Nacionales
Asamblea Legislativa aprueba reformas para sancionar a quienes elaboran grafitis sobre pandillas
Con el fin de ampliar la lista delitos cometidos por todos los miembros y colaboradores de las pandillas que delinquen en El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a iniciativa del presidente Nayib Bukele, presentó hoy en la Asamblea Legislativa dos iniciativas con reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
La primera de ellas ya fue aprobada con 63 votos a favor, se trata de una reforma al 345-C del Código Penal, con el fin de que se sancione la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas.
Con las reformas, el artículo dicta que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados», donde transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las maras o pandillas, con la finalidad de establecer un control territorial o amenazar a la población, serán sancionados con una pena de diez a quince años de prisión.
Además, las enmiendas también establecen la misma sanción para quienes hagan uso de los medios de comunicación digital y tradicional, «para reproducir mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por los grupos criminales», que provoquen pánico en la población salvadoreña.
«Con estas reformas se le está diciendo a los pandilleros que no pueden mandar audios o cadenas de textos para generar miedo en la población. No permitiremos que se infundan temor», indicó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
Del mismo modo, la segunda normativa que se reformó con 64 votos, fue la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, con el fin de declarar ilegales todos «los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada», que transmitan mensajes relacionados las diferentes estructuras criminales.
Del mismo modo, la segunda normativa que se reformó con 64 votos, fue la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, con el fin de declarar ilegales todos «los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada», que transmitan mensajes relacionados las diferentes estructuras criminales.
Según los parlamentarios, esta homologación de normativas, permitirá que las reformas hechas al Código Penal, en el sentido de sancionar con hasta diez años de cárcel a quienes se dediquen a dibujar grafitis, entre otros mensajes visuales referentes a las pandillas, sean fortalecidas.
Un ciclista fue trasladado de emergencia a un hospital la mañana de este jueves, luego de ser atropellado por un microbús del transporte colectivo en Santa Ana.
El accidente se registró en las cercanías de la ex escuela Guatemala, sobre la calle Aldea San Antonio, según informaron las autoridades que atendieron la emergencia.
Testigos señalaron que el ciclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada, circulaba por la zona cuando fue embestido por una unidad de la ruta 5.
Al lugar también se presentaron elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), quienes colaboraron con la regulación del tráfico y brindaron apoyo para garantizar la seguridad en el área. Las autoridades investigan las causas del incidente.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, afirmó que El Salvador está abierto a compartir su experiencia en materia de seguridad pública con gobiernos e instituciones internacionales que estén interesados en conocer el modelo que ha permitido al país salir de la lista de las naciones más violentas del mundo.
En una entrevista concedida a la revista francesa Le Grand Continent, Ulloa aclaró que el objetivo no es exportar el modelo salvadoreño, sino explicar su funcionamiento a quienes lo soliciten. “No estamos interesados en exportar nuestro modelo. Lo que sí estamos es abiertos para compartir nuestra experiencia con los gobiernos o instituciones que nos lo pidan”, manifestó el vicemandatario.
Durante la entrevista, Ulloa reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, a quien explicó los detalles del Plan Control Territorial (PCT), la política de seguridad implementada desde junio de 2019 por el presidente Nayib Bukele. Como parte de ese acercamiento, se compartió documentación oficial sobre el desarrollo y resultados del plan.
El PCT consta de siete fases, de las cuales seis ya han sido ejecutadas, e incluye acciones tanto de prevención como de represión del delito. En marzo de 2022, el plan fue reforzado con la implementación del régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 86,900 presuntos pandilleros, según datos del Ejecutivo.
Ulloa subrayó el contraste entre la situación actual y la que vivía el país en 2015, cuando El Salvador registraba más de 30 homicidios diarios. “Después de ser el país más violento del mundo, ahora es el más seguro del hemisferio occidental”, afirmó.
El vicepresidente también aseguró que El Salvador registra actualmente una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, por debajo de países como Canadá, cuya tasa es de 2.5, lo que posicionaría al país como el más seguro de América.
Según Ulloa, el éxito del modelo salvadoreño ha despertado el interés de otras naciones. Recientemente, representantes de Ecuador y de cuerpos de seguridad locales de Perú han visitado El Salvador para conocer de cerca la estrategia implementada por el Gobierno salvadoreño.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
