Nacionales
Denuncian ilegalidades en proceso de contratación de alcaldía de San Marcos que favoreció a empresa de Salume
El apoderado legal de la empresa BIOCAM TECNOLOGÍA, S.A hizo público este día la presentación de una denuncia ante el Concejo Municipal de San Marcos, departamento de San Salvador, para que se investiguen ciertas anomalías detectadas en las decisiones y procedimientos que fueron realizados por la Comisión Evaluadora de Ofetas en el marco de la licitación del servicio de disposición final de la basura que se genera en el municipio. Tales ilegalidades habrían servido para favorecer a la empresa de Salume que es la administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la denuncia contenida en el recurso de revisión interpuesto por BIOCAM, el Concejo Municipal nombró una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por cinco personas, cuatro que son parte como funcionarios y empleados de la alcaldía de San Marcos y el quinto, el Ing. José Buenaventura Pérez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); de lo cual existen dos actas de evaluación de fecha 21 de diciembre de 2021 en que no consta que el Ing. Buenaventura haya comparecido, sin embargo al cierre del documento al ser un requisito legal consignado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que todos los miembros de la comisión suscriban y firmen el acta, se coloca una relación que pretende hacer parecer que el delegado de OPAMSS estuvo presente pero no quiso firmar porque los temas tratados eran de orden legal y él es una persona que ve aspectos técnicos, lo que significa haber insertado información falsa a un documento de la administración municipal.
Estos documentos fueron clave para que el Concejo Municipal, siguiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora declarse desierta la licitación sin tomar en cuenta la oferta presentada por BIOCAM, a pesar que cumplía todos los requisitos legales y técnicos; asimismo, ofrecía mejores condiciones de contratación en cuanto a precio. Según el apoderado legal de la empresa reclamante, lo que ocurrió es que con ese documento que puede adolecer de falsedad ideológica, la Comisión sorprende al Concejo Municipal le hace creer que BIOCAM no cumple y pone como opción prorrogar una declaratoria de urgencia para mantener contrato con la empresa de Salume y seguir depositando en el basurero que se ubica en la zona del puerto de La Libertad. Las declaratorias de urgencia requieren una decisión razonada y justificada que no se hizo constar en el acuerdo, apuntada el apoderado legal.
De acuerdo al abogado de BIOCAM, la denuncia es por la presunta comisión de dos delitos, por falsedad ideológica y actos arbitrarios, de manera que solicita que se pueda citar al Ing. José Buenaventura Pérez, para que aclare si estuvo presente en la reunión o no; pues si no estuvo presente los demás miembros de la Comisión cometieron el delito de falsedad, pero si estuvo y no firmó este último habría incurrido en actos arbitrarios, ya que la LACAP es clara que todos los miembros deben firmar el acta y si alguien no está de acuerdo debe razonar su posición pero nunca dejará sin firma el documento porque de lo contrario carece de validez.
José Buenaventura Pérez, llegó a OPAMSS durante las administraciones municipales del FMLN y por más de veinte años se ha mantenido como empleado de la Unidad de Residuos Sólidos en esa institución, existiendo serios cuestionamientos sobre sus actuaciones y desempeño.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
