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Capturan a criminales que intentaron ocultar tatuajes de pandillas
Las autoridades han arrestado a ocho pandilleros que pretendieron ocultar o modificar los tatuajes alusivos a la mara por otros diseños, como religiosos y de animales, para pasar desapercibidos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
Uno de los detenidos es Felipe Isaí Flores Ascencio, alias Loco, de la pandilla 18, quien fue interceptado en el municipio de Santa Ana Centro; se hacía pasar como pastor en una iglesia en Chalchuapa.
Flores Ascencio ocultó tatuajes del grupo terrorista, pero no pudo esconder su historial delictivo que data de 2006 por hurto, posesión y tenencia de drogas por el cual fue detenido en dos ocasiones. Será procesado por agrupaciones ilícitas.
Herbert Vladimir Recinos Pérez, alias Sarampión o Blazer, un gatillero (asesino) de la pandilla 18 fue ubicado en el cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro. Tiene antecedentes por robo agravado y otros delitos; su actuar criminal inició en los años 90, trató de modificar los tatuajes con otro diseño.
Otro que pretendió modificar las marcas del grupo criminal es Félix Yoel Cortez Quinteros, alias Flaco, quien es acusado de atentar contra la vida de policías en 2016. Fue arrestado en el distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán Sur.
Narciso Eugenio Flores Rodríguez, alias Chungui, se marcó la espalda con un 18, y en su fracasado intento por borrar la marca, esta quedó más evidente. Posee antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas, extorsión y robo agravado; fue capturado en el distrito de San Juan Nonualco, La Paz Este.
OTRAS DETENCIONES
Irwing Alexander Axume, alias El Negro, se mostraba como repartidor de comida, y al ser intervenido por la Fuerza Armada en la Urbanización Guayacán, distrito de Soyapango, San Salvador Este, se supo que es un extorsionista de la Mara Salvatrucha; un tatuaje en su labio inferior lo delató como criminal.
Mientras que Amílcar Armando Nolasco Chicas, quien hasta antes de la guerra contra las pandillas mostró con orgullo sus tatuajes de la MS, quiso modificarlos con imágenes religiosas y de animales. Lo interceptaron en el cantón San Antonio Las Iglesias, distrito de San Luis de La Reina, San Miguel Norte.
Por su parte, Luis Miguel Hernández, alias Jocote, fue descubierto cuando al dejar crecer su cabello pretendió ocultar el 18 tatuado en su cabeza. Fue señalado de extorsión y de distribuir drogas, durante un patrullaje lo arrestaron en el cantón Buena Vista, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este.
Finalmente, Israel Antonio Aldana López, apodado Extraño, lo detuvieron en el cantón San Francisco El Porfiado, distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro. Tiene antecedentes por extorsión y resistencia; los registros fotográficos de la PNC pusieron al descubierto la modificación de una marca MS.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
