Judicial
CAMPO PAGADO / Fiscal de caso Rais-Martínez reconoce ilegalidad en escuchas telefónicas
La Fiscalía reconoció públicamente la ilegalidad de las escuchas telefónicas que sirven de prueba en el caso Rais-Martínez.
La fiscal Ana Liliana Guadalupe Jovel Guzmán admitió ante el juez que ventila el proceso que el ministerio público usó las grabaciones pese a que sabía que eran ilegales.
La Ley Especial de Escuchas Telefónicas señala que las escuchas solo tienen vigencia por seis meses, aún así se presentaron como parte de la acusación contra el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
“Se pasaron los seis meses que establece el plazo de la ley y llegó el 14 de octubre que hablan los querellantes… y no hubo un fiscal operativo que conociera de esta investigación”.
Guadalupe Jovel Guzmán
La fiscal también reconoció que tampoco hubo un fiscal que conociera el caso, reconoció que las escuchas utilizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los procesados son ilegales, porque conforme con el articulo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas (LEIT), ya se había vencido el plazo de seis meses para que estas puedan ser utilizadas. “
Es decir, la Fiscalía violó la normativa de escuchas. Tras la declaración de la funcionaria, los defensores preguntan si las escuchas también han sido alteradas o editadas.
Desde el principio han pedido que se invaliden las escuchas por lo que insisten en esta petición al juez.
Por su parte, los abogados del empresario Enrique Rais han reiterado que las escuchas telefónicas que la Fiscalía han presentado en los juzgados como pruebas contra Rais son ilegales porque su cliente “no era sujeto de investigación”.
De acuerdo con los representantes legales de Rais, en similares circunstancias se encuentran los otros acusados en el proceso; Hugo Ernesto Blanco, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros y Mauricio Álvarez Gálvez por quienes la FGR no solicitó autorización en su momento para realizar escuchas telefónicas.
Fue hasta 16 meses después cuando Will Walter Ruiz y exfiscal general Douglas Meléndez pidieron a los fiscales que fabricaran el caso contra Enrique Rais.
Prueba de ello es que las declaraciones de los fiscales difieren y cambian radicalmente en lo dicho en agosto de 2016, con las declaraciones de ahora como imputados.
Por eso está claro que el licenciado Campos Crespo reconoció en su derecho de última palabra en su defensa que él se tomó la responsabilidad y no informó al ex Fiscal Luis Martínez.
Lic. Hernán Cortez
Apoderado de Enrique Rais
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El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de Zaida Lisseth Candel de Amaya, quien fue encontrada culpable del delito de tráfico ilícito de droga.
La FGR señaló que a Candel de Amaya y su esposo, Luis Alfonso Amaya Pineda, le encontraron cocaína y marihuana, tras un registro realizado en su vivienda ubicada en la residencial Bosque de Santa Elena Sur, en Antiguo Cuscatlán.
En total fueron siete kilos y medio de cocaína y 6,075 gramos de marihuana, valorada la totalidad de la droga en $197,220.78.
«Como resultado del registro con prevención de allanamiento se localizaron siete paquetes rectangulares, casi aproximadamente un kilo de cocaína más 10 porciones y también 6,075 gramos de marihuana», detalló el fiscal del caso.
#Condena I La @FGR_SV presentó abundante prueba pericial, documental y testimonial para lograr que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla imponga esta pena. pic.twitter.com/02PWNIWGX6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025
Las investigaciones señalan que la pareja estaba ligada a una estructura de narcotráfico que transportaba droga desde países centroamericanos, entre ellos Panamá y Costa Rica.
«La sentencia que se ha obtenido es una pena de prisión de 12 años por su participación en el tráfico ilícito en la modalidad de almacenamiento», añadió el fiscal.
