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Judicial

Cámara resuelve sin lugar a escrito presentado por abogado en caso “jesuitas”

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La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, resolvió el escrito presentado el 26 de febrero del 2019, por el abogado Arnau Baulenas Bardia,  en calidad de querellante de Juan Antonio Ellacuría Beascoechea, quien es hermano del jesuita Ignacio Ellacuría Beascoechea (asesinado por militares salvadoreños durante la guerra civil).

El escrito fue presentado en el contexto de procedimiento recursivo, en virtud de tres apelaciones presentadas separadamente por los abogados  Lisandro Quintanilla, en calidad de defensor de los procesados, los coroneles retirados Juan Orlando Zepeda Herrera y Francisco Elena Fuentes; el otro recurso fue interpuesto por los abogados Juan Héctor Larios y Eduardo Cardoza Rodríguez, defensores de general Rafael Humberto Larios López.

                Y el último recurso fue planteado por el abogado José Mario Machado, defensor del expresidente  Alfredo Félix Cristiani  Burkard, contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador el 16 de abril del 2018, en la que se resolvió declarando sin lugar la excepción de cosa juzgada opuesta por los abogados Larios y Cardoza y, la excepciones de cosa juzgada y falta de acción opuesta por el abogado Quintanilla.

Asimismo, se declaró la nulidad absoluta del requerimiento fiscal presentado el 7 de diciembre del 2000 y de la audiencia inicial celebrada por el Juzgado 3° de Paz el 12 de diciembre del 2000, así como la resolución de la misma, consistente en el sobreseimiento definitivo, favorable a los procesados ya mencionados.

                El abogado Baulenas Bardia, interpuso un escrito solicitando de conformidad al artículo 173 del Código Procesal Penal, Pronto despacho, ante la falta de pronunciamiento de la resolución que resuelva los recursos de apelación mencionados, solicitando a la Cámara que se admitiera el escrito presentado y que se resuelva los recursos de apelación, interpuesta por los defensores en contra de la resolución del 16 de abril del 2018.

Al respecto la Cámara  resolvió declarar sin lugar la solicitud de pronto despacho realizada por Baulenas, manifestando diferentes motivos por los cuales se declaró no ha lugar, siendo uno de ellos “que se puede advertir que, el estudio, discusión  y resolución del presente caso, conllevó inevitablemente la postergación necesaria, para que los pronunciamientos que corresponden, se estructuren conforme a la aplicación objetiva e integral del derecho, caso cuya dificultad requiere evidentemente mayor amplitud temporal, dado a lo extensivo de los puntos impugnados”, reza la resolución.

                Por lo tanto la Cámara manifestó que se continúe con la liberación y resolución de las apelaciones del presente caso.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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