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Autoridades ganan confianza de los salvadoreños por garantizar la seguridad
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (PNC) llevan a cabo su misión constitucional apegados al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de respeto a los derechos humanos, según la opinión de los salvadoreños reflejada en la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El régimen de excepción, que refuerza la estrategia de seguridad pública Plan Control Territorial, del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cuenta con el apoyo de soldados que junto con policías desarrollan tareas de seguridad y acompañamiento en todo el territorio nacional.
Los encuestados por el Iudop-UCA respondieron tres preguntas relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad: sobre si durante 2023 estuvieron expuestos a abuso policial o militar, si recibieron amenazas de aplicarles el régimen de excepción o si fueron detenidos injustificadamente.
El 98.4 % de los salvadoreños aseguró que no recibió maltrato físico ni fue golpeado por un agente policial, el 93.5 % afirmó no haber recibido maltrato verbal o insulto por parte de los agentes, mientras que el 83.9 % respondió no haber visto a policías maltratar físicamente a otra persona.
Según el mismo sondeo, el 98 % de los consultados dijo que no fue maltratado verbalmente ni recibió insulto de soldados durante el año pasado, el 99.2 % respondió que ningún soldado lo maltrató físicamente o lo golpeó, y el 88.2 % aseguró no haber visto a soldados maltratando físicamente a otra persona.
Asimismo, en los resultados de la encuesta del Iudop-UCA se consignó que el 93.9 % de la población expresó que durante el año recién pasado ni policías ni soldados le amenazó con aplicar el régimen de excepción o detenerlo injustificadamente.
Solo el 6.1 % opinó lo contrario.
La encuesta universitaria tuvo como objetivo evaluar la situación del país en 2023. Fue hecha del 9 al 22 de diciembre último a 1,280 personas a escala nacional, con un nivel de confianza de 95 %.
De acuerdo con la evaluación, los salvadoreños otorgaron una nota de 8.02 al trabajo de la Fuerza Armada, mientras que la Policía recibió una calificación de 7.84.
«Mientras más segura o muy segura se siente la gente en el país, y mientras más opine que la inseguridad disminuyó, es mejor la opinión y la confianza que tienen [los salvadoreños] con respecto a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil [PNC]», comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, al referirse a la ponderación que reciben la institución policial y la castrense.
Estos resultados, obtenidos de un estudio llevado a cabo por una institución académica crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, contrasta el discurso de la oposición política y organismos afines, que afirman que las fuerzas de seguridad tienen mala evaluación por parte de la población debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con la aplicación del régimen de excepción.
Para los sociólogos y analistas René Martínez y Mauricio Rodríguez, tanto la Policía como la Fuerza Armada juegan un rol muy distinto al de décadas anteriores. «Hoy están en función de respetar los derechos del pueblo, en función social, y de construir democracia combatiendo el crimen y la corrupción», manifestó Martínez.
Rodríguez señaló que como salvadoreños «hoy tenemos una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada más capacitadas en el tema de derechos humanos, pero también más capacitadas en combatir delincuencia».
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
Nacionales
Protección Civil reporta más de 70 viviendas afectadas por lluvias y mantiene albergues activos en San Salvador y La Libertad
El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que entre el 16 y el 26 de junio se han registrado alrededor de 70 viviendas afectadas por las lluvias en diferentes zonas del país. Del total, 40 presentan anegamientos, 28 tienen daños leves y dos han sufrido daños mayores.
Además, como resultado de las condiciones climáticas, se han contabilizado 192 árboles caídos, 31 deslizamientos de tierra, 176 vías obstruidas, dos ríos desbordados, cinco muros perimetrales dañados y 13 vehículos afectados.
Actualmente, tres albergues permanecen activos: dos en San Salvador y uno en La Libertad, donde se resguardan 66 personas (38 adultos y 28 menores), pertenecientes a 26 familias.
Amaya destacó que la institución mantiene una red nacional de 180 albergues preequipados, con capacidad para atender dignamente a más de 10,000 personas en caso de emergencia. En los centros activos se brindan servicios básicos como kits de higiene, insumos esenciales y alimentación. También se entregan paquetes alimentarios a las familias que han retornado a sus hogares.
El titular de Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles riesgos en sus viviendas, especialmente si están ubicadas cerca de taludes, árboles de gran tamaño o estructuras vulnerables. Asimismo, recomendó tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales, incluyendo documentos personales y de propiedad.
Finalmente, recordó que ante cualquier eventualidad, la ciudadanía puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a los números 2281-0888 o 7070-3307, disponibles las 24 horas del día.
