Judicial
Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales, Sindi Berenice García de Portillo por falsedad ideológica.
Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).
Tijiboy manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.
El informe de compras refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.
Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.
La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
