Judicial
20 pandilleros de la 18 que operaban en el Mercado Tinetti pasan a instrucción con detención acusados de múltiples delitos
El juzgado 10° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para 20 miembros activos de la Pandilla 18 Revolucionarios que según testigos operaba y controlaba en la zona del Mercado Tinetti y sus alrededores.
Los imputados son: Miguel Ángel Pozo, de 32 años de edad; José Luis Flores Cortez, de 21; Carlos David Aranda, de 29; Fabio Marcelo Garcilazo Herrera, de 22; César Alexis Carrillo Hernández, de 18; Margarita Antonia Rodríguez, de 62; Josué Eliseo Fuentes Velasco, de 19; David Esteban Guerra Guerra, de 19; Roberto Antonio Enríquez Peña, de 19; Jesús Alicia Sánchez Pinzón, de 24; Elmer Enrique Morales López. de 32: Rina de Jesús Mena Cortez, de 36; Kevin Estelin Gómez, de 29; Adela Vásquez de Pozo, de 60; Marlene Esperanza Cuéllar de Urrutia, de 34; Kevin Haldair Carrillo Hernández, de 23; Elizabeth Bonilla Estrada, de 53; todos por acusados por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de circulación y amenazas con agravación especial en perjuicio de cinco víctimas con régimen de protección.
Asimismo Oscar Adonay Cruz Fuentes, de 32 años y Angélica María López, de 32, a quienes además se les imputa el delito de Homicidio en perjuicio de Eugenia Marcela Ávila Castillo.
Según la relación circunstancial de los hechos presentados en requerimiento, por la Fiscalía todos los acusados han sido identificados por más de cinco víctimas con régimen de protección quienes han manifestado que junto a su familia tuvieron que desalojar sus viviendas y sus negocios entregando las llaves a este grupo de pandilleros quienes les obligaron durante muchísimo tiempo a pagar la denominada renta hasta por $ 200 dólares a la semana, pero en noviembre del año 2015 empezaron a desalojar a la gente, amenazándole con matarlos si no cumplían con retirarse de la colonia.
Los ahora imputados “controlaban” con amenazas en la zona del Mercado Tinetti; Comunidad Tinetti, Avenida Peralta, 18 avenida Norte y la 20 calle Oriente. En repetidas ocasiones según las denuncias se presentaron en las casas de las víctimas con armas en mano para se fueran de su hogar con todos los miembros de su familia, sin tener éstas para dónde ir.
En una de estas ocasiones el 27 de noviembre del 2015 los pandilleros se presentaron en la cervecería Caribe, ubicada en calle Castillo del barrio Concepción de San Salvador, alrededor de las 8:00 p.m., mientras los demás pandilleros esperaban afuera con arma en mano haciendo vigilancia, Óscar Adonay Cruz Fuentes y Angélica María López ingresaron en el local buscando a alguien, se cruzaron entre todos los clientes hasta llegar a una habitación, donde María López sacó un arma de su delantal y se lo entrega a Adonay Fuentes quien le reclamó a una mujer por no desalojar el lugar y le descargó cuatro disparos, posteriormente le regresó el arma a María y se echan a correr todos en diferente dirección. Los presentes en el lugar reconocieron a la víctima como Eugenia Marcela Ávila Castillo, ysegún informe de Medicina Legal murió por las graves lesiones en sus órganos causados por los cuatro disparos en el tórax.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
