Judicial
CAMPO PAGADO / Fiscal de caso Rais-Martínez reconoce ilegalidad en escuchas telefónicas
La Fiscalía reconoció públicamente la ilegalidad de las escuchas telefónicas que sirven de prueba en el caso Rais-Martínez.
La fiscal Ana Liliana Guadalupe Jovel Guzmán admitió ante el juez que ventila el proceso que el ministerio público usó las grabaciones pese a que sabía que eran ilegales.
La Ley Especial de Escuchas Telefónicas señala que las escuchas solo tienen vigencia por seis meses, aún así se presentaron como parte de la acusación contra el exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Rais.
“Se pasaron los seis meses que establece el plazo de la ley y llegó el 14 de octubre que hablan los querellantes… y no hubo un fiscal operativo que conociera de esta investigación”.
Guadalupe Jovel Guzmán
La fiscal también reconoció que tampoco hubo un fiscal que conociera el caso, reconoció que las escuchas utilizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los procesados son ilegales, porque conforme con el articulo 23 de la Ley Especial de Escuchas Telefónicas (LEIT), ya se había vencido el plazo de seis meses para que estas puedan ser utilizadas. “
Es decir, la Fiscalía violó la normativa de escuchas. Tras la declaración de la funcionaria, los defensores preguntan si las escuchas también han sido alteradas o editadas.
Desde el principio han pedido que se invaliden las escuchas por lo que insisten en esta petición al juez.
Por su parte, los abogados del empresario Enrique Rais han reiterado que las escuchas telefónicas que la Fiscalía han presentado en los juzgados como pruebas contra Rais son ilegales porque su cliente “no era sujeto de investigación”.
De acuerdo con los representantes legales de Rais, en similares circunstancias se encuentran los otros acusados en el proceso; Hugo Ernesto Blanco, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Ernesto Peña Ortiz, Hilda Guadalupe Trigueros y Mauricio Álvarez Gálvez por quienes la FGR no solicitó autorización en su momento para realizar escuchas telefónicas.
Fue hasta 16 meses después cuando Will Walter Ruiz y exfiscal general Douglas Meléndez pidieron a los fiscales que fabricaran el caso contra Enrique Rais.
Prueba de ello es que las declaraciones de los fiscales difieren y cambian radicalmente en lo dicho en agosto de 2016, con las declaraciones de ahora como imputados.
Por eso está claro que el licenciado Campos Crespo reconoció en su derecho de última palabra en su defensa que él se tomó la responsabilidad y no informó al ex Fiscal Luis Martínez.
Lic. Hernán Cortez
Apoderado de Enrique Rais
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Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
