Judicial
Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales, Sindi Berenice García de Portillo por falsedad ideológica.
Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).
Tijiboy manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.
El informe de compras refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.
Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.
La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
