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Nacionales

Defensoría del Consumidor ha realizado más de 3,200 verificaciones de precios en inicios de 2023

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En lo que va del presente año 2023, la Defensoría del Consumidor ha realizado más de 3,000 jornadas de verificación de precios de productos alimenticios y de la canasta básica en todo El Salvador, según señaló esta mañana el presidente de la institución, Ricardo Salazar.

El funcionario detalló que, en total, se han realizado 3,200 verificaciones hasta la fecha, continuando con los esfuerzos realizados durante el pasado año 2022, como parte de las medidas para proteger la economía familiar de los salvadoreños.

«Este es un esfuerzo que estamos realizando a escala nacional. En la semana hemos mantenido nuestras verificaciones en diferentes tipos de agentes y, particularmente, en este tipo de productos; tan importantes en la dieta de los salvadoreños. A la fecha, llevamos más de 3,200 verificaciones a escala nacional», comentó Salazar.

«Este es un esfuerzo que, durante este año, se ha mantenido para identificar las prácticas abusivas. De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, el incremento injustificado de precios puede ser sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos. Son cerca de 107 casos que ya fueron presentados al Tribunal Sancionador por prácticas abusivas y, también, por obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor», agregó.

Salazar encabezó este sábado una jornada de verificación de precios que la Defensoría del Consumidor llevó a cabo en una empresa de producción y distribución de huevos ubicada en el departamento de San Salvador.

La Defensoría del Consumidor constató hoy que el cartón de huevo mediano de 30 unidades de la marca Catalana tiene un precio final al consumidor de $4.85, mientras que el grande $5.00; y el extragrande $5.15.

Además, durante la verificación de este sábado, la Defensoría solicitó información relacionada con la operación comercial, principalmente sobre costos de producción, precio de venta e incrementos, así como la justificación del incremento, entre otros datos relevantes para la investigación.

La institución también reiteró que la obstaculización a las labores de inspección o la negación a entregar información como el incremento injustificado de precios se consideran como infracciones muy graves a la ley, siendo sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos.

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CAMPO PAGADO – Convocatoria a Asamblea General SCIS

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Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:

 

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Nacionales

Padres de familia respaldan operativos en el Inframen para evitar formación de pandillas

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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.

El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.

“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.

Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.

Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.

El caso

El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..

Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.

Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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