El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.

«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.

El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».

Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.

García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.

Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.

La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.

El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.

«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».

Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.

De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.

También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.

Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.

Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».

«Ya no son 81 los municipios declarados en desastre, ahora son 90 municipios declarados en desastre y 19 municipios declarados en emergencia municipal», explicó Calvimontes en conferencia de prensa, al precisar que la cifra de familias afectadas se elevó también a 368.707.

De acuerdo con las autoridades bolivianas, las regiones más afectadas son La Paz (oeste), Santa Cruz (este), Cochabamba (centro), donde las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura.

«De los 50 fallecidos registrados hasta ahora, 18 pertenecen a Cochabamba, el segundo departamento más golpeado, después de La Paz», aseveró el viceministro de Defensa.

En Santa Cruz, siete municipios fueron declarados en desastre, particularmente en zonas productivas y el Norte Integrado. Se prevé una evaluación aérea para definir medidas de intervención, indicó.

En La Paz suman 44 municipios declarados en desastre, mientras que la infraestructura urbana también ha sufrido daños significativos, especialmente en Bajo Llojeta y la zona sur de la ciudad.

Ante la amenaza de nuevos desbordes, el viceministro alertó que 29 municipios están en riesgo inminente de inundaciones.

Para mitigar el impacto, el Gobierno desplegó maquinaria pesada para dragar ríos y distribuir materiales de construcción que permitan reforzar muros de contención.

Por su parte, el estatal Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta roja por el incremento progresivo y repentino del nivel de los ríos en siete de los nueve departamentos del país, la cual estará vigente hasta el 5 de abril.