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Sacerdote gasta miles de dólares del dinero parroquial en juegos móviles
El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.
En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una «cantidad astronómica de transacciones» en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.
Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.
En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.
Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse «decepcionado» por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.
Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.
Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en «ciertos gastos» suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.
De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber «cometido ese error» y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
