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Embajada de EE. UU. intentó, con Jean Manes, presionar a El Salvador
La embajada de Estados Unidos intentó presionar al Estado salvadoreño por medio de Jean Manes, quien fungía como encargada de Negocios, en temas sensibles de país, que van desde la liberación de políticos detenidos por negociar con pandillas, la no ejecución de juicios contra exfuncionarios, la no reelección del fiscal general de la república, entre otros.
El presidente de la república, Nayib Bukele, informó ayer en Twitter que en la última reunión que sostuvo con Manes, antes del 16 de septiembre pasado, la diplomática estadounidense le pidió la liberación del exalcalde por ARENA de San Salvador Ernesto Muyshondt, así como la no reelección del fiscal Rodolfo Delgado.
Además, le pidió a Bukele que no se procediera en contra del expresidente de la república Alfredo Cristiani, también del partido ARENA, ni contra el exfiscal general Douglas Meléndez.
El mandatario indicó que Manes solicitó detener los arrestos de exfuncionarios areneros y efemelenistas implicados en el caso de los sobresueldos financiados con gastos reservados de Casa Presidencial durante administraciones anteriores.
Muyshondt guarda prisión acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, derivados de negociaciones con pandillas en el marco de la elección presidencial de 2014, caso que también salpica al entonces candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano. Delgado, por su parte, fue elegido por la Asamblea Legislativa como fiscal general de la república el pasado 1.º de mayo, en sustitución de Raúl Melara, quien previo a su nombramiento mantuvo constantes acercamientos con el partido tricolor, del cual también fue financista.
Melara fue asesor jurídico de la campaña presidencial del candidato de ARENA Carlos Calleja en la pasada elección.
En tanto, Cristiani, quien ganó la presidencia con la bandera tricolor en 1989, es señalado de haber recibido $5.5 millones de fondos de la partida secreta de Casa Presidencial casi al final de su mandato.
También podría enfrentar la justicia por el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, cometida el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva armada del FMLN.
Por otra parte, Meléndez ha sido denunciado ante el ministerio público por omisión de investigación, fraude procesal y falso testimonio.
El exfiscal fue señalado de manipular las investigaciones en el caso de corrupción que condenó al expresidente Antonio Saca. Bukele dijo que ante estas peticiones le dijo a Manes que «no tenía facultad para liberar a Ernesto Muyshondt […], que creía que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo […], que no tenía nada personal contra Alfredo Cristiani ni contra Douglas Meléndez […], que no intercedería ante la Fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos».
Otra de las solicitudes de la encargada de Negocios fue que no se aprobara la ley de agentes extranjeros, con la que se busca transparentar los fondos que reciben organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales desarrollan actividades con fines políticos.
Tras la salida de Manes, Bukele recibió una solicitud de reunión de Brendan O’Brien, el nuevo encargado de Negocios de EE. UU. en nuestro país, a quien le manifestó que El Salvador sigue interesado en reparar la relación bilateral y le ofreció toda la cooperación posible. «Pero le recordé que nuestra independencia no está a la venta», indicó Bukele.
Por: Diario El Salvador.
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
