Judicial
CAMPO PAGADO / Fiscal de caso Rais-Martínez reconoce ilegalidad en escuchas telefónicas
La Fiscalía reconoció públicamente la ilegalidad de las escuchas telefónicas que sirven de prueba en el caso Rais-Martínez.
La fiscal Ana Liliana Guadalupe Jovel Guzmán admitió ante el juez que ventila el proceso que el ministerio público usó las grabaciones pese a que sabía que eran ilegales.
La Ley Especial de Escuchas Telefónicas señala que las escuchas solo tienen vigencia por seis meses, aún así se presentaron como parte de la acusación contra el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
“Se pasaron los seis meses que establece el plazo de la ley y llegó el 14 de octubre que hablan los querellantes… y no hubo un fiscal operativo que conociera de esta investigación”.
Guadalupe Jovel Guzmán
La fiscal también reconoció que tampoco hubo un fiscal que conociera el caso, reconoció que las escuchas utilizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los procesados son ilegales, porque conforme con el articulo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas (LEIT), ya se había vencido el plazo de seis meses para que estas puedan ser utilizadas. “
Es decir, la Fiscalía violó la normativa de escuchas. Tras la declaración de la funcionaria, los defensores preguntan si las escuchas también han sido alteradas o editadas.
Desde el principio han pedido que se invaliden las escuchas por lo que insisten en esta petición al juez.
Por su parte, los abogados del empresario Enrique Rais han reiterado que las escuchas telefónicas que la Fiscalía han presentado en los juzgados como pruebas contra Rais son ilegales porque su cliente “no era sujeto de investigación”.
De acuerdo con los representantes legales de Rais, en similares circunstancias se encuentran los otros acusados en el proceso; Hugo Ernesto Blanco, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros y Mauricio Álvarez Gálvez por quienes la FGR no solicitó autorización en su momento para realizar escuchas telefónicas.
Fue hasta 16 meses después cuando Will Walter Ruiz y exfiscal general Douglas Meléndez pidieron a los fiscales que fabricaran el caso contra Enrique Rais.
Prueba de ello es que las declaraciones de los fiscales difieren y cambian radicalmente en lo dicho en agosto de 2016, con las declaraciones de ahora como imputados.
Por eso está claro que el licenciado Campos Crespo reconoció en su derecho de última palabra en su defensa que él se tomó la responsabilidad y no informó al ex Fiscal Luis Martínez.
Lic. Hernán Cortez
Apoderado de Enrique Rais
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
