Judicial
ENLOQUECIERON: Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Cuando Medicina Legal les realizó los análisis toxicológicos a ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Con una dosis de cocaína en la sangre, un abogado de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y un empleado de Sykes fueron llevados a los tribunales luego de proporcionarle una golpiza a una maestra de Chalatenango, tras un percance vehicular en un centro comercial de la colonia Escalón. Los hombres intentaron escapar, pero otro conductor les bloqueó el paso.
Angelo V., de 27 años de edad, y Mauricio D., de 31, nunca se percataron que sus acciones y el abuso de las drogas los llevarían a estar detenidos durante unos días. Ahora llevan un proceso judicial en su contra por haber agredido a la profesora.
Según el expediente judicial del caso, antes de que todo pasara se habían reunido después del trabajo para ingerir cocaína y estar el resto del día bajo sus efectos, pero no advirtieron que en su camino se cruzaría Esmeralda (nombre modificado por seguridad), una maestra de una escuela pública del norte del país que realizaba diligencias personales en la capital.
El primero era un operador del callcenter, Sykes, quien había ingresado a trabajar en 2015. Es originario de San Miguel y muchos años atrás había migrado a la capital.
Un día conoció a Mauricio, un colaborador jurídico de ANDA desde el 2017. Su relación era buena y compartían los mismos gustos por lo que decidieron compartir el alquiler de una apartamento en Santa Tecla.
“Tenés que atenerte a las consecuencias”
Según el expediente judicial, fue a las 7:00 de la noche de lunes 28 de enero del 2019 cuando todo ocurrió. Esa noche Esmeralda se encontraba dentro del centro comercial ubicado sobre el Paseo General Escalón, se subió a su carro, lo encendió, comenzó a retroceder y fue ahí cuando de manera errática aparecieron Angelo y Mauricio a bordo de su vehículo. De pronto, hubo una colisión entre ambos automotores.
En esa ocasión, Mauricio era el que conducía y al saber del golpe se bajó con un semblante furioso. “Fijate donde te mueves, no te fijas”, le dijo a la mujer mientras se aproximaba a ella dando puños a la carrocería de su automóvil. Angelo observaba y esperaba en el asiento del copiloto.
Esmeralda le explicó que solo había sido “un tope” y que no le había ocasionado ningún tipo de daño, pero las explicaciones no le valieron al aquel hombre. Al ver que la furia se iba apoderando de Mauricio, ella prefirió darle $25. Él se negó a la propuesta. “Por lo menos esto vale $30”, le refutó. Ella aceptó.
“Vieja loca, estúpida”, le gritó él cuando la profesora fue a traer el dinero al carro. Esto la enfureció y le pidió de favor que no la insultara de esa manera. “Vos no sabes con quién te has metido, tienes que atenerte a las consecuencias”, le replicó.
Según el relato de lo ocurrido, la profesora como un acto de defensa tomó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de él y de las placas del vehículo. En ese momento, Angelo dejó de ser un espectador y decidió ser parte del asunto junto con su amigo.
Esto desató en una explosión de la furia del abogado quien, sin decir ni una sola palabra, le dio un golpe directo en la cara a la mujer, que la llevó directamente hacia el pavimento del estacionamiento. Su amigo, mientras tanto, la tomó de la blusa y la levantó solo para que Mauricio le volviera a dar un gancho en el rostro.
Al darse cuenta de lo que habían hecho, los dos decidieron darse a la fuga dejando a la mujer ensangrentada y a punto de perder la conciencia. Otro automovilista que iba pasando se percató y para que estos no escaparan se atravesó en su camino. Los dos victimarios comenzaron a gritar y a tocar el claxon sin tener éxito.
El arresto y su proceso judicial
La mujer dio aviso a los escasos vigilantes de seguridad. Fue minutos después la policías llegaron al lugar y detuvieron a los dos sujetos en flagrancia.
El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) señaló que Esmeralda tenía un traumatismo contuso en el área de la nariz y que debía guardar reposo por al menos 10 días. Ella señaló que se sentía frustrada, ya que no podría presentase a trabajar con las heridas en su rostro. “Por respeto a los niños”, señaló.
El abogado y el operador fueron llevados a las bartolinas, donde permanecieron por unas cuantas horas previo a la audiencia inicial en la cual se les decretó la libertad condicional y deberán de presentarse a los tribunales cada ocho días por los delitos de lesiones y amenazas.
Cuando IML les realizó los análisis toxicológicos ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Ahora enfrentan un caso de lesiones
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
