Judicial
Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales, Sindi Berenice García de Portillo por falsedad ideológica.
Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).
Tijiboy manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.
El informe de compras refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.
Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.
La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
