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Denuncian a mujer que dejó suelto a su perro y este atacó a una persona en Parque Bicentenario
A través de las redes sociales una joven denunció que su padre y el perrito de la familia, fueron atacados por otro can mientras daban un paseo al interior del parque Bicentenario en San Salvador.
De acuerdo con la denunciante, el perro agresivo andaba suelto y sin supervisión en el lugar, repentinamente se abalanzó contra el perrito de la joven y contra su padre, provocándoles algunas lesiones.
“El perro corrió hacia a nuestro perrito para atacarlo, mi papi trató de ponerlo sobre un carro para protegerlo pero ya lo había mordido, el perro entonces atacó fuertemente a mi papá”, expuso la joven.
Asegura además que la señora, dueña del perro, apareció sin darse cuenta de lo que había pasado. Sin embargo, al momento de tratar de pedirle la cartilla de vacunación, simplemente se desligó y les proporcionó un número telefónico que resultó ser falso.
Por si fuera poco, la familia afectada tuvo que incurrir en gastos médicos, tanto para la mascota, como para el padre de la chica. “Hoy fue mi papá quien es un hombre fuerte pero mañana podría ser alguno de sus hijos o sus mascotas”.
Afortunadamente, las autoridades de Bienestar Animal han intervenido y se han comprometido en ayudar a resolver esta situación.
Ayúdenos a compartir esta publicación y a dar con el paradero de esta señora, no solo para que pague por los daños, sino para que se haga responsable de sus actos y los de su mascota. @PNCSV @alcaldia_ss @bienestarsv @PrensaAMSS pic.twitter.com/9DCYaK9JqN
— Majo B (@MajoBarahona__) January 15, 2023
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
