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El FMLN cree que decisión de abrir un nuevo juicio por la masacre de los jesuitas es una resolución política
Para la diputada del FMLN, Anabel Belloso, la aceptación del amparo interpuesto por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una acción política, por lo que el partido de izquierda no respalda la oportunidad que se abre para buscar justicia en el caso de la masacre de los jesuitas de la UCA, pese a que en el pasado abogada por llevar a juicio a los implicados en el hecho.
Belloso calificó la medida de la Sala como una acción orientada a fines políticos y alejada de la búsqueda de justicia, pese a que, con su decisión, la Sala de lo Constitucional reconoce el derecho de toda persona y la sociedad en general a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos.
“Lo que vemos ahora de parte del régimen de Bukele no es un compromiso real con la reparación o la resarcición de los derechos de las víctimas, sino que es el manejo malintencionado, siempre desde el punto de vista comunicacional, para generar cortinas de humo, desviar los temas que la gente está demandando con este tipo de situaciones”, dijo Belloso.
“En esto, creo que, como lo vimos hace unos días en el pleno, alrededor de un indulto que se había solicitado por alguien relacionado al caso de los jesuitas, el manejo fue más para genera la percepción en la población de que ellos tienen un compromiso en este tema, pero ellos no lo tienen”, agregó.
En estos días se ha dado a conocer que la Sala admitió la demanda presentada por el fiscal general contra la resolución que la Sala de lo Penal emitió el 8 de septiembre de 2020, mediante la cual declaró la nulidad absoluta del proceso penal instruido en el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas.
La Sala de lo Constitucional consideró que, con la resolución de la Corte Plena, se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad, generando un obstáculo al desarrollo del proceso penal correspondiente. El presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, confirmó la resolución de la Sala y la notificación que se ha hecho a todas las partes.
Con esta acción, la Sala abre un camino a la búsqueda de la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de la historia del período de la guerra civil en El Salvador. Esta acción llega luego que, pese a ejercer el poder del Órgano Ejecutivo durante 10 años, el FMLN no realizó acciones concretas para garantizar la reparación y justicia a víctimas del conflicto armado.
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Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
Bajo el objetivo de continuar siendo la mejor Corporación policial del continente, la Policía Nacional Civil (PNC) sigue preparando a nuevos agentes para fortalecer las labores de seguridad pública para ejecutar labores del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
En dicha sintonía, las autoridades de la Corporación policial graduaron, en todo el 2025, a 720 agentes pertenecientes a tres promociones, quienes de inmediato fueron incorporados a diferentes labores de seguridad.
El 10 de enero, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado por mandos de la Policía y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), juramentó y desplegó a 248 nuevos agentes.
Los agentes acababan de finalizar su fase de prácticas en las cuales se incorporaron a planes de seguridad en diferentes divisiones y unidades policiales. Además, se sumaron a dispositivos en zonas como reparto La Campanera, colonia 10 de Octubre y acciones operativas durante las festividades de fin de año.
«Luego de 5 años y haber ganado una guerra contra el principal enemigo de la sociedad, nuestra Policía se ha convertido en la mejor del continente americano, esto queridos jóvenes debe de comprometerlos a brindar un servicio de la mejor calidad», dijo el funcionario.
La Promoción 133 de la ANSP estaba conformada por 131 mujeres y 117 hombres, para un total de 248 nuevos agentes de policía. A este grupo se sumó el ascenso de cuatro oficiales a la categoría de subinspector.
En mayo, las autoridades juramentaron a la promoción 134 del nivel Básico, integrada por 144 hombres y 107 mujeres. En el acto, también se acreditó a cinco subinspectores.
«Como ministerio de Justicia y Seguridad, como dirección de Policía, este tipo de eventos nos enorgullecen y nos alegran, porque estamos incorporando a 251 nuevos jóvenes a esta carrera noble y heroica de ser policía. Para nosotros es una oportunidad donde celebramos que nuevas generaciones de salvadoreños están ingresando a la mejor Policía del continente americano, la Policía Nacional de El Salvador», indicó Villatoro.
En su discurso, el ministro de Seguridad destacó las grandes transformaciones que ha tenido el país y los cambios en la institución policial. Pidió a los nuevos agentes convertirse en la esperanza para los ciudadanos en las comunidades.
Otros 221 nuevos policías se sumaron a tareas de seguridad en el país desde el 17 de noviembre, con la graduación de la Promoción 135 de la ANSP.
«Ustedes son una nueva generación que vienen a una policía que ya no es la misma de la década de los noventa. Tienen que entender que el nuevo servicio policial pasa por la empatía hacia los salvadoreños, por no defraudar a estos millones de salvadoreños que como el mismo presidente Nayib Bukele reconoce, muchos de ellos solo tienen a Dios y a ustedes», aseguró Villatoro.
El nuevo grupo de policías estaba conformado por 183 hombres y 38 mujeres que fueron formados para tareas de seguridad pública y otros en áreas de investigación y análisis.
El 11 de diciembre se celebró el ascenso de 1,380 nuevos cabos que efectúan labores de mando a nivel nacional. De acuerdo con el ministro Villatoro, este proceso es parte de la estrategia de dignificación que impulsa el presidente Bukele al interior de la institución.
Los 1,380 cabos fueron llamados a conectar con la comunidad. «Hoy es un buen momento para renovar el compromiso del presidente Bukele y mi persona con ustedes. No tenemos que fallarle al país y a nuestras comunidades, ahora el país nos pertenece y los invito a que día con día den gracias a Dios por el país que tenemos y que hagamos las acciones necesarias para cuidar, sostener y defender lo que ahora tenemos», dijo Villatoro.
