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Denuncian ilegalidades en proceso de contratación de alcaldía de San Marcos que favoreció a empresa de Salume
El apoderado legal de la empresa BIOCAM TECNOLOGÍA, S.A hizo público este día la presentación de una denuncia ante el Concejo Municipal de San Marcos, departamento de San Salvador, para que se investiguen ciertas anomalías detectadas en las decisiones y procedimientos que fueron realizados por la Comisión Evaluadora de Ofetas en el marco de la licitación del servicio de disposición final de la basura que se genera en el municipio. Tales ilegalidades habrían servido para favorecer a la empresa de Salume que es la administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la denuncia contenida en el recurso de revisión interpuesto por BIOCAM, el Concejo Municipal nombró una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por cinco personas, cuatro que son parte como funcionarios y empleados de la alcaldía de San Marcos y el quinto, el Ing. José Buenaventura Pérez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); de lo cual existen dos actas de evaluación de fecha 21 de diciembre de 2021 en que no consta que el Ing. Buenaventura haya comparecido, sin embargo al cierre del documento al ser un requisito legal consignado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que todos los miembros de la comisión suscriban y firmen el acta, se coloca una relación que pretende hacer parecer que el delegado de OPAMSS estuvo presente pero no quiso firmar porque los temas tratados eran de orden legal y él es una persona que ve aspectos técnicos, lo que significa haber insertado información falsa a un documento de la administración municipal.
Estos documentos fueron clave para que el Concejo Municipal, siguiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora declarse desierta la licitación sin tomar en cuenta la oferta presentada por BIOCAM, a pesar que cumplía todos los requisitos legales y técnicos; asimismo, ofrecía mejores condiciones de contratación en cuanto a precio. Según el apoderado legal de la empresa reclamante, lo que ocurrió es que con ese documento que puede adolecer de falsedad ideológica, la Comisión sorprende al Concejo Municipal le hace creer que BIOCAM no cumple y pone como opción prorrogar una declaratoria de urgencia para mantener contrato con la empresa de Salume y seguir depositando en el basurero que se ubica en la zona del puerto de La Libertad. Las declaratorias de urgencia requieren una decisión razonada y justificada que no se hizo constar en el acuerdo, apuntada el apoderado legal.
De acuerdo al abogado de BIOCAM, la denuncia es por la presunta comisión de dos delitos, por falsedad ideológica y actos arbitrarios, de manera que solicita que se pueda citar al Ing. José Buenaventura Pérez, para que aclare si estuvo presente en la reunión o no; pues si no estuvo presente los demás miembros de la Comisión cometieron el delito de falsedad, pero si estuvo y no firmó este último habría incurrido en actos arbitrarios, ya que la LACAP es clara que todos los miembros deben firmar el acta y si alguien no está de acuerdo debe razonar su posición pero nunca dejará sin firma el documento porque de lo contrario carece de validez.
José Buenaventura Pérez, llegó a OPAMSS durante las administraciones municipales del FMLN y por más de veinte años se ha mantenido como empleado de la Unidad de Residuos Sólidos en esa institución, existiendo serios cuestionamientos sobre sus actuaciones y desempeño.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
