Internacionales
Un hombre ha sido encarcelado tres veces por compartir nombre con un buscado delincuente
Muchas personas comparten el mismo nombre con otras y generalmente eso no sería un problema, pero sí lo ha sido para un hombre colombiano que ha sido detenido tres veces por llamarse igual que un famoso delincuente.
De acuerdo con el medio colombiano Noticias Caracol, René Martínez Gutiérrez, de 46 años, ha tenido la desgracia de ser encarcelado tres veces en los últimos 13 años por tener el mismo nombre que el líder de un buscado cártel de la droga.
Martinez tiene el gran problema de compartir el mismo nombre con un narcotraficante peruano con varias órdenes de detención nacionales e internacionales, y por este motivo ha sido detenido varias ocasiones en más de una década.
La última vez que fue detenido por ese motivo, ocurrió a principios de este mes, cuando René regresó a su país natal, Colombia, para ver a su padre enfermo. Fue detenido en cuanto su avión tocó tierra en Bogotá y desde entonces ha sido retenido en la cárcel.
“No le dieron la oportunidad el sábado que llegó en la madrugada de arribar a Colombia, en el avión le pidieron la cédula… entró la Interpol y detuvo a mi hermano”, reveló la hermana de René a Noticias Caracol.
René Martínez Gutiérrez fue llevado a la estación de Policía Los Mártires, donde se enteró de que su padre falleció. La Fiscalía informó que espera que se formalice la solicitud de extradición por parte del Gobierno de Perú, el cual se encargará de establecer si esta persona es la que siguen buscando.
La primera vez que Gutiérrez tuvo problemas con la justicia a causa de su nombre fue en 2010, cuando acudió a la comisaría local de Bogotá (Colombia) para solicitar sus antecedentes judiciales con el fin de abrir su propio negocio. Al comprobar sus antecedentes, la policía descubrió que René Martínez Gutiérrez tenía una orden de detención internacional emitida por Perú, por lo que estuvo detenido durante ocho días.
Un año después, René Martínez Gutiérrez fue llamado de nuevo a una comisaría de Bogotá en calidad de testigo, después de que robaran en su lugar de trabajo. Sólo debía prestar declaración sobre lo sucedido, pero cuando la policía comprobó su nombre en la base de datos, volvió a confundirlo con el buscado narcotraficante peruano. Esta vez, pasó dos meses en la tristemente célebre cárcel colombiana de La Picota hasta que las autoridades peruanas confirmaron finalmente que no era el hombre que buscaban.
Tras estos dos incidentes, Gutiérrez decidió emigrar a Estados Unidos, por lo que él y su familia se trasladaron allí en 2012. Sus problemas con la ley parecían haber quedado atrás, pero a principios de 2023, René se enteró de que su anciano padre estaba muy enfermo, así que decidió volar a casa para verlo y terminó detenido nuevamente.
Una vez más, él y su familia están a la espera de que las autoridades peruanas formulen la solicitud de extradición y confirmen una vez más que no es el hombre que buscan.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
