Internacionales
Propietario de sitio porno forzó a 100 mujeres a filmar videos explícitos y mintió al asegurarles que no se verían en línea
El propietario del sitio web GirlsDoPorn, con sede en San Diego, obligó a unas 100 mujeres jóvenes a filmar videos explícitos que publicó en línea después de asegurarles que las imágenes no se compartirían, según el Departamento de Justicia.
Matthew Isaac Wolfe, de 40 años, de Nueva Zelanda, se declaró culpable el martes de tráfico sexual por la fuerza, fraude y coerción, así como de conspiración para cometer tráfico sexual por la fuerza, lo que puede resultar en cadena perpetua.
IN PURSUIT WITH JOHN WALSH CO-OWNER OF https://t.co/9eq32jb1nk MICHAEL JAMES PRATT 40 IS FUGITIVE🇳🇿PRODUCING CHILD PORN 16YR OLD GIRL LIED2BY CO-DEFENDANTS CO-OWNER MATT WOLFE ACTOR RUBEN GARCIA ASSISTANTS VALORIE MOSER+AMBERLYN NORED POSED AS MODELING JOB https://t.co/HJkIZocta7
— Nazareno Navegante (@Bodhi_Tha_God) July 26, 2022
“Este crimen tuvo un impacto devastador en las víctimas”, dijo el fiscal federal Randy Grossman en un comunicado el martes.
“Buscaremos justicia para las víctimas de la trata de personas con la esperanza de que les ayude a recuperar sus vidas y dejar el dolor de esta experiencia en el pasado”.
Wolfe admitió haber coaccionado a “modelos” de entre 18 y 23 años para que hicieran los videos, a quienes aseguró que no se compartirían en los Estados Unidos, sin embargo, los publicó en el sitio web GirlsDoPorn para que el público los vea.
También dijo que capacitó al camarógrafo y coacusado Theodore Gyi sobre cómo filmar los videos, donde incluía una lección sobre cómo decirles a las mujeres en los videos que no se publicarían en Internet.
Además de todo, Wolfe admitió que el copropietario de GirlsDoPorn, Michael James Pratt, de 39 años, a quien las autoridades aún están buscando, operaba un sitio web llamado pornwikileaks.com con información de identificación y cuentas de redes sociales de algunas mujeres que estaban siendo filmadas.
El sitio web se dedicó a “exponer” las verdaderas identidades de las mujeres que aparecían en esos videos sexuales, “causando que las víctimas fueran objeto de un acoso severo”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Wolfe, sin embargo, continuó asegurando a las mujeres que nadie descubriría sus identidades a pesar de saber acerca de pornwikileaks.com y su propósito.
Incluso después de que Wolfe se dio cuenta de esto, él y otros continuaron asegurando a los posibles modelos que nadie se enteraría de su filmación del video ni conocería su identidad.
Las mujeres ganaron anteriormente una batalla legal de $13 millones de dólares contra el sitio web GirlsDoPorn.
“Wolfe mintió y se aprovechó de mujeres jóvenes vulnerables, sometiéndolas a años de acoso implacable, miedo y angustia mental”, dijo Stacey Moy, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Diego, en un comunicado. “Identificar, investigar y detener a los delincuentes de tráfico sexual es una parte fundamental de nuestra misión. Continuaremos trabajando con nuestros socios todos los días para hacer que estos perpetradores rindan cuentas por sus crímenes”.
Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca al arresto de Pratt.
El fugitivo está acusado no solo de tráfico sexual por la fuerza, fraude y coerción, sino también de producción de pornografía infantil y tráfico sexual de un menor por la fuerza, fraude y coerción, según el Departamento de Justicia.
Pratt, quien también es nativo de Nueva Zelanda, está acusado de participar en una conspiración para reclutar mujeres jóvenes y niñas para participar en actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coerción. Supuestamente lo hizo diciéndoles a las mujeres y niñas que les pagarían entre $3,000 y $5,000 dólares por la filmación de un video pornográfico de un día.
Sin embargo, en algunos casos, Pratt y sus asistentes supuestamente encerraron a las mujeres en habitaciones hasta que se filmaron los videos explícitos y obligaron a algunas mujeres a cometer actos sexuales que inicialmente se negaron a hacer, según el FBI.
Pratt supuestamente obtuvo $17 millones de dólares de sus esquemas de tráfico sexual.
El hombre de 39 años tiene vínculos o puede visitar Nueva Zelanda, Australia, Italia, España, Portugal, Turquía, Singapur, Japón, Chile, Croacia y Francia, según el FBI.
“Creemos que es probable que todavía esté victimizando a otras. Y es por eso que creemos que es importante sacarlo de la calle”, dijo el agente especial William McNamara de la Oficina de Campo de San Diego del FBI en un comunicado de octubre de 2021, y agregó que los funcionarios creen que las personas están “ayudando” al fugitivo.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
