Internacionales
Una nueva mafia toma las calles de Lima a bordo de camionetas
Los vendedores ambulantes en La Victoria son tantos que si los juntáramos a todos, entrarían sentados en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute: un total de 35.000. Hasta ayer, día 90 de la cuarentena, la mayoría de ellos ocupaba de manera rotativa las calles cargando kilos de mercadería por vender. Primero, fueron desplazados fuera de Gamarra y se movilizaron hacia el jirón Parinacochas. De Parinacochas pasaron a las avenidas México y Grau. De ahí caminaron hacia Luna Pizarro y Sebastián Barranca. El viernes 12 de junio, se planteó que fueran trasladados al parque zonal Huayna Cápac, pero hasta hoy no se define ninguna alternativa concreta para todos en conjunto.Una mafia sobre ruedas en La Victoria
Días atrás, el 26 de mayo, una videocámara de seguridad situada en el cruce de los jirones Luna Pizarro y Raimondi captó algo inusual entre el numeroso grupo de comerciantes minoristas.
Varias camionetas permanecían estacionadas a ambos lados de la vía, todas ellas con la cabina interior repleta de mercadería.
De un momento a otro, los comerciantes apostados en el lugar empezaron a correr cargando sus bultos al escuchar las sirenas de un vehículo de fiscalización que se acercaba. Detrás de ellos, estas camionetas también arrancaron a toda velocidad. En el siguiente video se observa con detalle.Las ‘camionetas ambulantes’ de La Victoria: una nueva modalidad de comercio informal.
En general, ningún alcalde de La Victoria ha podido erradicar la informalidad en las calles del distrito. El alcalde anterior, Elías Cuba, estuvo en la cárcel investigado por sus vínculos con una mafia de cobro de cupos en Gamarra, que se hacía rica alquilando la vía pública. El actual alcalde, George Forsyth, solo liberó el gran emporio comercial de los informales, pero todos ellos se mudaron a los alrededores. Ahora la informalidad alcanza el 50% de la economía en todo el distrito, de acuerdo con la propia comuna. Nada ha cambiado. Ni siquiera con la pandemia. Pero esta nueva modalidad empeora la situación. Nuestra búsqueda comienza en el jirón Bausate y Meza.
Aquí, un efectivo del Ejército busca mascarillas de tela. Son las 2 p.m. Las galerías están cerradas por orden del Ejecutivo. Un hombre vestido de blanco abre la maletera de su moderna camioneta, estacionada en la vía pública, y le ofrece el tapabocas. También le ofrece hilo, tela, ganchos, mamelucos, casacas, trajes anti-COVID-19, chalecos y caretas de plástico para evitar un contagio. La cabina de su vehículo es como un bazar sobre ruedas. Nos acercamos a la camioneta. Un sujeto pregunta: “¿Qué estás grabando?”, y nos persigue hasta perdernos de vista. A la vez, se encarga de alertar a otros vendedores sobre nuestra presencia. Este hombre vigila que las ‘camionetas ambulantes’ tengan la vía libre y sirve de ‘campana’ por si viene la policía.
Nos percatamos que no se trata solo de una pequeña flota de camionetas, sino toda una red de informales móviles muy organizada para evadir los controles municipales y policiales. Su estrategia es hábil: repletan estos amplios vehículos de mercadería y dan vueltas en caravana, para venderla desde las 8 a.m. hasta la noche. Si vienen los policías o los agentes de fiscalización, cierran las maleteras y evitan el decomiso porque la mercadería ya está fuera de su alcance. Se mueven una cuadra más adelante, y hacen lo mismo. Y así en todo el distrito. Siempre tienen vigilantes cerca, como el que amenazó a nuestro equipo.
Estas decenas de camionetas generan tanto tráfico, que por un efecto en cadena generan que los buses y paraderos de más adelante acumulen una gran cantidad de pasajeros sin distanciamiento, arriesgándolos a un contagio.
El resultado: miles de clientes aglomerados en plena emergencia, respirando uno junto al otro sin ningún distanciamiento. Desde el aire, un dron nos permite ver qué calles dominan. En 24 horas, se pudo contar a unas 280 camionetas desde el aire y en la calle, divididas en grupos de cuatro para pasar desapercibidas.
“Son camionetas 4 x 4 de alta gama. Ellos contratan a extranjeros para hacerse cargo de las ventas sin protocolos de higiene. Si tanta necesidad tienen, ¿por qué no venden sus camionetas y dejan de repartir el virus por toda la ciudad?”, dice el alcalde de La Victoria, George Forsyth. El problema de la aglomeración que ocasionan no se concentra solo en el lugar donde operan. Estos vehículos generan tanto tráfico al detenerse a los lados de la vía que, por un efecto en cadena, hacen que en los paraderos ubicados más adelante se aglomeren los pasajeros sin distanciamiento, con lo cual se arriesgan a un contagio. A su vez, al afectar la frecuencia de las unidades de transporte público, los buses se llenan de usuarios.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
