesora fue a traer el dinero al carro. Esto la enfureció y le pidió de favor que no la insultara de esa manera. “Vos no sabes con quién te has metido, tienes que atenerte a las consecuencias”, le replicó.
Según el relato de lo ocurrido, la profesora como un acto de defensa tomó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de él y de las placas del vehículo. En ese momento, Angelo dejó de ser un espectador y decidió ser parte del asunto junto con su amigo.
Esto desató en una explosión de la furia del abogado quien, sin decir ni una sola palabra, le dio un golpe directo en la cara a la mujer, que la llevó directamente hacia el pavimento del estacionamiento. Su amigo, mientras tanto, la tomó de la blusa y la levantó solo para que Mauricio le volviera a dar un gancho en el rostro.
Al darse cuenta de lo que habían hecho, los dos decidieron darse a la fuga dejando a la mujer ensangrentada y a punto de perder la conciencia. Otro automovilista que iba pasando se percató y para que estos no escaparan se atravesó en su camino. Los dos victimarios comenzaron a gritar y a tocar el claxon sin tener éxito.
El arresto y su proceso judicial
La mujer dio aviso a los escasos vigilantes de seguridad. Fue minutos después la policías llegaron al lugar y detuvieron a los dos sujetos en flagrancia.
El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) señaló que Esmeralda tenía un traumatismo contuso en el área de la nariz y que debía guardar reposo por al menos 10 días. Ella señaló que se sentía frustrada, ya que no podría presentase a trabajar con las heridas en su rostro. “Por respeto a los niños”, señaló.
El abogado y el operador fueron llevados a las bartolinas, donde permanecieron por unas cuantas horas previo a la audiencia inicial en la cual se les decretó la libertad condicional y deberán de presentarse a los tribunales cada ocho días por los delitos de lesiones y amenazas.
Cuando IML les realizó los análisis toxicológicos ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Ahora enfrentan un caso de lesiones
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
