Judicial
20 pandilleros de la 18 que operaban en el Mercado Tinetti pasan a instrucción con detención acusados de múltiples delitos
El juzgado 10° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para 20 miembros activos de la Pandilla 18 Revolucionarios que según testigos operaba y controlaba en la zona del Mercado Tinetti y sus alrededores.
Los imputados son: Miguel Ángel Pozo, de 32 años de edad; José Luis Flores Cortez, de 21; Carlos David Aranda, de 29; Fabio Marcelo Garcilazo Herrera, de 22; César Alexis Carrillo Hernández, de 18; Margarita Antonia Rodríguez, de 62; Josué Eliseo Fuentes Velasco, de 19; David Esteban Guerra Guerra, de 19; Roberto Antonio Enríquez Peña, de 19; Jesús Alicia Sánchez Pinzón, de 24; Elmer Enrique Morales López. de 32: Rina de Jesús Mena Cortez, de 36; Kevin Estelin Gómez, de 29; Adela Vásquez de Pozo, de 60; Marlene Esperanza Cuéllar de Urrutia, de 34; Kevin Haldair Carrillo Hernández, de 23; Elizabeth Bonilla Estrada, de 53; todos por acusados por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de circulación y amenazas con agravación especial en perjuicio de cinco víctimas con régimen de protección.
Asimismo Oscar Adonay Cruz Fuentes, de 32 años y Angélica María López, de 32, a quienes además se les imputa el delito de Homicidio en perjuicio de Eugenia Marcela Ávila Castillo.
Según la relación circunstancial de los hechos presentados en requerimiento, por la Fiscalía todos los acusados han sido identificados por más de cinco víctimas con régimen de protección quienes han manifestado que junto a su familia tuvieron que desalojar sus viviendas y sus negocios entregando las llaves a este grupo de pandilleros quienes les obligaron durante muchísimo tiempo a pagar la denominada renta hasta por $ 200 dólares a la semana, pero en noviembre del año 2015 empezaron a desalojar a la gente, amenazándole con matarlos si no cumplían con retirarse de la colonia.
Los ahora imputados “controlaban” con amenazas en la zona del Mercado Tinetti; Comunidad Tinetti, Avenida Peralta, 18 avenida Norte y la 20 calle Oriente. En repetidas ocasiones según las denuncias se presentaron en las casas de las víctimas con armas en mano para se fueran de su hogar con todos los miembros de su familia, sin tener éstas para dónde ir.
En una de estas ocasiones el 27 de noviembre del 2015 los pandilleros se presentaron en la cervecería Caribe, ubicada en calle Castillo del barrio Concepción de San Salvador, alrededor de las 8:00 p.m., mientras los demás pandilleros esperaban afuera con arma en mano haciendo vigilancia, Óscar Adonay Cruz Fuentes y Angélica María López ingresaron en el local buscando a alguien, se cruzaron entre todos los clientes hasta llegar a una habitación, donde María López sacó un arma de su delantal y se lo entrega a Adonay Fuentes quien le reclamó a una mujer por no desalojar el lugar y le descargó cuatro disparos, posteriormente le regresó el arma a María y se echan a correr todos en diferente dirección. Los presentes en el lugar reconocieron a la víctima como Eugenia Marcela Ávila Castillo, ysegún informe de Medicina Legal murió por las graves lesiones en sus órganos causados por los cuatro disparos en el tórax.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
