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50 kilogramos de cocaína transportados en tres vehículos tenían como destino Guatemala
Guatemala era el destino de los 50 kilogramos de cocaína incautados el 11 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fiscalía General de la República (FGR) a cuatro hombres cuando circulaban en el kilómetro 20 y medio de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.
Los imputados son: Ronald Alberto Portillo Casero, Israel Guevara García, Enrique Armando Landaverde Parada y Deren Albeyro Varela González, quienes ayer fueron acusados ante el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán por el delito de tráfico ilícito.
La investigación detalla que Portillo fue detenido en un control policial cuando iba a bordo del vehículo P-833-565, mientras que Guevara García conducía el P-909-225. Estos imputados transportaban 35 kilos de cocaína, informó la Fiscalía.
El reporte indica que un tercer automotor, en el que se conducía Landaverde Parada y Varela González, se dio a la fuga, pero la Policía logró interceptarlo en el kilómetro 17 y medio de la carretera de Oro, jurisdicción de Ciudad Delgado. A ellos les decomisaron 15 kilos del referido narcótico.
El ministerio público reveló que la droga está valuada en $1,250,000.00.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que posterior a este primer «golpe» realizaron otro operativo en el que incautaron otros 13 kilogramos de cocaína valuada en $333,820. Los procedimientos se realizaron en la colonia Miralvalle de San Salvador y la residencial Megápoli de San Miguel.
«Esta estructura se dedicaba al tráfico ilícito de drogas en la región El Salvador y Guatemala. Es un andamiaje logístico que va desde los vehículos hasta la preparación para encaletar y ocultar la droga en su paso por las diferentes fronteras del país», dijo Villatoro.
Las autoridades también incautaron dos armas de fuego, tres vehículos, así como otros objetos que utilizaban para su accionar delincuencial.
Los datos de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía dan cuenta que en lo que va del año han decomisado 2,138 kilogramos de diferentes tipos de drogas valuada en el mercado en más de $42 millones. La sección policial además registra alrededor de 1,555 capturas por delitos relativos a las drogas.
«El narcotráfico no está muy lejos del homicidio sabemos la vinculación cercana que tiene el negocio de la droga con otro tipo de delito especialmente con el homicidio», enfatizó el titular de Seguridad.
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, concordó con Villatoro al aseverar que «este tipo de operaciones disminuye de manera directa la comisión de homicidios».
Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el decomiso era resultado del Plan Control Territorial a través del trabajo conjunto con las diferentes instituciones.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
