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Denuncian ilegalidades en proceso de contratación de alcaldía de San Marcos que favoreció a empresa de Salume
El apoderado legal de la empresa BIOCAM TECNOLOGÍA, S.A hizo público este día la presentación de una denuncia ante el Concejo Municipal de San Marcos, departamento de San Salvador, para que se investiguen ciertas anomalías detectadas en las decisiones y procedimientos que fueron realizados por la Comisión Evaluadora de Ofetas en el marco de la licitación del servicio de disposición final de la basura que se genera en el municipio. Tales ilegalidades habrían servido para favorecer a la empresa de Salume que es la administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la denuncia contenida en el recurso de revisión interpuesto por BIOCAM, el Concejo Municipal nombró una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada por cinco personas, cuatro que son parte como funcionarios y empleados de la alcaldía de San Marcos y el quinto, el Ing. José Buenaventura Pérez, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); de lo cual existen dos actas de evaluación de fecha 21 de diciembre de 2021 en que no consta que el Ing. Buenaventura haya comparecido, sin embargo al cierre del documento al ser un requisito legal consignado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que todos los miembros de la comisión suscriban y firmen el acta, se coloca una relación que pretende hacer parecer que el delegado de OPAMSS estuvo presente pero no quiso firmar porque los temas tratados eran de orden legal y él es una persona que ve aspectos técnicos, lo que significa haber insertado información falsa a un documento de la administración municipal.
Estos documentos fueron clave para que el Concejo Municipal, siguiendo la recomendación de la Comisión Evaluadora declarse desierta la licitación sin tomar en cuenta la oferta presentada por BIOCAM, a pesar que cumplía todos los requisitos legales y técnicos; asimismo, ofrecía mejores condiciones de contratación en cuanto a precio. Según el apoderado legal de la empresa reclamante, lo que ocurrió es que con ese documento que puede adolecer de falsedad ideológica, la Comisión sorprende al Concejo Municipal le hace creer que BIOCAM no cumple y pone como opción prorrogar una declaratoria de urgencia para mantener contrato con la empresa de Salume y seguir depositando en el basurero que se ubica en la zona del puerto de La Libertad. Las declaratorias de urgencia requieren una decisión razonada y justificada que no se hizo constar en el acuerdo, apuntada el apoderado legal.
De acuerdo al abogado de BIOCAM, la denuncia es por la presunta comisión de dos delitos, por falsedad ideológica y actos arbitrarios, de manera que solicita que se pueda citar al Ing. José Buenaventura Pérez, para que aclare si estuvo presente en la reunión o no; pues si no estuvo presente los demás miembros de la Comisión cometieron el delito de falsedad, pero si estuvo y no firmó este último habría incurrido en actos arbitrarios, ya que la LACAP es clara que todos los miembros deben firmar el acta y si alguien no está de acuerdo debe razonar su posición pero nunca dejará sin firma el documento porque de lo contrario carece de validez.
José Buenaventura Pérez, llegó a OPAMSS durante las administraciones municipales del FMLN y por más de veinte años se ha mantenido como empleado de la Unidad de Residuos Sólidos en esa institución, existiendo serios cuestionamientos sobre sus actuaciones y desempeño.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
