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El Salvador ha desbaratado varias estructuras regionales de tráfico de cocaína
El combate al tráfico internacional que protagonizan las autoridades de Seguridad ha permitido golpear al tráfico regional y desarticular a varias estructuras que se dedican al menudeo en el país, las cuales en su mayoría están vinculadas a las pandillas.
«Nosotros como salvadoreños, con ese liderazgo del presidente, Nayib Bukele, vamos a seguir encarando este fenómeno y esa misma coherencia de combatir el tráfico internacional también nos lleva a combatir fuertemente a todas estas estructuras regionales», explicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Solo en lo que va la gestión de Bukele, las autoridades han incautado más de 30 toneladas de diversos tipos de droga. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, asegura que las acciones de narcotráfico abarcaban a pandillas que se involucraban también con pescadores para el desembarco de drogas destinadas a la distribución local.
Merino Monroy asegura que la ausencia de autoridades que hubo en gestiones anteriores propició el crecimiento de las pandillas y el cometimiento de ilícitos. Mientras que actualmente, resguardar el territorio marino hasta las 200 millas náuticas que le corresponde al país evita que las pandillas sigan haciendo transacciones con los narcotraficantes.
Solo en lo que va de este año al menos dos estructuras regionales dedicadas al tráfico de drogas han sido desarticuladas. El más reciente golpe sucedió el pasado viernes 7 de abril cuando las autoridades ubicaron a un grupo de traficantes en Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, a quienes se les decomisó en total 175 kg de cocaína en dos intervenciones hechas por las autoridades.
«La semana pasada combatimos a una estructura de tráfico regional; en una primera intervención se decomisaron 100 kilos de cocaína, se decomisaron cinco vehículos, todos involucrados, dándole seguridad en el desplazamiento. Se detuvo a seis personas», mencionó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La Policía ubicó a esta estructura frente a la Embajada de los Estados Unidos en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, donde trasladaban 100 kg de droga. El ministro Villatoro, explicó en ese momento que la droga incautada tenía un valor aproximado de $2.5 millones.
Durante el procedimiento se capturó a José Carlos Beltrán Flores, Roberto Eduardo Abarca Rivera, José Rigoberto Flores Girón, Henry Antonio Umaña Lobo, Mercedes Eugenia Flores Soriano y Roberto Ayala Serrano, a quien se le encontró un arma ilegal.
En febrero pasado, las autoridades lograron desmantelar a otra estructura narcotraficante que operaba regionalmente y que en El Salvador proveía cocaína a la MS.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que esta estructura era investigada desde el 2016 y que en octubre del año pasado y el 22 de febrero de este año, se logró dar fin con la misma, ya que se capturó a los cabecillas. Solo en la última intervención en una residencia de Bosques de Santa Elena sur, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, las autoridades les decomisaron 7 kg de cocaína; 4 fusiles; 1 pistola; 2 escopetas; 1 fusil de aire; 6 teléfonos celulares; 1 balanza y 9 vehículos.
Este caso está relacionado a un procedimiento desarrollado en octubre del 2022 en la colonia Santa Clara en Cojutepeque, donde Juan Alfredo Amaya Pineda, otro de los líderes, escondía en su casa 39 kilogramos de cocaína valuados en aproximadamente $975 mil.
En abril pasado también las autoridades capturaron a los hermanos David Isaac Renderos Reyes, alias «Barbas», y Salvador Alexis Renderos Reyes, alias «Pato», dos colaboradores de la MS13 a quienes le incautaron droga valuada en más de $27,000. A los traficantes les incautaron abundantes porciones de marihuana, cocaína y crack; dinero en efectivo; teléfonos celulares; 1 motocicleta y 1 báscula para pesar droga.
«En la administración del Presidente Nayib Bukele la Fuerza Naval es cada vez más eficiente en la detección e incautación de drogas, a diferencia de Gobiernos anteriores que no se involucraban de lleno en esta labor», ha dicho Monroy.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
