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El Gobierno no aumentará el subsidio a los transportistas
El Gobierno mantiene la posición de no aumentar el subsidio que reciben los empresarios transportistas. El 30 de junio venció el período establecido en el decreto que da soporte legal a esta transferencia de fondos públicos, de manera que la discusión sobre su prórroga vuelve a sede legislativa. Por esta subvención, el Gobierno gasta más de $40 millones al año. En 11 años, han sido más de $485 millones.
“Definitivamente no habrá aumento al subsidio del transporte. Al contrario, creo que debe haber cambios a la entrega del subsidio del transporte”, comentó el titular del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes. “El Estado no aportará más de lo que (ya) da”, enfatizó el funcionario el jueves.
El origen de las transferencias de fondos públicos a los transportistas para prevenir que suba el pasaje puede trazarse hasta 1974. Sin embargo, el modelo actual (abonar una cantidad por cada vehículo) tuvo su origen en 2005. A pesar de los múltiples intentos para modernizar al sector, son pocos los transportistas que proveen un servicio digno, puntual y con unidades modernas.
Los empresarios están pidiendo que se aumente de $200 a $400 lo que reciben por cada microbús y de $400 a $800 lo que reciben por cada bus. Aseguran que, debido a las medidas de higiene que deben aplicar para prevenir contagios de covid-19 entre los usuarios, tendrán que hacer gastos excesivos que volverían a este servicio no rentable. El ministro de Hacienda explicó que no corresponde al Estado hacerse cargo de si un servicio (concesionado) es rentable, o no.
En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de seis meses para el decreto que le permite a estos empresarios continuar recibiendo el subsidio, mes a mes, con fondos públicos. En esa misma ocasión, los diputados dejaron fuera del decreto los requisitos que se le impondrían a los transportistas para mejorar el servicio y así recibir subsidio.
Datos oficiales muestran que el gasto anual por esta subvención aumentó en $15 millones, equivalentes a un 47.75 % de variación, en 11 años. En este período, el Estado gastó al menos $487.7 millones acumulados por el subsidio al transporte público. Este año, se ha previsto desembolsar $46.4 millones.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
