Internacionales
VIDEO: Taxista arrolla a un grupo de seguidores de México en Moscú
Un hombre que conducía un taxi ha arrollado a un grupo de personas en una zona próxima a la plaza Roja de Moscú. Según fuentes policiales, ocho peatones han resultado heridos, dos de ellos aficionadas de México que asistían a la Copa del Mundo de fútbol.
De acuerdo con el rotativo ‘Komsomólskaya Pravda’, el conductor se llama Anarbek Uulu, tiene 28 años y es originario de Kirguizistán, una exrepública soviética de mayoría musulmana en Asia Central. Fuentes médicas rusas han informado que ocho personas han sido hospitalizadas, siete de ellas en estado satisfactorio y una de ellas de gravedad. Tras detenerse el vehículo, el conductor salió del coche, intentó darse a la fuga, y fue perseguido por varios viandantes antes de ser finalmente aprehendido.
En un vídeo del incidente, se puede apreciar cómo el vehículo abandona de súbito el atasco de tráfico en la que se hallaba. El conductor da un brusco giro de volante, acelera, abandona la calzada y se sube a la acera. El taxi golpea a varios viandantes y a alguno de ellos incluso lo acarrea sobre el capó durante unos metros hasta que finalmente el coche se estrella con una señal. También se distingue al conductor vistiendo pantalón y camisa negra y huyendo de sus perseguidores.
La autoridad de tráfico en Moscú sostiene que el taxista se hallaba en estado de embriaguez. Sin embargo, un testigo consultado por la agencia Reuters lo ha negado rotundamente: «No, no estaba borracho», ha insistido.
Atajar los rumores
El Ministerio del Interior ruso ha salido al paso raudo para atajar cualquier especulación sobre un atentado que pudiese empañar la imagen del país durante la celebración del Mundial de fútbol. «La causa preliminar del accidente es la pérdida de control del vehículo; el chófer ha sido detenido y trasladado a las dependencias policiales», ha informado el Gobierno. La policía ha iniciado una investigación criminal «por violación del código de tráfico», sin hacer mención alguna a un posible acto de terrorismo.
Nada más concerse la noticia, se llevó a cabo un aparatoso despliegue policial en la zona, que fue de inmediato acordonada. Varias fotografías que circulan por internet muestran media docena de vehículos policiales y dos ambulancias aparcados junto al lugar de los hechos. También se difundieron imágenes del vehículo, un Honda Solaris de color amarillo, con el parachoques desprendido.
El Departamento de Estado de EEUU había actualizado este viernes sus recomendaciones de viaje a Rusia y había advertido que grupos terroristas estaban preparando atentados durante la celebración del torneo mundial de fútbol. «Los terroristas pueden atacar, mediando poca o ninguna advertencia, contra lugares turísticos, centros de transporte y comerciales», reza la declaración.
En Moscú, la capital, además de un visible dispositivo policial que patrulla las estaciones de metro y los lugares concurridos durante estos días, también se han instalado bolardos en las bocas y los pasos subterráneos para evitar atropellos masivos como el que sucedió en Barcelona hace casi un año.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
