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Autoridades salvadoreñas han decomisado más de 250 armas de guerra a las pandillas
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 8 de enero de 2023, durante la implementación del régimen de excepción el Gabinete de Seguridad reporta la incautación de 2,066 armas de fuego a las pandillas, de dicho total, más de 250 es armamento de uso militar que estaba en manos de la delincuencia.
«A las estructuras criminales les hemos quitado 2,066 armas de fuego, de estás, les hemos decomisado más de 250 armas de guerra de uso privativo de la Fuerza Armada», informó el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
El pasado domingo, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó sobre la detención de dos pandilleros de la MS, luego que atacarán a un grupo de militares y policías que patrullaban el municipio de Santa Clara, en San Vicente.
El funcionario detalló que ambos delincuentes se encontraban en un campamento. A los pandilleros se les decomiso un fusil AK-47 y una pistola de 9 milímetros.
Mientras que, dos días antes, el 6 de enero, en San Juan Opico, La Libertad, la Policía reportó la captura de seis pandilleros armados que delinquían en la zona. A los delincuentes les incautaron un fusil AK-47 con su cargador y varios cartuchos, cinco celulares, una pistola y un cargador.
En los nueve meses de implementación del régimen, las autoridades también han decomisado más de 2,600 vehículos y más de 14,500 celulares.
«Los 2,607 vehículos incautados, son vehículos que actualmente está utilizando la Policía para combatir a las estructuras criminales, a quienes les hemos quitado también 14,557 celulares, estos teléfonos están siendo procesados y analizados para ver el tipo de información que tienen en sus dispositivos y bajo el control de la Fiscalía General de la República y el órgano Judicial. Además, le hemos quitado a las estructuras criminales $1.5 millones de dinero en efectivo», indicó Arriaza Chicas.
El director de la PNC señaló que para este 2023 continuarán con los decomisos y las capturas de pandilleros.
«Como institución policial decirle al pueblo salvadoreño vamos a continuar dentro de las facultades que la Constitución, las leyes y los protocolos de actuación nos permitan, vamos a seguir protegiendo las vidas y los bienes de las familias salvadoreñas, vamos a seguir capturando y desarticulando las estructuras criminales, no solo en El Salvador sino también en los países vecinos y en los países que están un poquito más lejos como México e inclusive Estados Unidos», apuntó Arriaza Chicas.
El funcionario destacó que gran parte de los logros obtenidos durante el régimen son gracias a la denuncia ciudadana, invitó a la población a seguir apoyando.
Más de 250 mujeres finalizaron el curso de Alfabetización en Derechos en el marco del proyecto «Empoderamiento Económico de las Mujeres en los municipios priorizados de El Salvador», el cual es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Unión Europea.
En la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, la constancia y el compromiso de 81 mujeres de Jicalapa, en la Libertad Costa; 100 mujeres de Colón en La Libertad Oeste; y 77 de Apaneca, en Ahuachapán Centro.
Las participantes completaron satisfactoriamente los módulos formativos orientados al conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de su autoestima, el liderazgo y la toma de decisiones, elementos clave para avanzar hacia una vida libre de violencia y con mayores oportunidades de autonomía económica.
«El proyecto tiene como objetivo fortalecer el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, impulsando su participación en el sector productivo en condiciones de igualdad y equidad», indicó la Aecid.
Por ello, desarrollan acciones orientadas a mejorar el acceso al trabajo remunerado y formal, apoyar emprendimientos liderados por mujeres, promover el conocimiento de sus derechos y contribuir a la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado.
El proyecto beneficiará a 5,600 mujeres de 23 municipios de los departamentos de Ahuachapán, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Morazán, Santa Ana, San Miguel, San Vicente y Usulután.
Este es un esfuerzo que es desarrollado con el apoyo del Gobierno de El Salvador a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).
Una mujer salvadoreña con ciudadanía estadounidense falleció este día en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, en las cercanías del desvío hacia Jiquilisco, en el departamento de Usulután.
La víctima fue identificada como Jessica Wendy Segovia, quien se conducía en un vehículo particular placas P 166B cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por un camión de carga pesada, generando un choque de gran magnitud.
Como resultado del percance, cinco personas más resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por cuerpos de socorro, quienes las trasladaron a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento legal en la zona y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.
Autoridades identificaron al hombre que perdió la vida tras un accidente ocurrido el pasado miércoles en la residencial Alpes Suizos, en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La víctima fue identificada como José Ángel Ramírez, de 62 años, quien realizaba labores de poda cuando una rama se desprendió y lo impactó en la cabeza, provocándole un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte de manera inmediata, según relataron testigos del hecho
El suceso generó consternación entre los residentes de la zona, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras el incidente. A pesar de la rápida notificación, el hombre ya no presentaba signos vitales al momento de ser evaluado.
De acuerdo con información preliminar, Ramírez no contaba con equipo de protección personal ni con las herramientas adecuadas para realizar este tipo de trabajo, lo que habría incrementado el riesgo del accidente. Especialistas en seguridad ocupacional reiteran la importancia de cumplir con las normas básicas de protección al ejecutar labores de poda o mantenimiento, especialmente en zonas residenciales.
Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar medidas de seguridad y a solicitar apoyo profesional cuando se realicen trabajos que impliquen riesgos, con el fin de prevenir hechos lamentables como este.
